El Gobierno anunció este martes la designación por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema. Ocurre luego de casi un año sin tratamiento de sus pliegos por parte del Senado. La información, que había trascendido en las últimas horas, fue confirmada a través de un comunicado de la Oficina del Presidente a través de X (ex Twitter).
Según explicaron, los pliegos de los dos magistrados fueron enviados a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, después de haberse completado todos los pasos requeridos por el procedimiento, incluidas las audiencias públicas realizadas en agosto del mismo año. Sin embargo, a pesar de haber cumplido con los requisitos establecidos y difundir los antecedentes de los candidatos, el Senado no abordó la designación de los mismos.
Desde el Poder Ejecutivo recordaron que, de acuerdo con la Constitución Nacional, es una prerrogativa exclusiva del Presidente nombrar jueces para la Corte Suprema. A su vez, el Senado tiene la función de evaluar los pliegos y en base a un análisis de idoneidad, prestar su acuerdo o rechazo, siempre sin criterios políticos.
Dentro del comunicado, el Gobierno realizó un "paso a paso" de cómo es que Lijo y García Mansilla llegaron a ser nombrados por decreto, señalando que "se agotaron todas las instancias" y "los procesos fueron cumplidos debidamente" para que así ocurriera.
En este contexto, señalaron que la "politización de la Justicia" es una de las principales razones por las cuales los ciudadanos no reciben un servicio judicial eficiente. Además, se destacó que una gran mayoría del espectro político apoyó en su momento las designaciones de jueces para la Corte realizadas por Néstor Kirchner y Mauricio Macri.
Milei decidió avanzar con los nombramientos pese a no haber conseguido los dos tercios necesarios que respalden sus propuestas para engrosar el Máximo Tribunal. Ahora, Lijo podría solicitar una licencia en su juzgado federal. Sin embargo, hay sectores que le exigen que debe renunciar al cargo.
De hecho, el panorama actual es complicado debido a varios factores. Uno de los principales desafíos es que las designaciones en comisión conllevan un riesgo, ya que tienen un plazo de vigencia hasta el final de la próxima Legislatura. En la Casa Rosada, la esperanza es que el 1 de marzo, ambos jueces puedan estar presentes en el Congreso para asistir al discurso del Presidente durante la Apertura de Sesiones Ordinarias.
Finalmente, la Casa Rosada justificó la medida señalando que “el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros” y ratificó que continuará el trámite legislativo para que el Senado ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos.
Jueces para la Corte: el Gobierno se quedó sin hoja de ruta
Dudas, indefiniciones y vueltas
Esta decisión tuvo diversas complicaciones que retrasaron y complicaron los planes del oficialismo. A diferencia de García Mansilla, el pliego de Lijo consiguió las adhesiones necesarias para ser tratado, pero no alcanzó los dos tercios necesarios en la Cámara Alta para ser aprobado como el Gobierno y el magistrado querían.
En esta ocasión, la movida del Ejecutivo está amparada en el artículo 99 de la Constitución Nacional (que fue mencionada en el comunicado oficial), la cual habilita los nombramientos por decreto. Inclusive, y a pesar de avanzar con esta decisión, en Casa Rosada saben que no es el mejor de los escenarios. Es por esto que argumentan que una Corte Suprema de tres "no es opción".
Además, y con la misma premisa de Lijo, García Mansilla expresó su preocupación tras señalar en la Comisión de Acuerdos del Senado que, debido al impacto del decreto de 2015 en la opinión pública, él no habría aceptado una designación en comisión. A pesar de que la Constitución lo permite, consideró que un sector importante de la población, con argumentos válidos, se opone a este tipo de decisiones, lo que lo habría llevado a rechazar la propuesta.
TC / Gi
