POLITICA
nueva decisión judicial

“Pepín” Rodríguez Simón, un paso más cerca de su regreso a Argentina

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Compinches. El expresidente Mauricio Macri con su asesor. | cedoc

Se allana el camino en la Justicia para la vuelta a la Argentina del ex asesor de Mauricio Macri, Fabian “Pepin” Rodriguez Simón. La Cámara Federal de Casación declaró como inadmisibles los planteos de los abogados de Fabián De Sousa y Cristobal López en la causa donde está imputado por supuestas extorsiones a ambos empresarios.

De Sousa y López buscaron que el máximo tribunal penal del país revirtiera la decisión de la jueza Maria Romilda Servini quien luego de un pedido de eximición de prisión de la defensa de Rodríguez Simón avaló que pueda regresar al país sin riesgo de ser detenido mediante el pago de una caución de 3.120.000.000 de pesos.

Los abogados de los empresarios presentaron sendos recursos extraordinarios ante la sala III de Casación donde se opusieron al fallo de los camaristas Martín Irurzun, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi quienes refrendaron lo dispuesto por Servini.

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A los pedidos de los titulares de Oil Combustibles, se sumó el del fiscal ante Casación, Javier De Luca quien sostuvo los recursos de sus pares de las instancias inferiores, José Luis Agüero Iturbe y Guillermo Marijuán. En su momento Marijuán se mostró en contra de que se le concediera el beneficio por entender que evadió la justicia.

En el fallo, el camarista Carlos Mahiques sostuvo que ni los denunciantes así como tampoco la fiscalía “ han cumplido con los recaudos para la interposición del recurso extraordinario federal” y tampoco “logró caracterizar la existencia de cuestión federal suficiente que autorice la habilitación de la vía extraordinaria”.

Por su parte, el juez Juan Carlos Gemignani adhirió al voto de su colega y desestimó que la decisión haya sido arbitraria “por cuanto en atención al carácter restrictivo de la admisión de la aludida doctrina, para que prospere la impugnación con ese respaldo es menester que se demuestren defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido”.

En esa línea, Gemignani, agregó que ni los letrados ni el fiscal “han basado su impugnación en la reedición de agravios que han tenido adecuada respuesta y que consisten en juicios discrepantes con el criterio adoptado”, finalmente Diego Barroetaveña coincidió con el criterio de sus pares y por unanimidad determinaron los recursos como inadmisibles.

Fabián Rodríguez Simón se encuentra en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020. La jueza Servini lo declaró en rebeldía en mayo de 2021, tras desoír diversas citaciones a indagatoria. El ex director de YPF, manifestó no confiar en la Justicia argentina. En consecuencia, la magistrada emitió su orden de captura internacional.

Meses antes de que la jueza  Servini lo declarara en rebeldía, “Pepín” había buscado obtener el estatus de refugiado en el país vecino al manifestar que era un perseguido político de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández. En un primer intento, el trámite fue rechazado en varias instancias e incluso en la Suprema Corte del Uruguay que lo declaró inadmisible.

Rodríguez Simón supo aprovechar el momento judicial de Cristina Fernandez de Kirchner quien, luego del pedido de condena del Fiscal Diego Luciani de 12 años de prisión en el juicio por la obra pública, 24 horas después y a través de un video que difundió a través de sus redes sociales cosa que aprovechó para formular un nuevo pedido a la CORE invocando esos hechos.

Con la asunción de Javier Milei en la Presidencia, “Pepín” se jugó una nueva carta, pidió la eximición de prisión en la causa donde está imputado, es decir, volver a la Argentina para presentarse ante la justicia sin riesgo de quedar detenido.

La jueza Servini avaló el planteo y levantó la orden de captura, no sin antes fijarle una fianza de 3.120.000.000 de pesos y ademas le fijo un régimen de presentación durante los primeros cinco días hábiles de cada mes y pedir autorización para salir del domicilio que fije por más de 24 horas, además de entregar su pasaporte y prohibirle la salida del país.