Cuando en junio Sandra Pettovello despidió y denunció a Pablo de la Torre por supuestas irregularidades en los contratos celebrados a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), esta modalidad de contratación quedó bajo la lupa. PERFIL presentó un pedido de acceso a la información pública a todos los ministerios para conocer la nómina de funcionarios que se rigen bajo este sistema. Mario Russo, en Salud, y Luis "Toto" Caputo en Economía, son quienes más uso hicieron de esta herramienta que, de alguna forma, permite aludir la denominada "cláusula Batakis" y aumentar la planta de empleados.
En la solicitud, se requirió información sobre la cantidad de contratos celebrados entre los ministerios con la OEI así como con otros organismos de cooperación internacional entre el 10 de diciembre de 2023 y el 28 de junio de 2024. Se pidió, además, conocer en qué áreas se desempeñan las personas, qué tareas cumplen y cuál es el monto que perciben por mes.
Esta modalidad de contratación no surgió con el gobierno de Javier Milei, sino que se viene utilizando desde hace años y en diferentes administraciones. Básicamente, se trata de convenios a través de los cuales un organismo internacional puede contratar de manera temporal a personas para que presten servicios en determinadas oficinas públicas. En general, están destinados a proyectos en educación, cultura y ciencia.
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Javier Milei hizo su campaña con una motosierra en la mano y la promesa de achicar el Estado. Este mecanismo de contratación permite sortear lo que se conoce entre los estatales como la "cláusula Batakis", en referencia al decreto firmado por Silvina Batakis en su paso por el Ministerio de Economía (y prorrogado por La Libertad Avanza), que impide incorporar nuevos funcionarios a la administración pública nacional.
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En el ministerio de Economía hubo 85 contratos de este tipo divididos en dos períodos de contratación: entre el 1 de enero y el 31 de marzo y entre el 1 de abril y el 30 de junio. Algunas personas de la nómina estuvieron solo tres meses y a otras se les renovó.
Desde Economía respondieron el pedido con una planilla de Excel con el nombre de la persona y el período de su contrato y se indicó que todos están bajo el Acta Complementaria N° 5. Los montos que facturaron estos trabajadores van desde $547.170,00 hasta $1.872.525,00. A su vez, se detalló que, del total de 85, 15 empleados prestan servicios desde la gestión anterior.
Si se suman los montos factuados en el último mes, en Economía estos contratos representaron $59,080,862.16.
Por su parte, la cartera que comanda Russo hizo 31 contratos de este tipo. La respuesta de Salud llegó en dos planillas de Excel. En la primera se incluyó a cuatro asesores y dos consultores que facturan entre $525.283,20 y $912.314,78. En el detalle de sus funciones, se indicó: “consultor para asistencia técnica administrativa en la Unidad de Gabinete de Asesores”, “analista de salvaguarda social”, “analista de salvaguarda ambiental”, “referente técnico SISA para los registros REFES, REFEPS, REFAR y REDRO”, “responsable de planificación y gestión presupuestaria” y “encargado primario de procesos de adquisiciones - Dirección de Compras y Contrataciones (DCYC)”.
La segunda planilla contiene los datos de las restantes 25 contrataciones, todas en la órbita de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), a cargo de Roberto Moro. Todas estas personas fueron contratadas desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre y facturan montos entre $360.000,00 y $850.000,00.
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Al sumar los montos facturados en el último mes, en Salud estos contratos representaron $21,486,642.96.
El ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, cuya titular es Diana Mondino, informó que no celebró contratos a través de la OEI, pero que sí se dio un alta de contrato en el marco del Proyecto PNUD a partir del 1 de enero. Esta persona trabaja en la Dirección General de Infraestructura, Servicios y Administración de Bienes (DGISA), tiene tareas administrativas y en junio facturó $482.272,70.
El resto de los ministerios informó que no había celebrado contratos de estas características. Capital Humano fue el único que no respondió el pedido ni tampoco solicitó prórroga. La cartera de Capital Humano quedó bajo la mira en este tema en junio, cuando Sandra Pettovello denunció a quien fuera su mano derecha, el exsecretario de Niñez, Adolescencia y Familia por supuestas irregularidades en estas contrataciones.
La denuncia contra De la Torre está en manos del fiscal federal Ramiro González y, en paralelo, la Procuración de Investigaciones Administrativa (PIA) ordenó recolectar documentación de una quincena de reparticiones públicas sobre este tipo de convenios con la OEI.
GL/fl
