El gobierno de Javier Milei reactivó en el último tramo del año su vocación de privatizar empresas públicas y de desprenderse de la mayor cantidad de activos posibles del Estado Nacional. Hasta octubre, el recorte de transferencias a las empresas públicas por parte del Tesoro es del 41,73% respecto del 2023. De los $ 4,8 billones presupuestados originalmente, se han girado $ 3,5 billones, es decir, poco más del 70% presupuestado para las empresas que pertenecen al Estado.
Las cuatro empresas que sufrieron los mayores recortes son Arsat, cuyo espectro de 5G fue liberado, Corredores Viales (que está en la mira desde hace semanas), ADIF (Administrador de Infraestructura de Ferrocarriles), y la empresa encargada de desarrollar infraestructura de aguas y cloacas en el AMBA, AYSA, que fue apuntada recientemente por el vocero Manuel Adorni.
Arsat recibió 99,61% menos de recursos. Apenas $ 300 millones. Transferencias mínimas para el funcionamiento a una empresa que según figura en los registros, tiene setecientos empleados, aunque en sus redes sociales su última actividad fue el 15 de noviembre de 2023.
Corredores Viales tuvo una merma en sus recursos del 83,18%. Recibió $ 22.533 millones, el equivalente al 0,65% del total de las transferencias. Cuenta con un dotación de empleados que supera los 3.500 puestos de trabajo, y es clave por la articulación que tiene con las provincias. De hecho, las jurisdicciones tienen un director como representante y muchos de ellos fueron removidos o no hubo nombramientos lo que motivó las quejas de los mandatarios con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
ADIF, sufrió un recorte del 82,41%. Tiene cerca de 460 empleados y es una de las varias empresas estatales ligadas a los ferrocarriles. Recibió $ 41.897 millones, lo que representa el 1,21% del total de recursos transferidos a empresas públicas.
AYSA, cuya titular durante la gestión anterior fue Malena Galmarini, recibió recursos por $ 248.771 millones, un 60,96% menos que el año anterior. Representa el 7,20% de los recursos transferidos y es la tercera empresa en recibir el mayor flujo de giros. Tiene poco menos de 6.500 empleados, y es la tercera empresa con mayor dotación de personal.
Dentro del pelotón de treinta empresas públicas, hay seis que no han recibido transferencias. Se trata en efecto de empresas que son superavitarias y que por lo tanto no han requerido asistencia de fondo alguna.
Arsat recibió un 99% menos de recursos: $300 millones con 700 empleados
Una de ellas es Intercargo, que quedó en la semana en el ojo de la tormenta por una medida de fuerza, lo que posibilitó que Patricia Bullrich habilite a la PSA a realizar la descarga de equipaje en caso de medidas gremiales. En la empresa señalan que tienen una facturación mensual de $ 5 mil millones, y en el Gobierno contrarrestan el argumento señalando que son un “monopolio”, lo que comenzó a desarmarse con el anuncio del jueves pasado de Sturzenegger y Mogetta.
Otra empresa que tampoco tuvo transferencias es AGP, la encargada de administrar puertos. Cobra tasas, peajes y cánones lo que le permite ser superavitaria. Otras empresa es Dioxitek, cuya planta se encuentra en Formosa, depende de Energía y produce los combustibles para las centrales nucleares.
En ese grupo también se ubica Nucleoeléctrica, encargada de gerenciar las centrales de energía.
Cero pesos recibió Tandanor, el astillero que depende del Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri. Tampoco recibió fondos el Polo Científico Tecnológico Constituyentes, que según los registros tiene solo cuatro empleados y que depende del INTA, INTI, CNEA y Citedef. Tampoco recibió fondos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias SA.
Por otra parte, Aerolíneas Argentinas tuvo una merma en las transferencias del 57,26%. La aerolínea también estuvo en el ojo de la tormenta esta semana por un reclamo gremial, y por los miles de pasajeros varados.
Tiene más de 10 mil empleados y recibió $ 58.733 millones. Es la quinta empresa en recibir recursos del Tesoro. Lo recibido representa el 1,70% del total de los fondos que el Estado Nacional giró a las empresas estatales. Es la segunda empresa con mayor dotación de personal.
Ayer, Francos aseguró que el Gobierno va a “terminar con Aerolíneas Argentinas”, si los trabajadores frenan el proceso de privatización.
La empresa que recibió la mayor cantidad de recursos es Enarsa, que está bajo la órbita de la Secretaría de Energía, es decir que depende de María Tettamanti, y en última instancia de Caputo.
En lo que va del año recibió fondos por $ 2,1 billones, lo que equivale al 60,4% de las transferencias totales. Recientemente, el Gobierno Nacional con Guillermo Francos a la cabeza, anunció la inauguración del primer tramo de la reversión del Gasoducto Norte, obras realizadas con participación de la empresa.
Buena parte de los fondos recibidos por Enarsa, fueron destinados a la importación de energía.
Por otra parte, Fabricaciones Militares tuvo un recorte del 60%. Días atrás, dejó de ser “SE” para pasar a ser una sociedad anónima con el Ministerio de Defensa como el único accionista.
El recorte operado por el gobierno de Milei a las empresas públicas tiene dos excepciones. Por un lado Correo Argentino, la empresa con mayor cantidad de empleados. Más de 12 mil. Recibió $ 218 mil millones, un 21% por encima de la inflación.
La otra excepción es la Casa de Moneda, que fue recientemente intervenida. Recibió $ 26 mil millones, un 50% más en comparación al 2023.
En tanto la Agencia de Publicidad del Estado (ex-Télam) quedó con sólo 193 empleados (tenía setecientos originalmente) aunque sufrió un recorte de tan solo el 3,48%.
NUMEROS
- 30 son las empresas públicas a las que Tesoro puede asistir con fondos.
- 5° - Aerolíneas Argentinas está quinta en el ranking de empresas que más fondos recibieron. Recibió el 1,70% del total de las transferencias.
- 12.698 es la cantidad de empleados que tiene Correo Argentino, una de las empresas en la mira de LLA.
- 6 son las empresas que no recibieron transferencias; Intercargo, Dioxitek, NASA, Tandanor, y otras.
