La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para potenciar la identificación de autores de todo tipo de delitos, en una sesión maratónica que prosiguió durante la noche.
La iniciativa, que obtuvo 146 votos positivos, 87 rechazos y 8 abstenciones, modifica la ley 26.879 del 2013 que creó el Registro Nacional de Delitos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual y que disponía la obtención de muestras genéticas de agresores sexuales.
Esta normativa se originó al calor de la conmoción que había generado la violación y el asesinato de la adolescente Ángeles Rawson en el barrio porteño de Palermo, pero es un registro que contiene únicamente los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena.
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Con esta modificación, se busca que el Registro Nacional de Datos Genéticos comprenda perfiles genéticos de autores de todo tipo de delitos.
Además ya no haría falta que el delincuente tenga una condena en su contra: con tan sólo la imputación penal de un adulto mayor de 18 años la Justicia puede requerir la muestra genética.
"En el caso de los menores de edad, sus perfiles genéticos solo podrán ser incorporados si fueron declarados penalmente responsables por la comisión de un delito", especifica el texto aprobado.
Tras la media sancíón, la Oficina del Presidente divulgó en las redes un comunicado para celebrar la aprobación del proyecto en Diputados, con fuertes críticas a los legisladores que votaron en contra.
Desde el Ejecutivo, señalaron que este proyecto de ley representa “avance revolucionario que cambiará para siempre la forma en la que se combate el delito en Argentina”.
Al respecto, el comunicado puso énfasis en que la iniciativa "posibilitará la comparación de huellas genéticas obtenidas en la escena del crimen con el perfil genético de imputados y condenados, agilizando así los procesos y garantizando que los culpables terminen tras las rejas”.
Teniendo en cuenta que el proyecto tiene por delante el tratamiento en la Cámara alta, la parte final del comunicado se trasladó al debate pendiente en el Senado, con fuertes críticas a la oposición.
“El Poder Ejecutivo y el pueblo argentino esperan la pronta aprobación del proyecto en la Honorable Cámara de Senadores, a la vez que repudian el voto negativo de los bloques que responden al kirchnerismo y la izquierda. Una vez más, quienes hace años se llenan la boca hablando de Derechos Humanos, defienden delincuentes y pretenden desamparar a las víctimas. Los años de impunidad y garantismo terminaron el 10 de diciembre”, cerró el comunicado.
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La diputada del macrismo Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que fue cabecera del debate en el plenario de comisiones, indicó que se incluirá que "ingresen los perfiles genéticos de los imputados por delitos, es decir de aquellos que hayan estado en la escena del crimen, que han dejado sus huellas genéticas y que pueden servir para la investigación criminal".
Un aspecto muy discutido, que incluso demandó un largo cuarto intermedio, se refería al ámbito donde iba a funcionar el Registro Nacional de Datos Genéticos.
Con demora, la cuestión se zanjó al fijar al Ministerio de Justicia, "o el organismo que en un futuro lo reemplace", como el ámbito de competencia.
Otro punto es que amplía el registro al incluir la huella genética (ADN de contacto), ya que antes el ADN solo se extraía a través de los fluidos, es decir, sangre, semen o saliva.
"Al modificar esta tecnología nos va a permitir incluir una mayor cantidad de perfiles genéticos", destacó Rodríguez Machado.
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"La provincia de Mendoza utiliza este sistema desde el 2016 y se logró el esclarecimiento de más de 4 mil casos penales con más de mil matches de huellas genéticas que se encontraron en el lugar del delito con perfiles genéticos que había en el banco de datos", resaltó.
Para la diputada del PRO, este proyecto "es uno de los más importantes en materia de investigación criminalística desde 1912, cuando Juan Vucetich incorporó la huella dactilar como sistema de identificación de las personas".
Por su parte, Mónica Frade, de la Coalición Cívica, planteó reparos con el proyecto del PRO y del oficialismo, especialmente con el hecho de habilita a requerir el perfil genético de cualquier persona imputada por un delito.
"Habla de imputados, y un imputado es una persona que goza del derecho a ser considerado inocente. Es un principio constitucional, todos gozamos del principio de inocencia y con esto se está violando el principio de inocencia", lamentó.
Por otra parte, cuestionó que se incluyan todo tipo de delitos, sin distinción.
"No hace distinción entre delitos dolosos y culposos, quiere decir que un accidente de tránsito cualquiera que concluya en un homicidio culposo va a quedar equiparado a un narcotraficante, la verdad que es increíble", recriminó.
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A su turno, el presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, explicó que esa bancada estaba a favor de ampliar los alcances del Registro Nacional de Datos Genéticos pero no para el total de delitos.
"Estamos a favor de la utilización del perfil genético digitalizado para avanzar en las tareas de investigación criminal. Lo que queremos es que ese registro tenga un universo de delitos incorporado acotado", explicó.
Precisó que los delitos que consideran que deben estar comprendidos en este régimen son los "dolosos contra la vida, la integridad sexual, la identidad y libertad de la personas o aquellos cuya pena máxima sea de 6 años o mayor o ante el caso de extravío de personas".
El legislador peronista advirtió que con el proyecto que pide el oficialismo la Justicia va a poder pedir datos genéticos de cualquier persona que, por ejemplo, esté imputada por una causa de presentación de avales para un partido político, o incluso podrá requerir lo mismo a los diputados que visitaron a represores, en caso de quedar imputados.
"Me parece que cuando hablamos en terceras personas y hacemos demagogia con estos temas no ayuda en lo más mínimo", remató Martínez.
Después de la aprobación de ese proyecto, la sesión proseguía con la discusión de cuestiones de privilegio, esencialidad educativa y presupuesto universitario, entre otros puntos.
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