En una auditoría realizada en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores se detectó “una actividad fraudulenta a gran escala”, con desvío de fondos estimados en 3.400 millones de dólares solamente durante el último año.
Así lo informó el vocero presidencial, Manuel Adorni, mientras que el trabajo de auditoría fue encabezado por el director ejecutivo de Andis, Diego Spagnuolo, y el ministro de Salud de la Nación, Mario Russo, y reveló que durante los gobiernos kirchneristas sucedidos entre los años 2003 y 2015, la cantidad de pensiones no contributivas por invalidez laboral pasó de 79 mil a 1.000.045.
En tanto, a diciembre de 2023 la cifra se ubicó en 1.222.000 beneficiarios, un número “estratosférico que no corresponde ni siquiera a un país que haya sufrido guerras militares ni catástrofes naturales”, indicó Adorni y, entre las irregularidades e incompatibilidades en el otorgamiento de pensiones, mencionó que “la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires tiene 683 empleados que reciben una pensión por invalidez”, de las cuales “el 65%, es decir, prácticamente dos de cada tres, fueron otorgadas en menos de treinta días”.
También hizo público el caso de la provincia de Chaco, donde una misma radiografía de hombro fue presentada como prueba en 150 pensiones por invalidez, mientras que en 2022 “un médico correntino de dudosa ética profesional adjuntó al certificado que presentó para la obtención de una pensión la radiografía de un perro”, material cuya copia el vocero compartió entre los periodistas presentes en la conferencia ya que en la imagen se puede ver la cola del perro.
“Este relevamiento descubrió una actividad fraudulenta a gran escala, donde se estima que solo en el último año se desviaron fondos por el equivalente a 3.400 millones de dólares, algo más de medio punto del producto. Del total de pensiones otorgadas hay 25 mil personas pensionadas que actualmente están trabajando”, indicó Adorni.
Además, dijo: “Hay 60 mil personas dentro de este universo que presentan incompatibilidad de requisitos, por ejemplo, tienen varios autos, varias propiedades, tienen propiedades fuera del país, embarcaciones y hasta se detectaron algunos con aviones privados. A cada persona que se le otorgó indebidamente una pensión por invalidez también se le otorgó el servicio de obra social Incluir Salud, que representó una transferencia promedio desde el gobierno de 1,5 millones de pesos por afiliado”.
“Es falso”. Fernando Galarraga, director ejecutivo de Andis durante la gestión de Alberto Fernández, rechazó la denuncia. “Es falso que nuestro gobierno incrementó la cantidad de pensiones un 1500 por ciento”, aseguró.
“El total de pensiones a 2019, cuando nos hicimos cargo era de 1.034.599. Nos retiramos en diciembre con un total de pensiones de 1.191.617 (...) Es falso también que se otorgó una pensión con una radiografía de un perro como estudio. Cuando se detectó la irregularidad, el trámite se frenó” y se ordenó una investigación”, dijo.