Javier Milei comenzará su segundo año al frente de la Casa Rosada con una agenda de desafíos y cuestiones a resolver en un corto plazo. Cuestiones que exceden las definiciones electorales y que tienen en primer plano a la economía, la continuidad de la agenda de desregulaciones en primer plano y evitar que el humor social cambie de temperatura, sobre todo con los típicos cortes de luz de cada verano.
El jefe de Estado repite que “lo peor ya pasó” y siente que está obligado a mostrar resultados en la economía más allá de la baja de la inflación. Promete no devaluar y planifica una baja de impuestos que alienten a un consumo que estuvo apagado a lo largo del año. A su vez, con la reforma laboral vigente, buscará que cada vez más empresarios se animen a invertir, tomen personal y el desempleo, que en el último trimestre se ubicó en el 6,9%, descienda.
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Los salarios, por lo pronto, no recuperarán musculatura: Luis “Toto” Caputo, el ministro de Economía, quiere que cada negociación paritaria de los sindicatos más fuertes tenga un horizonte en línea con los últimos índices de inflación, con incrementos de remuneraciones del 2% como máximo. El titular de Hacienda además no quiere que se homologuen negociaciones por fuera de ese parámetro, lo que generó que algunos dirigentes gremiales como Hugo Moyano, referente de Camioneros e inmiscuido en las decisiones de la mesa chica de la CGT, salgan a resistir ese techo. Por lo cual, la relación con el movimiento obrero cegetista, hoy en calma total, puede tener tensiones y convertirse en un dolor de cabeza para el jefe de Estado si no aparecen concesiones.
La posibilidad de eliminar el cepo cambiario, que tanto reclama el círculo rojo que conforman los ejecutivos más importantes del país, también aparece en el radar del Presidente como uno de los principales objetivos de 2025 y Caputo se encarga de alimentar expectativas, para calmar reclamos de los ejecutivos básicamente. Pero todavía no existe fecha precisa sobre cuándo se va a producir el fin del cepo.
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Lo que sí tiene plazo es la aparición en escena de la agenda de desregulaciones que encaró Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Marzo será el mes en el cual el oficialismo quiere discutir la Ley Hojarasca que craneó el exdirector del BCRA y que contiene cientos de modificaciones que repelen el rol del Estado.
Aparecen en esa propuesta el final de la exención de reintegros impositivos a la industria nacional adjudicataria de licitaciones internacionales, la quita de regulaciones para explotar el desarrollo minero y el carbón mineral y dejar sin efecto los contratos de transferencia de tecnología y marcas extranjeras, entre otros cambios de relevancia para la administración Milei, que no quiere negociar ningún artículo.
En La Libertad Avanza intentarán mostrar que las desregulaciones que se llevaron a cabo este año tuvieron “un efecto positivo” en la sociedad y que es necesario continuar. Hay por lo menos, como le dijo un ministro a PERFIL, “tres hits”: los cambios en la Ley de Alquileres, la reforma laboral y la apertura del mercado de internet satelital.
También, en LLA aparece el reto de modificar la Ley de Glaciares. Un viejo anhelo de los empresarios mineros, que prometen inversiones para explotar los recursos naturales en las inmediaciones de los glaciares si aparecen cambios en la normativa. La jugada cuenta con el aval pleno de Sturzenegger pero en el Gobierno reconocen dificultades para sancionar ciertas normativas en un Congreso que imaginan en un principio hostil y con muy poca actividad en un año electoral. Un parlamento que se moverá bajo la influencia de los acuerdos electorales que se puedan decidir.
Otro reto por delante: Milei buscará definitivamente sacar del tablero electoral a Victoria Villarruel. Intentará que siga aislada del Gobierno y, como dicen en Balcarce 50, que quede emparentada a las decisiones “de la casta”, como los aumentos de sueldo del cuerpo legislativo que preside.
Hay más en la agenda libertaria: el Gobierno no quiere que el humor social, que respalda al Presidente de acuerdo a sondeos de opinión pública, se recaliente por los cortes de luz que se suceden verano tras verano ante un sistema que no soporta los excesos de demanda. Y que provocan movilizaciones y piquetes de miles de usuarios afectados cada año.
Ante los cortes, la administración de Milei va a mostrar signos de la herencia: hablará de la descapitalización, de la desinversión y de los cuellos de botella que aparecieron en el sistema energético en veinte años, en los cuales el Estado, como marcan desde la Secretaría de Energía, gastó más de 150 mil millones de dólares “en subsidios descontrolados y generalizados para sostener el congelamiento tarifario”.
En Casa Rosada todavía hay críticas al anterior funcionario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, por anticipar cortes de luz programados a industrias, y del lado de Cecilia Tettamanti, su reemplazo, remarcan que sí hay un plan de contingencia que está en marcha. Con una serie de licitaciones en enero para almacenar energía en baterías, ampliar la red de transmisión eléctrica y medidas para que los privados contraten energía a largo plazo sin intervención del Estado, “como paso para licitar nueva generación termoeléctrica que refuerce la red”.
