El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que continuará vigente el decreto que limita el acceso a la información pública, más allá de la crítica de opositores y cercanos.
El Gobierno confirmó este viernes que no modificará la nueva normativa pese a que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había abierto la posibilidad -cuando fue al Congreso el miércoles- de introducirle cambios propuestos por los bloques aliados. Pesó más la postura del Santiago Caputo, que se resistía a dar marcha atrás, y la del propio presidente Javier Milei, que busca blindar los datos respecto a su vida privada.
Adorni descartó la posibilidad de un diálogo que había abierto Francos, aunque aclaró que no hubo tensiones. “Esto de las internas, peleas, discusiones entre funcionarios de alto rango, como Guillermo Francos, Santiago Caputo o cualquier persona cercana a Milei es falso. Nosotros siempre estamos dispuestos, bajo cualquier circunstancia, a modificar algo; no va a ser este el caso”, aclaró.
El usuario de la cuenta de X atribuido a Caputo (nunca reconocida como propia por el asesor), publicó con ironía: “El que quiera reglamentar de otra manera la ley de acceso a la información pública lo que tiene que hacer primero es ganar las elecciones y para eso es MUY importante (FUNDAMENTAL DIRÍA) no perder las elecciones”.
Qué dijo Adorni sobre los dichos del Jefe de Gabinete
Adorni, de todos modos, aseguró que “no hubo contradicción” en las palabras de Francos del miércoles, cuando fue a dar su informe de gestión a la Cámara de Diputados. Allí, el jefe de Gabinete aseguró: “Si de alguna manera, como veo que es un tema de inquietud de los señores diputados y diputadas, modificaremos el decreto, haremos las consultas, estamos dispuestos a analizarlo".
Adorni buscó explicar el sentido de los dichos de Francos: “Simplemente entiendo que quiso expresar que estamos dispuestos a hacer cualquier modificación que vaya en contra de la ley o a entender que haya cosas que estén mal, pero no es este el caso en el que va a ocurrir”.
El portavoz argumentó la resolución compartiendo requerimientos que llegaron al Ejecutivo: “Acá se trata de que el acceso a la información pública sirva nada más que para eso, para que toda la sociedad esté informada de lo que pasa en el Estado nacional, que es el espíritu de la ley, pero no que la información vaya en contra de la privacidad de los funcionarios”.
Guillermo Francos defendió el nuevo decreto de acceso a la información pública, pero admitió cambios
“En esta gestión se multiplicaron por diez los pedidos. Por ejemplo: la marca de té que tomamos, la raza y el color de las mascotas, si son felices (esto creo que era en relación al perro de un funcionario), algo que no les tiene por qué importar. Nos preguntaron si Fernández cursó la Ley Micaela o qué materia dictaba en la UBA, cuántas quejas recibió el Registro de Brandsen en julio de 2010. Esto consume mucho recurso público y no hace a que la gente esté enterada de lo que pasa”, indicó.
Por último el vocero sumó: “En 2020 hubo 57 pedidos de acceso a la información pública; en 2022 hubo 95; en 2023 hubo 65; y ahora, 558 hasta agosto. El decreto no va en contra de la información, simplemente es tratar de ordenar cosas que no hacen al erario público o a la honestidad de los funcionarios, y que además concentran mucha utilización de recursos. Además no se ha recibido amparo ni judicialización por las respuestas”.
RB / Gi
