Con el arranque de la gestión de Javier Milei hubo dos promesas de campaña que, de antemano, se sabía que traerían una fuerte conflictividad y repercusiones en la protesta social: terminar con los "piquetes" y acabar con "los intermediarios de los planes sociales". En ese sentido, el líder libertario y su equipo implementarion medidas que derivaron en diferentes denuncias por la actuación de las fuerzas de seguridad en las manifestaciones y la distribución de los alimentos a comedores, así como presentaciones judiciales contra líderes sociales.
El primer eje de conflicto fue el denominado "Protocolo antipiquetes", una política implementada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para restringir las protestas en el espacio público. Aunque las autoridades informaron que se logró reducir significativamente los cortes de calles, las críticas de organismos sociales y de derechos humanos acusaron un "patrón de represión y criminalización de la protesta".
Duro informe de Amnistía Internacional sobre el protocolo anti-piquetes: "Disenso en riesgo"
Según Amnistía Internacional Argentina (AIA), más de mil personas resultaron heridas durante las manifestaciones, incluyendo trabajadores de prensa, mientras que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura denunció la militarización del espacio público por un "uso desproporcionado de la fuerza".
Paralelamente, las organizaciones denunciaron al Ministerio de Capital Humano por tener almacenados en galpones de Villa Martelli (Provincia de Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán) unas 6 toneladas de comida que no se habían distribuido, en un caso conocido como "Escándalo de los Alimentos". La Justicia obligó a la cartera que conduce Sandra Pettovello que proceda a repartirlos y le pidió que mantenga las prestaciones alimentarias.
Al mismo tiempo, los abogados de ese ministerio hicieron una presentación ante la Justicia Federal contra organizaciones sociales por "comedores trucos" y facturas apócrifas, además de presuntos casos de extorsión contra beneficiarios de planes sociales. En ese marco, quedaron procesados distintos referentes emblemáticos, como Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, y Emilio Pérsico, del Movimiento Evita y exfuncionario del Gobierno de Alberto Fernández.
Como consecuencia, movilizaciones y piquetes dejaron de ocupar un lugar central tanto en las conversaciones de redes sociales como en las publicaciones de los medios. El interés por las marchas disminuyó un 70% y los piquetes registraron una caída del 96% en los entornos digitales, según Monitor Digital.
Hubo excepciones como el caso de las marchas a favor de las universidades públicas, y en contraposición se reportó una valoración más positiva con respecto a la protesta, con un 43% a favor y 57% en contra.
El protocolo antipiquetes: una política de confrontación directa
Uno de los pilares de la estrategia gubernamental para abordar las manifestaciones fue la implementación del protocolo antipiquetes. Esta medida, anunciada a pocos días del inicio de la Presidencia de Milei, buscó restringir severamente el corte de calles y avenidas, apelando a un discurso de "recuperar el orden en el espacio público".
La normativa, cuyo nombre oficial es “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”, habilitó a las fuerzas de seguridad federales (las que dependen del Gobierno nacional, como Gendarmería o la Policía federal) a intervenir ante casos de “impedimentos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales”.
Sin dudas la estrategia, en ese sentido, fue eficaz. "En la Ciudad de Buenos Aires bajamos los piquetes un 56%, mientras que a nivel país bajaron un 28%", informaron fuentes del Ministerio de Seguridad porteño a PERFIL. Una de las imágenes que más se repetían en los últimos años eran los cortes y acampes en la Avenida 9 de Julio, una postal que durante el primer año de gestión libertaria no ocurrió.
"El 90% de los intentos de corte fueron impedidos por la Policía de la Ciudad", agregaron, al mismo tiempo que señalaron que se registraron 1.467 manifestaciones en el territorio de la Capital Federal "sin cortes totales, sin piquetes ni acampes". Asimismo, destacaron que todas las grandes manifestaciones del año contaron con un pedido formal de las organizaciones a la cartera que conduce Waldo Wolff, tal como fue la movilización de la CGT (Confederación General del Trabajo) y las marchas universitarias, entre otras.
Sin embargo, su implementación generó una fuerte reacción de organizaciones sociales, gremios y organismos de derechos humanos, que denunciaron un aumento en los episodios de violencia policial y la criminalización de la protesta. "Es una política de persecución y de coartación de la libertad de expresión y del derecho a peticionar a las autoridades", comentó en una entrevista Leonardo Grosso, dirigente del Movimiento Evita, a Modo Fontevecchia.
Sus palabras coinciden con el informe elaborado por Amnistiía Internacional, donde se denunció un "uso desproporcionado de la fuerza" por parte del Gobierno. El estudio abarcó 15 manifestaciones, entre las que se incluyeron las marchas por el presupuesto de las universidades, el veto al aumento a jubilados y la aprobación de la "Ley Bases" -uno de los eventos donde se reportaron los incidentes más importantes con manifestantes-, y concluyeron en que existía un patrón de represión sistemática y criminalización de las mismas.
En esas protestas analizadas, 1.155 personas resultaron heridas, muchas de ellas con lesiones graves. De estas, 33 recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, lo que les ocasionó daños severos en la visión. Además, 50 periodistas fueron heridos mientras hacían coberturas. "Revela una clara restricción del ejercicio de la libertad de expresión en las calles y un achicamiento del espacio cívico", indicó Paola García Rey, directora adjunta de AI.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) monitorearon 60 movilizaciones en este año y determinaron que en 17 de ellas "se produjeron episodios represivos por parte de las fuerzas de seguridad", es decir, casi en una de cada tres.
En esa línea, sostuvieron que "militarizó el espacio público" ya que hubo presencial policial en todas las movilizaciones, destacando que en 27 de ellas participaron entre tres y cinco fuerzas, y que en más de 40 habrían supuestamente portado armas de fuego con balas de plomo, lo que está prohibido -lo que no pudo ser corroborado por este medio-.
De las críticas del Papa a las acusaciones de los organismos
En el informe de la CPM, se planteó que existe una modalidad "político-judicial de incorporar la acusación de terroristas contra los manifestantes", y que en ese contexto, más de noventa personas fueron detenidas por delitos que tienen penas no excarcelables -incluso algunas de ellas que no participaban de la protesta, como vendedores-. PERFIL intentó contactarse con el Ministerio de Seguridad en más de una oportunidad con consultas sobre estas cuestiones pero no recibió respuestas.
Esos episodios fueron condenados hasta por el propio Papa Francisco, que durante la conmemoración de los 10 años del primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares, expresó: "Me hicieron ver una represión; gente que pedía por sus derechos en la calle. El Gobierno se puso firme y en vez de pagar la justicia social pagó el gas pimienta, le convenía".
Al hablar de "persecuación" en las protestas, Grosso indicó que en algunas oportunidades "cualquier persona que iba a tomar el tren, mediante los parlantes escuchaba mensajes amenazando a la gente con quitarle las ayudas sociales si participaban de una movilización". Por su parte, Belliboni calificó de "inconstitucional" el protocolo de Seguridad y dijo ante la prensa que es "más claro que nunca que el ajuste cierra con represión”.
Por este motivo, el líder del Polo Obrero adhirió junto a otros referentes de izquierda, como la diputada Vanina Biasi y el legislador porteño Gabriel Solano, y de otros espacios al amparo colectivo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels). En el mismo, el organismo dice la resolución implementada por Bullrich "lesiona, restringe, altera y amenaza una serie de derechos garantizados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales sobre derechos humanos, como el de la protesta, de libertad de expresión y de reunión".
Mientras que el Gobierno respondió que los derechos asociados a la protesta social “se siguen ejerciendo sin ningún problema” y que éste no es absoluto, por lo tanto, puede ser regulado, desde el CELS acusaron a la administración de Milei de usar la "colisión de derechos" (protesta vs. circulación) para anular el primero de ellos, "atacando y dispersando" las manifestaciones en lugar de "protegerla".
Denuncias por alimentos almacenados y no distribuidos
Paralelamente, otra polémica se desató a raíz de denuncias contra el Gobierno por la acumulación de alimentos en almacenes del Estado, que habían sido adquiridos durante la gestión anterior, y no fueron distribuidos a comedores y merenderos. Imágenes de galpones con toneladas de productos, como leche en polvo y yerba mate, llenaron el espacio de los medios y las redes sociales.
Estas denuncias cobraron mayor relevancia en el contexto de la alta inflación -que a lo largo del año fue bajando-, la recesión -que se mantuvo- y el aumento de la pobreza, que recién registró un retroceso en los últimos meses. Las protestas incluyeron marchas al Ministerio de Capital Humano y, tras una denuncia penal que el dirigente social Juan Grabois presentó contra la ministra Pettovello, el juez Sebastián Casanello ordenó repartir la comida y, más tarde, se hicieron allanamientos en las oficinas de la Secretaría de Niñez.
Tras un amparo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el CELS, la cartera a cargo de Pettovello respondió que el diseño de las políticas alimentarias es potestad del Poder Ejecutivo y no del Judicial. En ese sentido, los abogados del ministerio indicaron que le “compete al Ministerio de Capital Humano asistir al Presidente de la Nación en todo lo concerniente a la seguridad alimentaria; y en particular entender la formulación, normatización, coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas alimentarias".
Desde lo discursivo, se trató de una promesa de campaña de "eliminar la intermediación" de la ayuda social del Estado hacia los sectores vulnerables. Sin embargo, a principios de diciembre Pettovello debió reincorporar en el Programa Alimentar Comunidad a 66 comedores comunitarios de la UTEP, acorde al fallo del juez federal en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico.
"Pettovello prefiere que se le pudra la comida en los galpones antes de dársela a las organizaciones sociales o a las iglesias para que que la administren", había lanzado Grosso, también exdiputado de Unión por la Patria, en el reportaje con Jorge Fontevecchia.
Además, el magistrado agregó que el Gobierno tiene que mantener actualizado el Registro Nacional de Comedores Comunitarios (Renacom) y actuar rápidamente en el caso de las organizaciones que tienen convenios en trámite para acceder precisamente a las prestaciones alimentarias. También le pidió al ministerio que informe el cumplimiento de los objetivos de los distintos planes sociales.
Tras conocerse la noticia, desde el CELS destacaron que "las políticas de transferencia directa de ingresos a las personas no son suficientes para resolver la integralidad y multicausalidad de este problema ni alcanzan para rebatir los efectos del retiro del Estado en los servicios sociales y en el apoyo a las organizaciones territoriales". Este medio buscó consultar a Capital Humano acerca de la resolución, pero no obtuvo respuesta.
Denuncias por "comedores fantasma" y extorsiones
Otro eje de conflicto vino de la mano con el llamado "Escándalo de los alimentos" y giró en torno a la denuncia del ministerio a cargo de Pettovello contra algunas organizaciones sociales por la supuesta administración fraudulenta y casos de extorsión a beneficiarios de planes sociales. La presentación, radicada en los tribunales de Comodoro Py, llevó a una investigación que encontró que el 47.7% de los comedores no pudieron ser relevados por distintas razones, como direcciones inexistentes y lugares que nunca funcionaron.
Ante estos hallazgos, Capital Humano pidió que se investiguen a fondo estas irregularidades, en las que quedaron involucrados dirigentes del Partido Obrero, como Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma y Gianna Puppo, pero también de otras organizaciones, como el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.
También se los acusa de uso de presuntas facturas “truchas” para justificar convenios y de supuestamente presionar a beneficiarios del Potenciar Trabajo para que asistir a marchas, entre otros motivos.
Citan a indagatoria a Eduardo Belliboni por presunta administración fraudulenta en el Polo Obrero
Así, Belliboni fue procesado por “administración fraudulenta” y Emilio Pérsico, líder del Movimiento Evita y ex funcionario de Alberto Fernández como secretario de Economía Social, por encabezar una supuesta matriz de corrupción con subsidios, en un caso en manos del fiscal Gerardo Pollicita.
Recientemente, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del líder del Polo Obrero pero agravó los delitos por los cuales estaban investigados al considerar que hubo “administración fraudulenta, amenazas coactivas y extorsión”, y al mismo tiempo los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens aseguraron que la resolución no tiene "como objeto una criminalización de las organizaciones sociales y las protestas a las que éstos convocan y lideran”.
“Es una campaña que se ha armado contra las organizaciones piqueteras”, se defendió Belliboni en diálogo con el medio Canal Abierto. "En estos años no se fue nadie del Polo Obrero y se vinieron más de 30.000. ¿Y eso es porque los extorsionamos? Es absurdo”, añadió al decir que harán una presentación en organismos internacionales por irregularidades en los operativos y allanamientos, en lo que solo parece ser uno de los tantos ejes de tensión que seguirá teniendo el Gobierno de Javier Milei en su segundo año.
FP / Gi
