El Gobierno nacional enviará al Congreso un proyecto de reforma del Código Penal, con el objetivo de actualizar una normativa que data de 1921.
La iniciativa, elaborada por la Comisión de Reforma del Código Penal creada en 2024, propone endurecer las penas para distintos delitos, incorporar nuevos tipos penales y brindar mayor respaldo a las fuerzas de seguridad.
El proyecto establece la prisión perpetua con un cumplimiento efectivo de 35 años, o de 40 en caso de múltiples reincidencias. Además, impide la libertad condicional para reincidentes y condenados por delitos graves como homicidios, abusos sexuales agravados y otros delitos dolosos violentos. También se prevé la revocación de la libertad condicional en caso de reincidencia.
El proyecto también agrava las penas para quienes provoquen incendios intencionales. Actualmente, la condena máxima es de un año de prisión, pero con la reforma pasará a ser de 3 a 10 años y hasta 25 años si el hecho causa muertes o lesiones graves.
El Gobierno busca endurecer el Código Penal: elevación de penas y prisión perpetua firme
En cuanto a delitos en espectáculos deportivos y artísticos masivos, se eleva en dos tercios la pena mínima para homicidios, lesiones, robos, tenencia y portación de armas en estos contextos. También se penalizan nuevas conductas asociadas a barrabravas, como impedir un espectáculo, causar avalanchas o vender entradas de manera ilegal.
Para los denominados "motochorros", el proyecto prevé penas de hasta 15 años de prisión, incluyendo delitos como el robo de celulares y "salideras" bancarias. Además, se tipifican delitos contra la seguridad del tránsito y medios de transporte, con condenas de hasta 3 años para quienes realicen piquetes sin autorización del Estado. También se establece la figura de "agresiones en manifestaciones públicas", para quienes arrojen objetos contundentes poniendo en riesgo la integridad física de otras personas.
En cuanto a la usurpación de tierras, se agravan las penas hasta un máximo de 6 años de prisión y se incorporan multas de hasta 75 millones de pesos. También se sanciona a los facilitadores, organizadores o instigadores de tomas de tierras.
El nuevo Código Penal también eleva las penas para los delitos de violación, estableciendo un rango de 8 a 20 años de prisión en casos agravados, como cuando el agresor es un familiar directo, hay uso de armas o la víctima es menor de edad. Además, se incorporan delitos vinculados a la pornografía infantil y el grooming, considerando el uso de inteligencia artificial en estos casos.
En el ámbito del crimen organizado, se introduce una figura penal específica con penas de 8 a 20 años de prisión para quienes formen parte de estructuras criminales transnacionales. En cuanto al narcotráfico, se aumentan las penas para los niveles más altos de la organización, con condenas de 5 a 20 años, y se eleva el mínimo de pena para el tráfico de pasta base de cocaína a 6 años.
Nuevos delitos: estafa piramidal, compraventa de niños y terrorismo
Entre las nuevas figuras penales, se incorpora el delito de compraventa de niños, con penas de 5 a 15 años de prisión, y se amplían las penas para fraudes informáticos y estafas piramidales, incluyendo aquellos perpetrados mediante inteligencia artificial. En estos casos, la pena puede alcanzar hasta 7 años de prisión y multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido.
El proyecto también endurece las penas para los delitos de corrupción. La inhabilitación para ejercer la función pública será de por vida y las penas para cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito se elevan a un rango de 5 a 15 años de prisión, cuando actualmente es de 1 a 6 años. También se amplía el delito de enriquecimiento ilícito a todas las personas obligadas a presentar declaraciones juradas patrimoniales, como titulares de obras sociales, y se refuerzan las sanciones por lavado de activos, especialmente cuando involucra a funcionarios públicos.
El proyecto incorpora nuevos delitos relacionados con el terrorismo y su financiamiento, con penas de 5 a 20 años para quienes participen en organizaciones terroristas y un mínimo de 10 años para sus líderes. Se penalizan también el reclutamiento, adoctrinamiento y entrenamiento de terroristas, con condenas de hasta 15 años. Si un delito es cometido con fines terroristas, la pena puede duplicarse y alcanzar la prisión perpetua.
Por último, se incluye un nuevo Libro Tercero dedicado a los delitos contra el orden internacional, tipificando el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los delitos de guerra.
Legítima defensa de las fuerzas de seguridad
Otro punto clave es la incorporación de un apartado sobre la legítima defensa de las fuerzas de seguridad y la "presunción en favor de la autoridad pública". Se establece que no será punible quien actúe en cumplimiento de su deber o en el ejercicio legítimo de su autoridad. Además, se presume el uso legítimo de armas por parte de los efectivos y se invierte la carga de la prueba.
El proyecto de reforma del Código Penal se encuentra en manos del Gobierno, que podrá realizar modificaciones antes de enviarlo al Congreso para su debate durante las sesiones ordinarias. La iniciativa busca actualizar la legislación penal argentina con penas más severas, la inclusión de nuevas figuras delictivas y un mayor respaldo a las fuerzas de seguridad.
JD / Gi
