Mientras el Gobierno continúa reponiéndose de la primera derrota en Comodoro Py en la causa por el reparto de alimentos a comedores, el expediente que apunta a Sandra Pettovello por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público sigue su marcha y con creces.
La causa ya volvió a la fiscalía para que continúe con la investigación sobre el fondo de la cuestión. Ese tramo principal es independiente del de la entrega de alimentos, cuyo plan ordenado por el juez Sebastián Casanello fue consignado cerca del vencimiento del plazo por Yamila Nano Lembo, quien reemplazó a Pablo De la Torre en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Capital Humano. En la respuesta sólo se consigna que las cinco mil toneladas de comidas se repartirán en escuelas vulnerables sin más detalles.
Fuentes judiciales aseguraron a PERFIL que por ahora, se están evaluando medidas de prueba en el marco de la acusación de Juan Grabois contra Pettovello. A través de sus abogados particulares José María Figuerero y Carlos Fontán Balestra, la ministra de Capital Humano pidió su sobreseimiento en la causa.
La investigación ahora se enfoca no solo en determinar si la cesantía en la entrega de alimentos incurrió en el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, hecho endilgado por Grabois en su acusación; sino ver también si hubo malversación de caudales públicos, puesto que la ley de emergencia alimentaria, así como también resoluciones ministeriales y otros convenios internacionales a los que suscribe Argentina como marco normativo, dispone que los alimentos deben ser destinados a personas en situación de vulnerabilidad, pero no queda claro, porque en un momento Capital Humano dijo que era para situaciones de catástrofe. “Si se cambia el destino original de un bien del Estado y se asigna a otro, hay una malversación”, sostuvo una fuente con acceso al expediente.
Otra de las cosas que busca determinar en la continuidad de la causa es el grado del o los posibles delitos, si fue tentativa, continuado o consumado, así como también cuál podría ser el rol de Pettovello (y otros) en todo esto, ya sea como autora, coautora, partícipe necesario o secundario. Por ahora la Justicia está analizando remitos y documentación luego de que tras un procedimiento ordenado por Casanello no se encontraron alimentos que fueron declarados como vencidos y el faltante de comestibles era mayor del que fue notificado.
Por ahora Pettovello se prepara para encarar el aluvión de delaciones que se presentaron en Comodoro Py luego que Leila Gianni, Secretaria Legal de Capital Humano denunciara a principio de semana al exfuncionario, Pablo De la Torre, por supuestas irregularidades en las contrataciones de personal con la Organización de Estados Iberoamericanos.
A raíz de ese expediente que empezó a tener movimiento, se generaron otras denuncias contra De la Torre y Pettovello, en alguna de ellas como la del caso de Alejandro Díaz Pascual, miembro de la asociación civil “Arco Social” se amplió su acusación contra la ministra y el exfuncionario por asociación ilícita, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos públicos, dicha denuncia recayó en el juzgado de Sebastián Ramos.
Por su parte el abogado Leonardo Martínez Herrero formalizó dos denuncias, una contra Pablo De la Torre y otros, de quienes sostiene incurrieron en los delitos de malversación de caudales, cohecho activo y pasivo, administración fraudulenta y asociación ilícita; y otra contra la propia Pettovello por incumplimiento de deberes de funcionario público por el escándalo de las contrataciones a través de la OEI. La primera por sorteo en el juzgado que encabeza Ariel Lijo y la segunda en el de Daniel Rafecas, quien por el momento, continúa analizándola. El legislador porteño Gabriel Solano también sumó una denuncia contra la ministra por defraudación, abuso de autoridad, cohecho y malversación de caudales públicos.
Hay más, Christian Sánz también presentó un escrito contra la ministra y otras ocho personas por extorsión. “Ha quedado en evidencia una verdadera asociación ilícita que ha generado de manera ficticia un entramado de pago de sobresueldos y contrataciones irregulares para generar fondos espurios y ser utilizados como caja negra”, sostiene la denuncia sobre los contratos con la Organización de Estados Iberoamericanos.
Tanto la primera denuncia de Martínez Herrero como la de Solano, fueron delegadas al Fiscal Ramiro González quien solicitará que se acumulen puesto que tienen el mismo objeto procesal.
Precisamente el Fiscal González fue quien abrió la causa penal por las contrataciones de Capital Humano con la Organización de Estados Iberoamericanos denunciada por Gianni, quien hasta el momento no consignó la documentación requerida.
Gonzalez reclamó a Capital Humano “con carácter de urgente” toda la documentación que la vincula con la OIE: copia certificada del Convenio Marco suscripto entre ambos, las actas complementarias suscritas desde el 10 de diciembre del año pasado a la fecha. En esa línea también pidió las solicitudes de contrataciones efectuadas por la Secretaria de la Niñez y Familia; los datos personales de los consultores que fueron contratados y la lista de funcionarios y empleados que estuvieron bajo la órbita de Pablo De la Torre.
Finalmente, el fiscal convocó a declarar en calidad de testigo al Subsecretario de Gestión Administrativa de la Secretaría de la Niñez Adolescencia y Familia, Alejandro Schiavi para el próximo jueves 13 de junio, un día antes deberá hacer lo propio Ariel Romano, representante legal de Capital Humano quien junto a Leila Gianni firmó la denuncia por las irregularidades.
El Gobierno apunta a la gestión anterior
La ministra de Capital Humano Sandra Pettovello apuntó judicialmente contra su antecesora en tribunales, Victoria Tolosa Paz a quien acusa por supuestas irregularidades, sobreprecios y mala calidad de yerba mate adquirida mediante una licitación en noviembre de 2023.
Se trata de uno de los últimos trámites que hizo la funcionaria durante su gestión como ministra de Desarrollo Humano en el gobierno de Alberto Fernández, donde se desembolsaron 18 mil millones de pesos para la adjudicación de 17 millones de kilos de yerba que, de acuerdo a la denuncia, contienen cristales de oxicilato de calcio, contaminantes de alta peligrosidad para el consumo humano.
La denuncia presentada por la Subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni, no solo señala que se eludieron controles de salubridad, sino que la yerba tampoco fue sometida a varios procesos establecidos por la Anmat para su consumo como zarandeo, trituración y molienda. Para que el producto sea apto, tiene que contener no menos de 65% de hojas disecadas y no más del 35% del palo grosero y finamente triturado.
La denuncia busca avanzar también sobre una compra que se habría realizado a la empresa Yerbatera Misiones, cuyo dueño, Pedro Puerta, es diputado provincial de esa provincia. Se cree que la firma compró importantes cantidades de “poleo molido” para abaratar los costos de producción de la yerba.
El expediente radicado en los tribunales de Comodoro Py por “Suministro infiel de sustancias medicinales, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público” quedó a cargo del juzgado federal 6 que subroga Daniel Rafeca, quien trabaja con el Fiscal Gerardo Pollicita.
