Tras los graves incidentes registrados durante la última marcha que cada miércoles realizan los jubilados frente al Congreso de la Nación, que contó con el apoyo de hinchas, barrabravas y otras organizaciones, la Justicia decidió liberar a 94 de los 124 detenidos por los efectivos de seguridad, luego de imputarlos por diversos delitos. La decisión se tomó luego de analizar la información disponible y considerar que se veían afectados derechos fundamentales de la Constitución, como el de protesta y la libertad de expresión.
Según había informado el Ministerio de Seguridad a través de un comunicado, "durante el operativo las Fuerzas Federales detuvieron a 21 hombres y 4 mujeres, mientras que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires aprehendió a 73 hombres y 26 mujeres". Durante la madrugada de este jueves, la gran mayoría de ellos recuperó la libertad por orden de la jueza Karina Andrade, del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas 15.
La magistrada tomó en cuenta la información proporcionada por la Defensoría Pública y consideró que las detenciones “afectan derechos constitucionales fundamentales, como el derecho a la protesta, la manifestación en democracia y la libertad de expresión”. Trascendió que algunas de las personas que permanecen bajo arresto contarían con antecedentes penales.
"En un contexto como el actual, donde sectores vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, se encuentran involucrados, el Poder Judicial debe atender estos derechos de manera especial", fundamentó en su decisión. "Sin perjuicio de no emitir opinión respecto de la aplicación del derecho de fondo, o a la investigación que podrá continuar la fiscalía, la complejidad de derechos en juego para informar y determinar la existencia de una conducta penal impide la aplicación del trámite de flagrancia", añadió.
Asimismo dispuso "la inmediata soltura de los detenidos", ya que iba a reportarse una larga demora en las liberaciones porque la unidad de flagrancia pretendía realizar un operativo de salud con médico legista con cada uno de los aprehendidos.
La Agencia Noticias Argentinas comunicó que las 94 personas primero quedaron imputadas por diferentes delitos, como atentado, resistencia, lesiones y daños, antes de ser liberados.
El dictamen contrasta con las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había afirmado durante un reportaje televisivo que "los más de cien detenidos enfrentan penas de hasta 20 años de prisión" gracias a la "nueva ley antimafia" que fue promulgada hace tres días tras la aprobación en el Congreso.
Heridos tras los incidentes en el Congreso
La cartera que conduce la ministra Bullrich detalló que en medio del operativo 26 efectivos de las Fuerzas de Seguridad y de la Policía de la Ciudad resultaron heridos y fueron trasladados a los hospitales Churruca y Argerich. "Uno de ellos fue sometido a una cirugía luego de sufrir una herida con arma de fuego", indica el escrito difundido mediante la cuenta oficial del Ministerio en la red social X.
"En cuanto a los manifestantes, el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) informó que hubo 20 heridos, algunos de los cuales fueron trasladados a los hospitales Argerich y Ramos Mejía, incluyendo a uno en grave estado", añadieron.
Este último es Pablo Grillo, el fotógrafo independiente oriundo de Lanús que debió ser intervenido de urgencia tras haber recibido el impacto de una lata de gas lacrimógeno en su cabeza, lo que le produjo una fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica. Según se conoció a través de su último parte médico, el profesional de 35 años "salió de cirugía y permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado y crítico".
Además, se registró el caso de una jubilada de 87 años que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, con sangrado, luego de un forcejeo con un oficial frente al edificio legislativo. Por otro lado, fuentes oficiales señalaron que un policía de la Ciudad fue herido de bala en la zona del hombro, pero se informó que fue intervenido quirúrgicamente y está fuera de peligro.
FP/fl
