Una mega investigación penal llevada a cabo por la jueza federal María Eugenia Capuchetti avanzó esta semana al procesamiento de un hombre que durante años se hizo pasar como hijo de desaparecidos de la dictadura para cobrar una reparación económica.
El autor de la estafa al Estado se llama Adrián Martínez Moreira, un misionero de 35 años, señalado por haber sido el organizador de una asociación ilícita destinada a cometer múltiples delitos. Junto a él, también procesó a otros integrantes de la banda.
De acuerdo al procesamiento de 563 carillas al que accedió PERFIL, la Justicia le imputó responsabilidad en delitos como falso testimonio, falsa denuncia, uso de documento público y privado falso y ese mismo delito en concurso ideal con el de fraude a la administración pública en grado de tentativa y todos ellos en concurso real entre sí.
Son en total 62 hechos los que la jueza le imputó en el acto de procesamiento: llegó a falsificar pruebas, a cambiar el nombre de declaraciones testimoniales y firmas, entre otras cuestiones.
Martínez Moreira junto a Omar Ramón Enrique García (78), Leticia Concepción Gaete (41), Susana Graciela Feldman (60) y Nicole Carolina Garrido Piris (49) "habrían formado parte de una organización criminal dedicada, entre otras conductas ilícitas, a efectuar solicitudes fraudulentas ante el Estado Argentino para el cobro de los beneficios para víctimas y familiares de la última dictadura cívico militar que se encontraban contemplados en las leyes de reparación", según la Justicia.
Los procesamientos, sin prisión preventiva, también contienen un embargo sobre los bienes de Martínez Moreira que alcanza los 200 millones de pesos. También embargó por $150 millones a García; por $125 millones a Gaete, Feldman y Garrido Piris.
La trama de mentiras y falsas historias
El procesamiento arranca con esa breve descripción del objeto procesal e inmediatamente deja a la vista que se trata de un expediente conformado a partir de un conjunto de causas judiciales.
La Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa en agosto del 2021 tras reunir información sobre las maniobras fraudulentas en detrimento de la Dirección de Gestión de Políticas Reparatorias de la oficina encabezada por Horacio Pietragalla Corti y de las víctimas que tienen interés legítimo y genuino en el cobro de la compensación económica.
La resolución contiene una detallada narración de cada uno de los hechos endilgados a los representantes de la organización criminal en detrimento de diferentes víctimas.
Allí consta como Martínez Moreira inventó una historia en la que se posicionó como supuesto hijo de desaparecidos de la dictadura militar en Paraguay y, en el marco de esa coartada, también fraguó su fecha real de nacimiento. "La fecha de nacimiento también es un tema divergente. Él dice haber nacido el 15/12/1986 mientras que sus familiares y la documentación que consta refiere que fue el 28/04/1993", dice la resolución.
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Con su nombre (o nombres) ocurre algo similar: si bien en los documentos oficiales aparece inscripto como Ovidio Martínez, se hacía llamar Adrián Martínez Moreira o Matías Ezequiel López. Este último sería su nombre real, el que consta en documentos escolares de cuando era niño.
Las pericias psicológicas
Sobre Martínez Moreira, también se citan una serie de peritajes psicológicos que fueron claves para reconstruir su perfil. Entre otros, en un informe pericial de julio de 2021 incorporado a la causa, la coordinadora del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico de la Justicia Nacional, Mónica Herrán, determinó que el sindicado líder de la asociación ilícita no mostró "desajustes de índole psicótica" pero mostró "tendencia al manejo disociado y por momentos omnipotente de la realidad".
Tendencia a la actuación, marcada tendencia a la manipulación, tendencia a la simulación y el ocultamiento y enmascaramiento de contenidos son algunos de los puntos que marcó la profesional en su pericia psicológica sobre Martínez Moreira.
En su declaración, el procesado dijo que en 1988 Héctor Jorge López (quien cumplía funciones en el batallón 601 de inteligencia del Ejército Argentino) y su esposa lo apropiaron junto a su hermana. Un informe de la Unidad Especializada en casa de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado citado en la resolución sostiene que no hay registros de antecedentes de López como represor.
La Secretaría de Derechos Humanos quiere llevarlo a juicio.
AS CP
