El megaexpediente que hace casi seis años instruyó el fallecido juez federal Claudio Bonadio y que por sorteo quedó en manos del Tribunal Oral N° 7 para la realización de su debate tuvo un sorprendente vuelco esta semana de la mano de la Cámara Federal de Casación, instancia superior y máxima en el fuero penal de la Nación.
Por un lado, reclamó a los magistrados encargados enjuiciar a exfuncionarios de Planificación y empresarios, y por el otro hizo lugar a un planteo que hizo Angelo Calcaterra prácticamente desde el inicio de la causa, que sostuvo hasta la fecha: no eran sobornos, eran fondos para la campaña.
Si bien la causa era investigada desde meses antes, mediáticamente explotó el 1° de agosto de 2018, momento en el que el exsecretario de Transporte Roberto Baratta quedó detenido en su departamento del barrio de Belgrano por orden de Bonadio. Fue su chofer, Oscar Centeno, quien de puño y letra anotó todos los “viajes” que realizó con movimientos de dinero en bolsos que otros funcionarios iban a recaudar a empresarios de la construcción. A partir de ahí, el cuarto piso del edificio de Comodoro Py se colmó de abogados quienes reclamaban excarcelaciones y desvinculaciones de la causa.
Cinco años después que la causa fuera elevada a juicio oral, la Sala I de Casación analizó los planteos de Calcaterra y del CEO de Iecsa y número dos del primo del expresidente Mauricio Macri y sostuvo que dichos pagos ilegales que se dieron entre 2013 y 2015 fueron voluntarios y eran para el Frente para la Victoria en el marco de los comicios legislativos y presidenciales.
El primero en instalar esa lectura en tribunales fue el propio Mariano Cúneo Libarona, actual ministro de Justicia, quien por entonces defendía a Hugo Eurnekian, sobrino de uno de los propietarios de la Corporación América, Eduardo Eurnekian. Con este criterio, la causa debía ser investigada no en el fuero penal federal, sino en el electoral.
En su momento Javier Sánchez Caballero sostuvo: “Tuvimos desde el inicio del gobierno del doctor Néstor Kirchner un contexto desfavorable hacia nuestro grupo empresarial en general, y hacia la empresa Iecsa en particular. Como ejemplo, puedo indicar que en ocasión de una reunión empresarial en Venezuela (Néstor) Kirchner encontrándose junto al entonces presidente (Hugo) Chávez le pidió a Calcaterra que se acercara y cuando lo hizo, el primero le manifestó a Chávez que era el primo de su mayor oponente político (...) El señor Baratta comenzó a exigirle a Angelo Calcaterra que pusiera dinero para las campañas. Con el tiempo, la exigencia se fue haciendo más fuerte y en un momento se cedió a la presión entregando dinero”.
Con ese precedente, la defensa de Calcaterra insistió en todas las instancias judiciales hasta que los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Mahiques entendieron que se trataba de aportes de campaña e hicieron lugar tanto a su planteo como al de Sánchez Caballero.
Sin embargo, el fallo de Casación abre la puerta para que otros empresarios puedan hacer lo propio y ser investigados en la Justicia Electoral donde podrían pasar de una pena de prisión a una infracción, o probablemente la exoneración por prescripción.
El exCEO de Isolux Argentina SA, Juan Carlos De Goycoechea, dijo por entonces que sus contribuciones fueron de manera institucional al PRO. A él se suman el extitular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012 y presidente de Esuco SA, Carlos Wagner, y quien manifestó que sus aportes en negro eran para el FpV. Otros que hicieron planteos de similar tenor ante casación son el sanjuanino propietario de la firma Panedile, Hugo Dragonetti y Jorge Balan.
El dueño de la empresa eléctrica Grupo Albanesi, Armando Loson, se suma a ese grupo con dos particularidades. La primera es que previo al fallo que benefició a Calcaterra, la Cámara habilitó a analizar su planteo del cual espera vaya a la Justicia Electoral y la segunda que es denunciante y querellante en una causa por adulteración de los escritos de Oscar Centeno que tiene a su cargo el juez Marcelo Martínez de Giorgi contra Jorge Bacigalupo, expolicía y amigo del exchofer de Roberto Baratta.
El gran interrogante que surge por estas horas es si el mayor caso de corrupción en la historia de la Argentina pueda reducirse a infracciones electorales. Aún queda ver si la Unidad de Información Financiera, querellante en la causa y el fiscal ante Casación, Raúl Omar Plée, recurran esta decisión y sea la Corte Suprema de Justicia quien defina si este tramo de la causa se queda en el fuero federal o pase al electoral. De hacerlo, cuentan con diez días hábiles para plantear la apelación.
Por lo pronto, la máxima instancia penal del país reclamó apurar el inicio del debate, tanto la Sala I que benefició a Calcaterra instó al TOF 7 avanzar con el proceso, así como también la Sala IV, pero en otro tramo donde se investiga juzgar a Nélida Caballero, exempleada doméstica de Julio de Vido por el delito de Lavado de Activos.
