La reactivación de la obra pública nacional, suspendida por el presidente Javier Milei, se convirtió en una de las piezas clave de las negociaciones que encara gobierno nacional tanto con los gobernadores como con el sector privado para dotarse de gobernabilidad. En medio de la expectativa, el secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Giovine, generó revuelo al anunciar que se reactivará apenas el 15% de los proyectos en curso de infraestructura estratégica, siendo solventados con recursos propios, mientras que el resto serán discontinuados o transferidos a las provincias.
"Estamos implementando una revisión estratégica de las obras en ejecución para optimizar recursos y concentrarnos en aquellas de mayor impacto y relevancia nacional", declaró Giovine, subrayando la necesidad de priorizar obras estratégicas para el desarrollo del país.
El funcionario de Milei eligió el escenario de la convención anual de la Cámara de la Construcción (Camarco) para dar detalle de los planes del gobierno respecto a la obra pública, un área vital para el desarrollo de la industria nacional debido a su impacto en el rubro de la construcción y el derrame en otras actividades.
Lo hizo en el mismo escenario en el que el presidente de la cámara, Gustavo Weiss, brindó un panorama desolador sobre la industria de la construcción, que enfrenta un escenario de caída de la actividad en un 37% interanual, la paralización total de la actividad y la caída de cien mil puestos de trabajo, entre otros.
Qué pasará con la obra pública
Ante la mirada de decenas de empresarios de la construcción, sindicalistas y miembros del arco político, Giovine enfatizó que solo un 15% de los proyectos continuarán financiados por el Tesoro Nacional, mientras que aproximadamente 2.000 obras enfrentarán discontinuidad, postergación o transferencia a las provincias.
En ese sentido, el funcionario -que sirve de sucesor del exministro Guillermo Ferraro, presentó una serie de datos que dieron cuenta de que, al momento del cambio de gobierno, más de 6.000 obras estaban en diversas etapas de ejecución. "El 40% de estas obras están prácticamente finalizadas, mientras que el resto está bajo contratos vigentes", explicó el funcionario.
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"Estos contratos sumaban poquito más de 2.700 obras en ejecución, neutralizadas o paralizadas. Hay obras en las que el Gobierno nacional no debe estar, son muy pequeñas, a municipios muy pequeños con baja capacidad de administración. El Estado nacional decidió apartarse de estas obras que son de jurisdicción municipal o provincial y enfocarse en obras estratégicas", explicó quien fuera miembro del gabinete del exgobernador cordobés Juan Schiaretti.
Según detalló Giovine, el plan del Gobierno respecto a la obra pública es el resultado de un proceso de consulta con gobernadores de todas las provincias, realizadas entre abril y junio, donde se identificaron y priorizaron obras esenciales.
"Hemos trabajado en estrecha colaboración con los gobiernos provinciales para seleccionar las obras que realmente impacten positivamente en las comunidades", aseguró Giovine.
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En términos específicos, se espera que 376 obras que habían sido paralizadas se reactiven de manera inmediata bajo el nuevo plan. Sin embargo, otras 924 serán discontinuadas, la mayoría dentro del programa Argentina Hace, que involucra proyectos de menor escala y mantenimiento local.
"Además, estamos reprogramando 347 obras que quedarán en espera hasta que se definan nuevos plazos y condiciones", añadió Giovine. "Otras 914 serán transferidas a las provincias según convenios ya establecidos con varios gobernadores", continuó.
Repercusiones sobre la obra pública
El enfoque selectivo y estratégico del gobierno respecto a la obra pública generó diversas reacciones en el sector empresarial. Más aún considerando la perplejidad que dominó el escenario desde que asumió Javier Milei, quien sostuvo en varias oportunidades que la obra pública para infraestructura es un "curro" y que el modelo a seguir es el de Chile.
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A esto sumó que, tras asumir el poder, Milei aplicara la "motosierra" para reducir los egresos públicos y decidiera suspender los proyectos de obra pública, abriendo un escenario de desplome para el sector de la construcción en medio de la recesión.
Entre las voces presentes en la convención de Camarco figura Jorge Macri. El jefe de Gobierno porteño, expresó preocupaciones sobre el impacto a largo plazo de las medidas anunciadas.
Por otro lado, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA, resaltó la importancia de la obra pública como motor económico y solicitó un diálogo continuo entre el gobierno y el sector privado.
"La obra pública no es gasto, es inversión en el futuro y en el bienestar de los ciudadanos", enfatizó Martínez. "Es crucial que haya un diálogo constructivo para abordar los desafíos estructurales del país".
CD / Gi
