El 30 de diciembre de 2004 lo que debía ser una noche de música y celebración se transformó en un infierno que marcó a la sociedad argentina para siempre. La “masacre” de Cromañón, que dejó 194 muertos y más de 1.400 heridos, expuso las grietas más profundas de un sistema marcado por la corrupción y la desidia, que llevaron a la reconfiguración del escenario político cuando las estructuras de poder debieron salir a dar respuestas.
Al hablar del incendio fatal producido por una bengala en el local que estaba ubicado en la zona porteña de Once suele hablarse de “tragedia”, pero muchos consideran que se trató de una “masacre”, porque el primero de estos términos refiere a algo que no puede evitarse. A lo largo de los distintos juicios realizados, se demostró que distintos funcionarios públicos cobraron coimas para habilitar este y otros boliches, a pesar de las múltiples irregularidades detectadas.
Familiares de Cromañón repudiaron el nombramiento de Aníbal Ibarra
El hecho provocó un fuerte cuestionamiento al Gobierno porteño, encabezado en ese momento por Aníbal Ibarra, que finalmente fue destituido en 2006 en el primer juicio político de la historia contra un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de ser reemplazado por su vicejefe, Jorge Telerman, éste terremoto político terminó siendo capitalizado por Mauricio Macri, líder de PRO, que se impuso en las elecciones a Jefe de Gobierno porteño de 2007.
En ese sentido, además de empresarios como Omar Chabán y los músicos de la banda “Callejeros”, distintos funcionarios públicos como bomberos e integrantes de la gestión de Ibarra fueron condenados. En los procesos judiciales se habló de prácticas sistemáticas de corrupción en las áreas de fiscalización y control, principal caldo de cultivo de la masacre.
A pesar de que pasaron dos décadas, Cromañón sigue siendo una herida abierta cuyos ecos resuenan en el presente. Hace dos años, por ejemplo, el inspector Roberto Calderini, acusado de fraguar planos para posibilitar el funcionamiento del local, fue absuelto. El 14 de diciembre pasado, en tanto, la Legislatura porteña aprobó casi por unanimidad la reforma de la Ley de Reparación Integral a los sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre.
La destitución de Ibarra
Inicialmente Ibarra cargó la responsabilidad en Chabán, productor musical y gerenciador de Cromañón, que posteriormente fue condenado por "Incendio Culposo seguido de muerte en concurso real con cohecho activo".
El entonces Jefe de Gobierno anunció el 31 de enero de 2005 su intención de convocar a un referéndum obligatorio y vinculante en el que se definiría su continuidad en el cargo, pero éste no se realizó. La Legislatura finalmente aprobó el inicio del juicio político el 14 de noviembre de ese año e Ibarra fue suspendido y reemplazado por Telerman en el cargo.
Tras una serie de idas y vueltas por la conformación de la sala de juzgamiento, ya que se registraron cambios por las elecciones legislativas de medio término, el 7 de marzo de 2006 finalizó el juicio político contra Aníbal Ibarra. El exfiscal federal fue destituido, acusado de presunta negligencia en el rescate y atención de las víctimas, pero no hubo consenso para inhabilitarlo a ejercer cargos públicos. La votación se produjo con 10 votos a favor, 4 en contra y una abstención; los dos tercios necesarios para la destitución.
Sin embargo, en el plano penal la jueza María Angélica Crotto sobreseyó en agosto de 2006 al ex Jefe de Gobierno de la Ciudad por considerar que los hechos que se le imputaban no eran delictivos. En su resolución indicó que controlar de forma personal el funcionamiento de los locales bailables no estaba en sus funciones, criterio que fue compartido por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional -un mes después- y por la Cámara de Casación -en 2007-.
De esta manera, la destitución no significó el fin de la carrera política de Ibarra. Volvió en las elecciones de 2007 encabezando una de las dos listas para diputados porteños que acompañaban la candidatura de Daniel Filmus. Aunque el exministro de Educación perdió, el abogado fue elegido legislador y reelegido para ese cargo en 2011, por lo que ocupó una banca en la Legislatura hasta 2015.
En 2014, a diez años de la “masacre”, Ibarra realizó un descargo mediante una columna titulada "Mi verdad sobre Cromagnon", publicada por el diario La Nación, donde aseguró que no había funcionarios corruptos en su administración. También acusó “la intención de algunos sectores políticos, con fuerte respaldo mediático”, de no buscar la verdad, “sino quedarse con un gobierno entrando por la ventana”.
La llegada de Mauricio Macri
El vacío generado por la salida de Ibarra fue capitalizado por el espacio de Mauricio Macri, que en 2005 era diputado nacional y presidente de Boca Juniors. El kirchnerismo, aliado político del exfiscal en 2003, evitó protagonismo en la discusión por su destitución. De cara a los comicios por la Jefatura de Gobierno, apoyó a Filmus en lugar de Telerman.
El entonces jefe de Gobierno y exembajador en Cuba cerró con la Coalición Cívica de Elisa Carrió, que en 2007 fue como candidata a presidenta. En la primera vuelta Macri fue el candidato más votado con 45.62% contra el 23.77% de Filmus, mientras que Telerman obtuvo el 20,68%. En el balotaje, el fundador del PRO logró imponerse ante el postulante kirchnerista con el 60.94 % de los votos.
Su triunfo marcó el inicio de un ciclo que domina políticamente la Ciudad de Buenos Aires hasta la actualidad, siendo reelegido en 2011 para el cargo y luego alcanzando la Presidencia de la Nación, en 2015. Asimismo, dos de los principales referentes del PRO, como son Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri han sido electos para gobernar el distrito -el segundo de ellos en los últimos comicios-.
Juicios y condenas: la responsabilidad estatal
La remoción de Ibarra por juicio político dio la sensación de que este tipo de hechos también conlleva consecuencias políticas. Aunque el exjefe de Gobierno fue sobreseído penalmente, se realizaron cuatro juicios orales en los que fueron juzgadas 26 personas, empresarios, los miembros de “Callejeros”, exfuncionarios porteños e integrantes de las fuerzas de seguridad.
El primer juicio por Cromañón fue el que se conoció como "Bomberos", donde los jueces Marcelo Alvero, María Cecilia Maiza y Raúl Horacio Llanos condenaron a tres integrantes de la Superintendencia de Bomberos, Alberto Corbellini -jefe de Prevención de Incendios de Bomberos de la Policía Federal-, Marcelo Nodar y Marcelo Fabián Esmok- por recibir coimas de dos empresarios, Rubén Fuertes y Luis Alberto Perucca.
La subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, que luego fue sentenciada también, aseguró que los bomberos cobraban coimas para habilitar boliches.
El segundo juicio fue el más trascendente porque comprendía la investigación por el incendio que provocó la muerte de 194 personas y causó cientos de heridos. Aquí fueron condenados Chabán, el manager de la banda, Diego Argañaraz; la mano de derecha del gerenciador de boliches, Raúl Villareal; y tres funcionarios del Gobierno porteño, entre otros actores sociales.
Además de Fiszbin, Gustavo Juan Torres, Director General de Fiscalización y Control; y Ana María Fernández, Directora General Adjunta, fueron encontrados culpables porque los jueces entendieron que desde la administración pública eran “responsables de evitar que, a raíz de las extensas irregularidades e incumplimientos en materia de seguridad, se desencadenara” este hecho, ya que “en ningún momento se ocuparon de inspeccionar el local ‘Cromañón’ tras la denuncia efectuada por el Defensor del Pueblo Adjunto, Atilio Alimena”, según el fallo.
Los tres fueron juzgados junto con el por entonces subcomisario Carlos Rubén Díaz, sobre quien los magistrados sostuvieron que “guiado por el cobro de sobornos omitió denunciar el local y permitió que siguiera funcionando durante varios meses”.
A 20 años de la tragedia, la serie sobre Cromañón genera críticas y elogios
El tercer juicio por Cromañón finalizó en 2012, donde fueron juzgados Rafael Levy, dueño del complejo donde estaba el boliche, el comisario Gabriel Sevald y tres ex funcionarios de seguridad del Gobierno porteño: el secretario Juan Carlos López, el subsecretario de Seguridad Urbana, Enrique Carelli, y el director del Servicio de Seguridad Privada, Vicente Rizzo. Aquí, el único condenado fue Levy.
El cuarto y último juicio fue contra el inspector del gobierno de la Ciudad, Roberto Calderini, acusado de haber cobrado coimas para habilitar el boliche. “Falsedad ideológica en documento público en concurso ideal con cohecho” fue el delito por el que lo condenaron, ya que en 1997, cuando el local se llamaba “El Reventón”, aprobó la habilitación a pesar de que meses antes había registrado varias irregularidades que no fueron corregidas, como que la superficie era mucho mayor que la declarada y que faltaban salidas de emergencias, entre otras.
Sin embargo, nunca fue detenido y su pena estuvo en revisión hasta 2022, cuando un tribunal superior lo absolvió por el cohecho y declaró la prescripción de la acción penal.
“En el debate se había probado que Calderini recibió dinero de los accionistas de la firma Lagarto SA con el objeto, de que en su condición de inspector dependiente de la Dirección General de Registros y Certificaciones elaborara un informe favorable respecto del local situado en Bartolomé Mitre 3060″, expresó en su alegato el fiscal Fabián Céliz. En el mismo, comentó tajante: “La corrupción fue la génesis de la tragedia”.
FP
