"Esto empezó por una denuncia que hicimos nosotros, y ahora Marijuan la dio vuelta", lamentó una alta fuente del gobierno de Alberto Fernández a PERFIL, referido al fiscal que ahora acusa a la gestión de anterior de incrementar irregularmente las pensiones por discapacidad.
El trabajo que sigue Guillermo Marijuan para muchos del kirchnerismo tiene un tinte político: es que el mismo fiscal recordado por buscar sin éxito con máquinas excavadoras durante varias jornadas una presunta fortuna vinculada a Néstor y Cristina Kirchner ahora decidió analizar desde el 2003, es decir, desde el principio de esas gestiones, las políticas aplicadas en materia de pensiones por discapacidad.
No obstante, el hallazgo es polémico: según Marijuan, de 70 mil pensiones en 2003 pasaron a haber 1.300.000 en la actualidad, algo que, en sintonía con lo que piensa el gobierno nacional, entiende que debe revisarse por supuestas irregularidades. Previa a esta denuncia, el propio jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, había advertido de un análisis preliminar de 3000 pensiones, en donde el 80% "no deberían haber sido entregadas".
Según el funcionario judicial, hay una serie de provincias que concentran 50% de estas prestaciones directas que hace el Estado y en los últimos cuatro años de gestión de Unión por la Patria (UP) se habrían hecho desaparecer requisitos médicos y autorizado a recibirlas solo por estar en “situación de vulnerabilidad económica”.
“Las últimas 300.000 pensiones se dieron en el gobierno anterior, desde 2020 en adelante. Se dictaron una serie de decretos que son los que están cuestionados, que llevaron a iniciar el trámite sin certificado médico; y equipararon la incapacidad física de una persona, una invalidez, a estar imposibilitado por la vulnerabilidad económica. Hicieron desaparecer el requisito médico para hacer aparecer una situación de vulnerabilidad económica, una persona que estaría ‘incapacitada’ por no tener recursos para trabajar ni para vivir”, indicó Marijuan en declaraciones a Radio La Red.
Ante esto, desde el albertismo desmintieron las acusaciones: "En 2019 había 1.023.000 pensiones, y al final de nuestro gobierno había 1.211.040. Es decir, aumentamos 200 mil. Entonces, primero que nada, los números son falsos". Asimismo, enfatizaron en que gran parte de las pensiones que entregaron respondían a una mala herencia de la gestión de Mauricio Macri.
"Macri había dejado 140 mil pensiones sin otorgar que correspondían otorgarse, las dejo paradas. El número se reduce enormemente con eso", argumentaron. Finalmente, aclararon que es cierto que las pensiones entregadas en total fueron cerca de 300 mil, pero que entre aquellos que fallecieron y esas pendientes del macrismo, consideran que lo que hace Marijuan es "un disparate".
Las acusaciones de Marijuan sobre la tramitación en las pensiones
Otra de las polémicas que respondieron fuentes de la gestión anterior a este medio fue respecto de los presuntos cambios en la tramitación de las pensiones, aludiendo a que hubo mejoras para agilizar trámites pero que nunca se dejó de necesitar una certificación médica para obtenerlas. "Nosotros hicimos normas para agilizar el trámite, se admitió que se inicie el trámite sin la certificación médica, pero la necesitaban para que fuera otorgada luego la pensión", indicaron.
Por otro lado, Marijuan apuntó a cierto beneficio político de algunos sectores y algunas provincias que concentraban este beneficio. Es que, según el fiscal, hay aproximadamente 550.000 pensiones, casi 50% del total vigentes, concentradas en Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes, La Rioja, Catamarca, Salta y Tucumán. "Es una administración fraudulenta. La denuncia tiene que ver con los funcionarios públicos y las normativas dictadas para permitir que esto sucediera", afirmó.
Ante esto, desde el albertismo detallaron a PERFIL que "en muchas provincias no querían que lo hiciéramos porque entendían que era una ventaja para el gobierno nacional, que ellos perdían políticamente la posibilidad de ser ellos quien entregaran las pensiones".
"En Jujuy dieron la orden que los médicos provinciales no certifiquen la invalidez, por ejemplo, y cuando vimos eso nosotros autorizamos a que los médicos viajaran al interior, certificaran y pudieran dar la pensión una vez que estuviera certificado", señalaron. Según funcionarios de la administración anterior, en Mendoza fue donde más pensiones se entregaron, "gobernada por un radical en aquel entonces".
"Lo que sí hicimos, cuando Macri dejó medicamentos gratis sólo a jubilados que no tenían casas, autos, y dejaban afuera a un montón de jubilados. Si tenías un auto con menos de 10 años de antigüedad, te quedabas sin medicamentos, y eso lo derogamos. Acá hicimos algo parecido, aliviarles los trámites para que pudieran cobrar sus pensiones", manifestaron.
Es una serie de medidas para ser más accesible el derecho a personas con discapacidades. Son pensiones que deben ser equiparables a una jubilación mínima encima. Nunca se trató de un privilegio para el peronismo. Intentan meter en la cabeza de la gente que el Estado no debe pagar esto", concluyeron.
Por último, para Marijuan "cada pensión tiene que tener un expediente que lo sustente, con un certificado médico expedido por una junta que revisa y explica por qué se llega a una discapacidad". "Se sabe que en la pandemia hubo una caída de las fuentes de trabajo, pero no puede el Estado otorgar estos beneficios que son de por vida. Había una connivencia entre políticos para llegar a la gente de manera salvadora, pero estaban destruyendo al Estado", cerró el fiscal.
JD / Gi
