El juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 7 obligó ayer a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a garantizar el “abastecimiento adecuado de alimentos” a los grupos vulnerables, en la causa iniciada por las demandas colectivas de organismos civiles y sociales patrocinados por el abogado y líder social Juan Grabois en favor de los comedores populares.
La decisión fue tomada por el juez federal Walter Lara Correa y destaca “la importancia de mantener las políticas públicas alimentarias vigentes para garantizar este derecho fundamental”, en el marco del amparo colectivo iniciado por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
La continuidad de esta política “no representa un privilegio para sus destinatarios/as”, por el contrario, son “una herramienta para el cumplimiento del principio de igualdad y de no discriminación, a fin de que la Administración Pública Nacional no incurra en responsabilidad internacional”, resolvió el magistrado.
Además, el fallo agrega que el gobierno nacional debe mantener actualizado el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (Renacom) y actuar rápidamente en el caso de las organizaciones que tienen convenios en trámite para acceder precisamente a las prestaciones alimentarias. En esa línea, pidió “depurar” esta lista, dando la razón a Pettovello en su denuncia sobre una serie de comedores que recibían alimentos pero que “no existían”.
Ante este pedido, se consideró que el Estado aplique “las pautas concretas que crea necesarias en el marco de su ‘sana discrecionalidad’ y de sus competencias específicas, exclusivas, propias y excluyentes” para depurar este registro.
En esa línea, le exigió al área que conduce Pettovello que presente informes mensuales sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas como el Plan Nacional Argentina Contra el Hambre, el Programa Alimentar Comunidad; el Programa Prestación Alimentar y el Programa Abordaje Comunitario PNUD ARG 20/004, a través de los cuales se busca garantizar el derecho a la alimentación.
El juez Lara Correa reconoció que el Poder Judicial no debe intervenir en decisiones “técnicas y operativas” del Poder Ejecutivo; pero en otro tramo del fallo se expresa que “el carácter de los proyectos sociales no deben ser discriminatorios y, por consiguiente, tienen que incluir todas las iniciativas posibles para apoyar los subsidios sociales encaminados a mitigar el posible aumento de las desigualdades e impedir que se vean afectados los derechos de las personas y los grupos desfavorecidos y marginados”.
“Javier Milei, Sandra Pettovello, cuéntenla como quieran, pero ya es el octavo juez que les falla en contra, estamos en una República y ahora la orden es clarita: entreguen los alimentos”, escribió Grabois sobre el fallo en las redes sociales.
