Durante el mes de julio, dos referentes ATE, uno de los gremios que representan a los empleados públicos, de carácter combativo, pisaron la Casa Rosada. Y se llevaron una impresión: que existe un freno de mano por parte del Gobierno para el recorte de personal, pese a las promesas que realizó el oficialismo.
Tal como pudo reconstruir PERFIL, el 16 de julio por la tarde, Daniel “el Tano” Catalano, el máximo exponente de la seccional Capital Federal del sindicato, estuvo en Balcarce 50 para tener un cara a cara con Guillermo Francos, el jefe de Gabinete. Y quince días más tarde, el 31 de julio, Rodolfo Aguiar, el secretario general nacional del gremio, también estuvo con el ministro coordinador.
Los dos dirigentes sindicales plantearon cuestionamientos en torno a la mecánica de despidos que ejecutó el oficialismo a lo largo del año. También, aparecieron propuestas, como la posibilidad de conformar mesas de discusión, en diferentes áreas y carteras, para reincorporar al personal que “ilegitimamente”, según ATE, perdió su fuente de empleo y que las negociaciones paritarias terminen con aumentos salariales por encima de la inflación.
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Francos escuchó y brindó miradas. Hubo coincidencias, de acuerdo con uno de los dirigentes sindicales, en que el Estado no puede continuar funcionando desprendiéndose de trabajadores y que las conversaciones deben continuar. De hecho, el plan motosierra contra el empleo público ya tuvo una pausa: de los 15 mil despidos que se ejecutaron al 30 de marzo, se pasaron a 4.500 al 30 de junio según el monitoreo que tiene ATE gracias a información de distintos delegados en todo el país.
Incluso, en UPCN, el otro sindicato que nuclea a los trabajadores estatales, aseguran que 1.500 personas dejaron de estar bajo dependencia del Estado a fines del mes pasado ya que existieron muchas reincorporaciones a último momento. Del lado del oficialismo, en cambio, afirman que 5 mil son los trabajadores que abandonaron su puesto, pero no dan precisiones sobre en qué áreas ni tampoco ofrecen información sobre los motivos que llevaron a echar gente, a pesar de que se prometió “prolijidad”, como indicaron cerca del Presidente en mayo, sobre la problemática.
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Es más: en Balcarce 50 ya reconocen que no van a llegar a despedir a 70 mil empleados a fin de año, como prometió Javier Milei en varios de sus discursos. “Quizás se alcance el objetivo en 2025”, sostienen en la Casa Rosada, con un agregado: que se puede inflar el número de despidos gracias a la eliminación de organismos públicos que está en manos de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Sobre el tema, un estrecho colaborador del Presidente mencionó que la dotación de personal que posee el Estado nacional es similar a la que tienen los países de la región. Un cambio de discurso en relación con junio, en el que se hablaba de “barrida” y “limpieza” en el empleo público.
De todos modos, pese a la sintonía y los puntos de acuerdo, en ATE prometen continuar con la pelea contra el Gobierno y aseveran que el freno de mano ante los despidos fue producto de las múltiples protestas que realizaron. “Eso sin lugar a dudas produjo un desgaste”, le dijo a este medio Aguiar. Por lo pronto, confirmaron que el 7 de agosto habrá un paro nacional y una marcha a Plaza de Mayo en conmemoración por San Cayetano en conjunto con la CGT y las CTA.
