POLITICA
INTELIGENCIA

Presión opositora para que el Congreso analice el DNU que otorgó más fondos a la SIDE

Legisladores del radicalismo y de Hacemos Coalición Federal le piden al oficialismo que convoque a la comisión bicameral que evalúa los decretos presidenciales, en el medio de la polémica por los fondos reservados para el área de inteligencia.

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La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. | NA

En una nota dirigida al titular de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el libertario Juan Carlos Pagotto, los legisladores de la oposición Francisco Monti (UCR), Nicolás Massot (HCF) y Carlos "Camau" Espínola (Unidad Federal) reclamaron la convocatoria a una próxima reunión de la comisión para analizar los decretos presidenciales que todavía no pasaron por el Congreso, tal como lo dispone la Constitución Nacional. 

"Solicitamos con carácter de urgente que se convoque la comisión, bajo apercibimiento de autoconvocarnos a los efectos de dar tratamiento con los decretos pendientes", señala la nota que ya ingresó a la comisión que encabeza el riojano. 

De acuerdo a la cronología planteada por los opositores, la comisión no se reúne desde el 25 de abril de este año, cuando se había asumido un compromiso de reuniones semanales en el marco de las discusiones sobre la validez del decreto 70/2023 que tuvo el rechazo del Senado pero que no fue tratado en Diputados, con lo cual sigue vigente. 

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20240730 Tuit del diputado Francisco Monti
Tuit del diputado Francisco Monti

En diálogo con PERFIL, el diputado Monti, que integra la comisión en cuestión, señaló que "había un plan de trabajo que ha naufragado cuando su titular decidió dejar de convocarla, buscamos volver a tener algún nivel de normalidad" y aclaró la voluntad de tratar todos los decretos pendientes, más allá de que "para algunos legisladores y bloques hay algún interés particular de tratar algún decreto".

En ese sentido, el legislador catamarqueño sostuvo que "no hay decretos de primera y de segunda, lo que está bien, bien, lo que esté mal, mal". 

El DNU que está en el centro de la discusión es el decreto 656/2024 publicado el pasado 23 de julio en el Boletín Oficial en el que se dispone el otorgamiento a la SIDE de fondos reservados por 100 mil millones de pesos. De acuerdo a la postura de la oposición, cualquier decisión sobre gastos reservados y también los vinculados al área de inteligencia deben pasar por el Congreso, algo que no sucedió en este caso y por eso se amplían los reclamos. 

El rechazo al DNU 70/2023

"La seguridad jurídica de la Argentina excede la capacidad de producir normas que nos liberen del yugo populista, también deben cumplirse todos los pasos legales y constitucionales para que toda reforma normativa sea consistente y solvente. No existe excusa alguna para eludir el funcionamiento recto de las instituciones", indica Monti en redes sociales. 

La discusión se ubica además dentro de una polémica aún más amplia entre el oficialismo y la oposición por el reparto de lugares pendientes precisamente en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que entre sus competencias tiene  "supervisar y controlar los 'Gastos Reservados' que fueren asignados a los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional. A tales fines podrá realizar cualquier acto que se relacione con su competencia". 

La comisión por ahora no tiene presidente y aún restan tres de los ocho lugares que corresponden al Senado. En simultáneo, hay malestar en Diputados porque no hay lugares reservados para Hacemos Coalición Federal, un espacio que brindó fundamental respaldo a la Ley de Bases y que parece ahora no ser retribuido por los libertarios. 

El comunicado de la UCR sobre los fondos a la SIDE

"Desde el Bloque de Diputados Nacionales de la UCR hacemos un fuerte cuestionamiento a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de asignar, vía DNU, 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)", señalaron.

En esa línea, afirmaron: "Por decreto conformaron una nueva SIDE, y la primera decisión que tomó el Ejecutivo al respecto fue dotarla de 100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que “no hay plata”, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados. Y lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos".

"Según establece nuestra Constitución, esa asignación presupuestaria debe realizarla el Congreso Nacional, sobre todo teniendo en cuenta que de ninguna manera se da una situación de excepcionalidad como para hacerlo vía DNU", añadió el comunicado.

En este marco, "exigimos que de manera urgente tanto el DNU de reorganización del organismo de inteligencia como el de aumento presupuestario sean  tratados en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al mismo tiempo que reclamamos la urgente conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia".

"Todo lo referido a la inteligencia es sumamente sensible para la democracia y por lo tanto requiere de un debate profundo, serio y transparente. Hacer un aumento de semejante magnitud y por la vía de DNU no hace más que sumar incertidumbre y sospechas sobre el uso de los fondos públicos. 
La transparencia y la rendición de cuentas, y es un elemento fundamental para el fortalecimiento de la democracia y de las instituciones. Por lo tanto vemos con mucha preocupación que desde el Gobierno se busque evadir esos controles", concluyeron.
 

 

Gi