Después de varias semanas, el Gobierno finalmente avanzará con la reglamentación de la ley Bases, pero no en su totalidad, solo en puntos específicos. Manuel Adorni, el vocero presidencial, dio la primera señal de progreso, que se visualizará en el Boletín Oficial a partir de mañana.
Adorni eligió X para recomendar atención sobre la próxima publicación del Boletín Oficial. En concreto, y de acuerdo a fuentes oficiales, aparecerá en el BO una primera parte de la normativa reglamentada a partir de mañana. Las otras partes aparecerán semana a semana, tal como aseguran desde el entorno de un cuadro técnico del oficialismo.
En la tanda inicial, aparecerá todo lo referido a la reorganización administrativa, privatizaciones, el procedimiento administrativo y empleo público. En concreto, la normativa declara la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año, y delega en el Poder Ejecutivo Nacional ciertas facultades vinculadas a aquellas materias.
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A su vez, el Ejecutivo podrá intervenir en ciertos organismos descentralizados, empresas y sociedades consagradas en el proyecto que se discutió por largos meses, en los cuales el Gobierno tuvo que ceder ante la oposición más proclive al diálogo. De este modo, quedaron a tiro de la privatización total o parcial firmas como AySA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Quedaron fuera, tras discusiones con los bloques parlamentarios, Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y RTA.
Por otro lado, el Poder Ejecutivo podrá modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos, y discontinuar con el programa o finalidad para la cual fue creado, de acuerdo con las siguientes condiciones.
En cuanto a empleo público, el texto pega de lleno en los sindicatos que representen a los trabajadores estatales ya que no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado “de forma explícita” su acuerdo para que el gremio realice dicho descuento.
Hay más: establece que aquellos empleados que realicen un paro se les descontará un proporcional por las horas no trabajadas, sin ningún tipo de sanción administrativa, y establece que aquellos funcionarios de órganos u organismos que sean eliminados serán pasados a disponibilidad por hasta 12 meses y que después serán desvinculados de la Administración Pública Nacional si no consiguen otro puesto.
Por el momento, no hay señales sobre el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) y la reforma laboral. En los pasillos de la Casa Rosada dicen que la reglamentación del RIGI es “lo más complejo” y que quedará “para la tanda final”. En torno a los cambios en el ámbito del trabajo, cuestionados principalmente por la CGT, en LLA están abiertos a la discusión con los caciques sindicales.
“No vamos a ceder, vamos a discutir, las conversaciones están abiertas”, dicen en el oficialismo. Incluso, están dispuestos a hablar sobre qué sucederá si un trabajador desea bloquear una empresa o el articulado sobre empleados independientes. En la calle Azopardo, dicen que no están dispuestos a avalar esa reglamentación. “Porque es un retroceso total y pérdida de derechos”, asegura un cuadro de peso cegetista.
Por otro lado, hay voces en el oficialismo que confían en lograr mayor poder de desburocratización con la discusión, y posterior sanción, de la “ley hojarasca” en la que está trabajando el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Pero también reconocen que el trabajo del proyecto está demorado.
