La disputa entre el Gobierno y la comunidad educativa comenzó a radicalizarse y no hay signos de puntos de contacto. Cada actor se aferró a su posición y está totalmente dispuesto a escalar el conflicto luego del blindaje por parte del Congreso al veto a la ley de financiamiento de las casas de estudio.
En los pasillos de Balcarce 50 entienden que la última oferta de aumento salarial que impusieron, el 6,8% para el mes de octubre, fue “positiva” y por encima del promedio de inflación mensual, y que llegó el momento de que los trabajadores docentes y no docentes de las facultades “se ajusten”. No está en estudio una oferta de recomposición salarial, como pide el frente sindical universitario a gritos, y recargan críticas contra los rectores por permitir las tomas de los establecimientos por parte de estudiantes.
Los cuestionamientos a los rectores tienen un motivo basado en la ley: cerca de Sandra Pettovello, la ministra de Capital Humano, a cargo de la Secretaría de Educación, recuerdan que ellos forman parte de la autoridad máxima de las casas de estudio, de acuerdo al artículo 31 de la Ley de Educación Superior 24.521, y los que deben garantizar la continuidad de las clases, hoy paralizadas por las tomas. Dicho texto dice que la fuerza pública no puede ingresar en las instituciones universitarias nacionales si no media orden de un juez competente o existe solicitud de la autoridad de la facultad.
Con todo, en La Libertad Avanza agregan que la problemática no tiene “un impacto importante” en la opinión pública. Es más: cerca del Presidente aseguran que las últimas encuestas que recibieron en torno al tema demuestran que una gran parte de la sociedad acompaña el rumbo de La Libertad Avanza y no tiene en su radar la problemática que atraviesan las facultades. “A nadie le importa el problema de las universidades con la inflación bajando, ya rompimos el 4% de promedio mensual, eso es lo que le mueve el amperímetro a la gente”, expresó ante PERFIL un dirigente libertario.
Sin embargo, los sondeos que se hicieron públicos en las últimas semanas y que consultaron sobre la importancia de la educación pública y su financiamiento marcan un fuerte apoyo a estas instituciones.
Por el momento, el Gobierno no quiere ver que del otro lado aparecen sindicatos y estudiantes, en tándem con los rectores, que van a radicalizar protestas con todas las herramientas que estén a su alcance. Por lo pronto, hay una reunión entre dirigentes sindicales, rectores y estudiantes para el martes 15, un paro nacional el 17 y quieren avanzar con otras medidas de acción para la semana del 21 de octubre. La intención de los actores es diagramar una nueva marcha federal universitaria.
A su vez, fuentes gremiales aseguran que no está descartado que el 30 de octubre, día de la huelga nacional de gremios de transporte, se adhieran a la iniciativa que lanzó Pablo Moyano, triunviro de la CGT y líder de Camioneros. El referente cegetista ya los convocó de manera formal para dar una señal contundente contra un gobierno “lleno de cipayos, ladrones y entregadores que desprecian la educación y la salud pública”.
Conflicto universitario: "No podemos esperar más"
Directivos de la Federación Universitaria Argentina (FUA) dan un paso más y plantean, además de la continuidad de las tomas, un acampe nacional en cada casa de estudio. “Porque no podemos esperar más. Tenemos que tomar en nuestras manos la lucha por la educación pública desde abajo. Las decenas de tomas en universidades de todo el país muestran que tenemos fuerza de sobra”, graficó Agustín Romero, directivo de organización de FUA.
En dicha entidad confían en profundizar la coordinación interfacultades con unificación de sectores. “Universitarios, trabajadores de la salud, jubilados. Ir todos hacia una Plaza Federal con paro activo y acampes, en conjunto con sectores obreros y populares en lucha. No vamos a esperar al 2025 ni confiamos en los que ya fracasaron”, agregaron.
LT
