Con la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo publicó el decreto 780/2024, que modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública. El texto redefinió el concepto de "información pública" y también incluyó nuevos requisitos para solicitar datos al Estado. Además, estableció que las autoridades no están obligadas a responder pedidos vinculados con la "esfera típicamente doméstica" de los funcionarios.
En julio, el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, había manifestado que se debían rechazar todos los pedidos de acceso a la información sobre la cantidad de perros que viven con Javier Milei en la Quinta de Olivos. El argumento fue la "privacidad" del Presidente. Ahora, el Gobierno oficializó esa posición con el nuevo decreto, pero fue más allá y estableció límites que alertaron a las organizaciones que trabajan en defensa de la libertad de expresión.
Fuentes de Casa Rosada confirmaron a PERFIL que el dictamen de Barra fue el puntapié para este decreto. “Su resolución falló en concreto sobre un pedido de acceso a la información pública y luego se lo trasladó a esta modificación normativa”, explicaron. Además, explicaron que la iniciativa surgió en las reuniones de los equipos de los diferentes ministerios, que se quejaban por la inmensa cantidad de solicitudes y la falta de personal para poder responder a tiempo.
Desde el Gobierno insistieron en que el objetivo es darle “racionalidad” al sistema y se quejaron por las preguntas “tontas”. “El sentido es acotar lo que se entiende como información pública. Hay cuestiones lógicas, como el desempeño de los funcionarios o su patrimonio, pero que yo tenga un perro o dos gatos, que me guste la pizza o las empanadas, no. Te pueden multar o denunciar por no cumplir los plazos y tenés que estar corriendo por un sinsentido”, agregaron.
Más allá del supuesto sentido común con el que el oficialismo defiende el decreto, el decreto instaló interrogantes que ya habían sido saldados con la sanción de la Ley de Acceso a la Información Pública y que el Gobierno desconoce: ¿son los funcionarios los dueños de la información pública?, ¿pueden decidir ellos, según su criterio, cuándo un dato es de interés para la ciudadanía?
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Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, calificó al decreto como “escandaloso”, y Luis Villanueva, docente y especialista en políticas de integridad y anticorrupción, aseguró que la norma significa “una regresión en términos de derechos porque la reglamentación de una ley nunca puede contradecir su espíritu, y esto es lo que sucede acá”.
Los especialistas alertaron, en primer lugar, sobre el artículo 3 del decreto, que establece que “no se entenderá como información pública aquella que contenga datos de naturaleza privada” y que “las deliberaciones preparatorias y papeles de trabajo, o el examen preliminar de un asunto, no serán considerados documentos con carácter público”.
“Esto deja fuera de la definición de ‘definición pública’, por ejemplo, a las reuniones. No solo son públicos los encuentros, sino también los temas que se conversaron”, sostuvo Busaniche. Además, aseguró que es “gravísimo” que los papeles de trabajo no sean considerados documentos públicos.
Los “papeles de trabajo” son, de manera sintética, las anotaciones que hacen los equipos técnicos mientras trabajan sobre un determinado proyecto, resolución o política pública. “No solamente es público el documento final, sino también los fundamentos sobre los que se trabajó para poder realizar un acto jurídico”, explicó Villanueva.
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“Desde que asumió este Gobierno se escucha que hay estudios jurídicos detrás de los proyectos y normas que se elaboran fuera de los ámbitos propios del Estado. En Argentina y en cualquier lugar del mundo los gobiernos tienen equipos técnicos que hacen anotaciones que se cargan en expedientes administrativos y todo eso es público”, agregó el experto.
En Casa Rosada minimizaron este punto. Aseguraron que “aquello que sea de interés va a seguir siendo público” y negaron que la modificación implique un obstáculo al acceso: “Hay que pensarlo así: ahora se está trabajando en una reformulación del régimen laboral. Vos no me podés pedir cuáles son los borradores de la reforma laboral porque se estaría filtrando una información que no está definida y que es parte de un proceso de trabajo y también porque los datos pueden quedar viejos dos días después”. Según Busaniche y Villanueva este es, de mínima, un error conceptual.
El otro gran tema que generó alertas entre las organizaciones de la sociedad civil fue el de la privacidad de los funcionarios. “Esto es mucho más que la cláusula de los perros. Por ejemplo, para cualquier ciudadano la salud es un tema de su esfera privada, pero la salud de un Presidente es información pública”, explicó Busaniche.
En la misma línea, el decreto amplía el carácter reservado que pueda tener la información y fija más cantidad de requisitos para quien la solicita, como la obligatoriedad de informar su nombre, su domicilio y su CUIT.
A partir de este decreto, además, la Agencia de Acceso a la Información Pública —un organismo autárquico y autónomo en la órbita de Jefatura de Gabinete— tendrá una función que va mucho más allá que la de velar y resguardar los datos. La norma estableció que el organismo tendrá en consideración, a los efectos de la elaboración de estadísticas, aquellas solicitudes reiterativas que generen un dispendio innecesario de actividad administrativa por parte de los sujetos obligados, o que configuren un abuso en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública por parte de los solicitantes”.
“Es intimidatorio. La agencia va a definir en qué momento estás haciendo abuso del derecho, una figura tipificada en el Código Civil. Es una amenaza al periodismo y a las asociaciones de la sociedad civil”, se quejó Busaniche.
Presentaciones judiciales y reclamos políticos
Hay organizaciones de la sociedad civil que ya trabajan en presentaciones judiciales contra el decreto. Pero la norma también generó repercusión a nivel político. La diputada radical Karina Banfi, impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública, pretende llevar el tema al recinto el miércoles 4, cuando Guillermo Francos se presente a dar su primer informe de gestión.
“El gobierno ha decidido gobernar por decreto y este decreto es inconstitucional”, aseguró a PERFIL y agregó: “El Congreso es el que debe regular un derecho humano, como es la información, consagrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana”.
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Según Banfi, el Gobierno está desconociendo una noción básica sobre quiénes son los dueños de la información. “Con el caso ‘Claude Reyes vs. Chile’, de 2006, cambió el paradigma. Los dueños de la información son los ciudadanos que, con sus impuestos, sostienen a los funcionarios públicos para que produzcan datos, acciones, eventos o políticas. La tarea del funcionario es tutelar esos datos y entregarlos cuando son solicitados. Nuestra ley, además, se basa en el principio in dubio pro petitor, que quiere decir que, ante la duda, la información debe ser entregada”, explicó la diputada.
Banfi reclamó que la Agencia de Acceso a la Información Pública no se haya pronunciado en contra del dictamen de Barra. Además, rechazó el argumento de las preguntas “tontas” y aseguró que el Estado tiene todos los mecanismos para pedir prórrogas, responder con fragmentos tachados —cuando la solicitud requiere datos que no pueden ser revelados— y que, en última instancia, la Justicia es quien debe resolver las controversias.
cp
