De cara a la sesión especial convocada para el próximo miércoles, el oficialismo y la oposición están en una carrera contrarreloj para asegurarse los votos necesarios en la Cámara de Diputados. El tema central de esta crucial votación es la ley de movilidad jubilatoria, la cual fue recientemente vetada por el presidente Javier Milei.
Esta ley, que propone ajustes adicionales en las jubilaciones para compensar la inflación, se ha convertido en un punto neurálgico del debate político y esta sesión determinará si el veto presidencial será anulado y la ley aprobada, o si se mantendrá la denegación presidencial.
La encrucijada de la oposición: ¿Podrán revertir el veto?
La oposición tomó medidas decisivas para intentar revertir el veto presidencial. La sesión especial, programada para el miércoles 11 de septiembre a las 10 de la mañana, fue convocada por una coalición que incluye al radicalismo, Encuentro Federal y la Coalición Cívica. Este esfuerzo cuenta con el respaldo asegurado de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, que han expresado su apoyo a la iniciativa.
Sin embargo, el desafío que enfrenta la oposición es significativo. Para revertir el veto presidencial, se requiere una mayoría agravada de dos tercios de los votos de los diputados presentes en la sesión. Esto significa que, de los 257 diputados que componen la cámara, se necesita una cantidad superior a los 171 votos para alcanzar la mayoría necesaria y anular el veto.
El veto de Milei: estrategias y tácticas del oficialismo
El oficialismo, liderado por La Libertad Avanza (LLA), junto con el PRO y el MID, se atrincherarán en defensa del veto, pero para garantizar el rechazo de la ley y mantener el veto presidencial, el oficialismo necesita asegurar al menos 86 votos en la cámara. Actualmente carecen de esa cantidad.
La estrategia del oficialismo incluye no solo sumar votos propios, sino también trabajar para “bajar diputados” de la oposición. Esto implica negociar con gobernadores y diputados de distintos bloques, especialmente aquellos del radicalismo y del bloque de Innovación Federal, para reducir el número de opositores presentes en la sesión.
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Trabajo parlamentario: negociaciones con bloques opositores
El Gobierno está centrando sus esfuerzos en negociar con gobernadores y diputados de bloques opositores. Está obligado a hacerlo. En particular con el bloque de Innovación Federal, compuesto por ocho diputados vinculados a gobernadores de diversas provincias, que se encuentra en una posición clave. Estos diputados tienen intereses específicos relacionados con el Presupuesto y la asignación de recursos para sus provincias, lo que les otorga un poder significativo en la votación.
En el bloque de Encuentro Federal, que cuenta con 16 integrantes, solo Ricardo López Murphy ha mostrado disposición a ayudar al Gobierno mediante su posible ausencia en la sesión, aunque esta medida aún no está confirmada.
La “mancha venenosa”: obstáculos para el peronismo
La oposición enfrenta varios desafíos en su intento por revertir el veto. Aunque el bloque de Unión por la Patria cuenta con 99 diputados, su participación en la convocatoria a la sesión no se debió a un error estratégico, sino a la compleja dinámica política en juego. El bloque peronista ha sido estigmatizado como una “mancha venenosa”, lo que dificulta que la oposición dialoguista (UCR, Encuentro Federal, Coalición Cívica) se alinee con ellos en una iniciativa en particular.
Un ejemplo de esta dificultad se observó el 24 de abril pasado, cuando la oposición, a pesar de estar de acuerdo con las iniciativas propuestas por Unión por la Patria, optó por no dar quórum para evitar asociarse con el kirchnerismo.
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Problemas radicales: la situación interna de la UCR
Dentro de la UCR, la situación es aún más complicada. La convocatoria a la sesión fue firmada por 17 diputados de la UCR, pero algunos de ellos tienen una relación cercana con el Gobierno y podrían desmarcarse de la postura oficial del bloque presidido por Rodrigo De Loredo. Además, la reciente incorporación de Federico Tournier al bloque radical ha reducido el número de integrantes de la bancada, con Tournier conformando ahora un monobloque aliado al oficialismo.
De los 33 diputados restantes de la UCR, varios se encuentran en duda respecto a su asistencia, incluyendo a los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, así como al catamarqueño Francisco Monti, la santacruceña Roxana Reyes y el tucumano Mariano Campero.
El papel de los “dialoguistas”: el juego de Innovación Federal
El bloque de Innovación Federal ,como ya se dijo, es crucial en esta votación. Con ocho integrantes, este bloque ha operado como aliado del oficialismo en ocasiones anteriores. Sin embargo, su apoyo a la ley de movilidad jubilatoria podría estar condicionado a negociaciones relacionadas con el Presupuesto y otras demandas provinciales. La gran incógnita es si el Gobierno logrará cumplir con las demandas de estos diputados para asegurar su apoyo o al menos su ausencia en la sesión.
El proceso legislativo para la ley de movilidad jubilatoria implica un trámite ordinario, con giros a las comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto y Hacienda, que ya han tratado el tema anteriormente. Dado que los convocantes a la sesión no esperaron a que el asunto fuera dictaminado por las comisiones, será necesario obtener una mayoría de dos tercios de los votos de los presentes para habilitar el tratamiento en el recinto.
Para abrir la sesión, se requiere un quórum mínimo de 129 legisladores, y para aprobar la ley se necesitará replicar la mayoría de dos tercios entre los presentes. Si la oposición no logra el número suficiente en el primer intento, es probable que intente emplazar a las comisiones para dictaminar en un plazo razonable.
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Qué busca la ley de movilidad jubilatoria
El proyecto de ley busca otorgar un 8,1% adicional en jubilaciones para compensar la inflación de enero, dado que el ajuste anterior del 12,5% no fue suficiente frente al 20,6% del IPC de ese mes. El proyecto también establece un aumento anual en marzo, basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en el Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Además, la ley contempla un mecanismo para saldar deudas con las cajas previsionales utilizando impuestos específicos para la ANSES y el pago de sentencias firmes dentro de los seis meses, con una posible prórroga de seis meses.
El Gobierno ha argumentado que la aplicación de la ley generaría un gasto adicional de 6 billones de pesos en 2024 y 15 billones en 2025, lo que representaría un incremento del 1,02% del PBI en 2024 y del 1,64% en 2025. También señalaron que, si se aplicara la ley, implicaría un aumento del 18,5% en el gasto de ANSES para 2024 y del 29,2% para 2025.
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