Quién es Jeremías Cantero, el dirigente del PO que investigan si extorsionó a través de planes sociales
Se trata de un referente del Partido Obrero y un ex empleado administrativo del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Alberto Fernández. La Justicia investiga si extorsionó a beneficiarios de planes sociales para que asistan a sus manifestaciones.
Jeremías Cantero, dirigente del Partido Obrero investigado por extorsionar a beneficiarios de planes sociales. |
Cedoc
Jeremías Cantero quedó este martes 14 de mayo en la mira de la Justicia, que lo allanó y secuestró su celular por pedido del fiscal Gerardo Pollicita. El dirigente del Partido Obrero está sospechado por posible extorsión con los planes sociales desde su tarea como administrativo en el Ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Alberto Fernández. Hasta el momento está imputado pero no procesado, y a la espera de los resultados que arrojen los peritajes de los teléfonos, el juez Sebastián Casanello deberá resolver si lo cita a una declaración indagatoria o no.
Esto se dio en el marco de una denuncia anónima que recibió el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich cuando habilitó una línea 134 para precisamente recibir acusaciones como esta. El gobierno montó una postura bien combativa contra los sectores de izquierda, piqueteros y de organizaciones sociales porque los viene acusando públicamente de extorsionar a beneficiarios de planes sociales para que concurran a sus protestas.
Fue en ese contexto en el que se recibió una denuncia anónima, que luego fue presentada por el Ministerio en la Justicia, y el fiscal Pollicita pidió detener a una serie de dirigentes, entre los cuales está Cantero. Sin embargo, el magistrado Casanello rechazó esa solicitud porque consideraba que se necesitaban pruebas más sólidas para que luego la causa no retrocediera luego. Pollicita apeló y fue la Cámara Federal la que accedió a realizar unos 30 allanamientos y analizar, por ejemplo, los celulares de los imputados. Si se encuentra evidencia suficiente, Cantero podría ser citado a indagatoria y hasta procesado.
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Hasta el momento, lo que se conoció es que Cantero fue entre el 1 de marzo del 2020 y el 1 de abril del 2024 en el nivel E, cumpliendo funciones de apoyo administrativo en la entonces secretaria de Economía del Ministerio de Desarrollo Social, quien estaba en el área encargado de suscribir los convenios con las respectivas Unidades de Gestión por los subsidios y/o créditos que les eran otorgados a aquellas por el Estado Nacional.
La polémica que se le aqueja es que además de su rol en el Estado, también era uno de los referentes del Partido Obrero, crítico no sólo del gobierno de Milei sino también del kirchnerista, pero que negociaba cuestiones sensibles para los sectores más vulnerables como los planes sociales, uno de los motivos principales de reclamo de parte de estos sectores en los últimos gobiernos.
Canteros es militante del Polo Obrero y comenzó a serlo en los barrios de la Capital Federal en 2010. Su militancia tuvo un fuerte impulso con la lucha por "juicio y castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra", una causa que marcó fuertemente a muchos de su generación, según contaron desde su entorno.
De joven, trabajo en diversos oficios en forma precaria. Pronto se volcó a la organización de los barrios más rezagados de la Ciudad de Buenos Aires. También colaboró fuertemente con la organización del movimiento piquetero en el barrio de Soldati, en las "luchas contra el hambre bajo el gobierno de Macri".
"El respeto de sus compañeros y compañeras llevó a que fuera elegido como parte de la mesa nacional del Polo Obrero en el Congreso realizado en Punta Lara en el año 2019", detallaron desde el PO a PERFIL.
Desde allí, participó en todas las grandes movilizaciones bajo el gobierno de Fernández, primero organizando los comedores y la lucha contra el hambre bajo la pandemia y luego por la defensa de todos los reclamos barriales. Entre la militancia de los barrios de la capital, Canteros es "conocido y respetado", precisaron a este medio.
El dirigente trabajó para el Ministerio de Desarrollo Social como administrativo, hasta que fue despedido con la llegada de Milei al poder.
"El allanamiento le sacó los ahorros que tenían él y su compañera, cuya devolución reclama al Estado. A pesar de las presiones del gobierno, Jeremías mantiene la convicción de seguir luchando por los reclamos de los barrios más empobrecidos de la capital, golpeados por el ajuste y la represión de Milei y Jorge Macri", manifestaron desde su espacio.
La investigación desde entonces implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión. En total fueron 27, entre ellos del Partido Obrero así como dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.
Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda.
Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con “multas” para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas o la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.
La fiscalía también investiga si había “listas de espera” de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realizar trabajos.
Como prueba, la fiscalía aseguró que cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas, y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Los allanamientos fueron en varios comedores así como casas particulares luego de tareas de inteligencia en donde se los individualizó, y también incluyó varias horas de intervenciones telefónicas habilitadas por el juzgado.
