La designación por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia continúa sumando cuestionamientos. Mediante una acción judicial, un grupo de organizaciones no gubernamentales solicitó que se anule el nombramiento de los magistrados “de manera urgente” y que se declare la inconstitucionalidad del decreto de Javier Milei que “pone en peligro la independencia judicial”.
La Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentaron este martes una acción de amparo contra el Estado para declarar la inconstitucionalidad del decreto mediante el cual Javier Milei designó al juez de Comodoro Py y al abogado en comisión.
La Corte Suprema de Justicia rechazó otorgarle licencia a Ariel Lijo
De acuerdo al escrito, las cuatro organizaciones solicitaron que se declare la inconstitucionalidad del decreto 137/2025 publicado el pasado 26 de febrero y se deje sin efecto la designación de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin la debida observancia de los mecanismos constitucionales correspondientes.
Lijo y Gracía Mansilla fueron designados a través de la publicación del decreto 137/2025 de acuerdo al artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, que establece que el Presidente puede designar jueces a los cargos vacantes de la Corte cuando el Congreso esté en receso y por el plazo de un período legislativo.
Un día después de la firma del decreto, la Corte le tomó juramento a García-Mansilla y, esta mañana, rechazó el pedido de licencia de Lijo, lo que complica su designación al tribunal. Fue luego de que el juez advirtiera que no renunciará a su actual cargo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº4, a la espera de que el Senado apruebe su pliego.
En este sentido, las ONGs pidieron que se conceda una medida cautelar con el fin de que se suspenda la toma de juramento de Ariel Lijo y se aparte a Manuel José García-Mansilla, “de todas las causas que ingresen a partir de su juramento y de todas aquellas que a esa fecha se hallaban pendientes de resolución”.
Sobre las justificaciones que presenta el decreto 137/2025, las ONGs señalaron que el Presidente hizo un “uso abusivo e irrazonable y una incorrecta interpretación de las facultades establecidas en el artículo 99” de la Carta Magna y remarcaron que el Senado no estuvo inhabilitado, ya que sesionó en las sesiones extraordinarias.
Entre sus argumentos, las organizaciones plantearon en la demanda que el decreto presidencial no acreditó una situación excepcional que impidiera el procedimiento regular para el nombramiento de jueces al máximo tribunal y que la designación en comisión “jamás puede utilizarse para sortear la falta de consenso democrático”.
El límite para el derecho penal es la Constitución
Luego de que Gobierno argumentara que la designación por decreto se utilizó para completar las vacantes, las asociaciones también destacaron que “no sería la primera vez que la Corte Suprema operaría con menos integrantes. En el mes de febrero, con solo 3 miembros, el tribunal dictó 802 fallos.
Para finalizar, advirtieron que “con su accionar, el Poder Ejecutivo puso en grave riesgo la independencia judicial. Al eludir la mayoría de dos tercios que se requiere del Senado, los designados pasan a ser vistos como funcionarios del Presidente”.
El nuevo amparo presiona al juez Ramos Padilla para que anule los nombramientos de Lijo y García-Mansilla
El pedido que busca dejar sin efecto el nombramiento de los jueces en la Corte Suprema fue presentado en la Cámara Federal de La Plata y asignado al juez federal Alejo Ramos Padilla, quien ya interviene en amparos similares.
Como antecedente, en 2015 rechazó las designaciones por decreto de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en el Alto Tribunal que hizo Mauricio Macri.
El cuarto amparo se suma a los pedidos de Asociación Civil Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), del Observatorio de Derechos a la Ciudad y de un particular que se encuentran a cargo del magistrado de La Plata y lo presiona para tomar una decisión.
Luego de recibir los tres escritos, Ramos Padilla abrió una causa, notificó a los involucrados y decidió darle tres días hábiles al Poder Ejecutivo para que opine sobre la cautelar y 10 para que se pronuncie sobre el reclamo. Tras el rechazo de la Corte a la licencia de Lijo, se espera que el juez federal decida sobre su jura Lijo y el ejercicio de García Mansilla como flamante juez.
TV/ML
