La comisión de Presupuesto de Diputados ya tiene un calendario para el Presupuesto 2027: buscarán obtener dictamen el miércoles 28 de octubre y sesión en el recinto el miércoles 18 de noviembre. Lo detalló su presidente, Bertie Benegas Lynch, en la primera reunión, que comenzó al mediodía de este martes con la exposición del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y todavía sigue.
El plan de reuniones sería que mañana miércoles a las 10 irá al Congreso el secretario de Trabajo, Julio Cordero; el martes 20 habrá otra con un invitado sin definir, aunque Benegas Lynch dijo que intentará que concurran funcionarios de Educación; el 27 se hará una última informativa, que puede tener cambios, y al día siguiente se firmaría el dictamen. Después viene un parate. Las elecciones en Estados Unidos, para las que varios diputados fueron convocados, y la visita del papa León XIV dejan sin actividad buena parte de noviembre, según confiaron a PERFIL desde el oficialismo, y el trabajo se retoma en la semana del 16 al 20 de noviembre.
Antes de que el presidente de la comisión presentara ese cronograma, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, le había pedido una hoja de ruta. Se quejó de que pasó casi un mes desde que ingresó el proyecto sin una sola reunión para analizarlo.
Martínez informó además que el lunes ingresaron una nota por el capítulo de las universidades públicas, para que se instruya a la Jefatura de Gabinete a cumplir el fallo judicial y garantizar el financiamiento en 2027. Proponen subir los créditos con recursos de otras partidas del mismo proyecto, de modo de no alterar el resultado financiero previsto. "Queremos saber si han tomado conocimiento", planteó.
La respuesta llegó desde las dos puntas del oficialismo. Benegas Lynch dijo que no es competencia de la presidencia de la comisión "dar indicaciones a la jefatura de gabinete". La diputada oficialista Silvana Giudici coincidió en que los legisladores no pueden darle instrucciones al jefe de Gabinete, aunque aclaró que sí es competencia del Congreso fijar las prioridades en cada dictamen, y pidió que el expediente circule entre los diputados.
Martínez replicó que el jefe de Gabinete tiene control parlamentario, "así que lo hicimos sabiendo que podía". Quedará entonces ver cómo termina el dictamen.
Otro diputado de Unión por la Patria, Pablo Todero, preguntó si el ministro de Economía, Luis Caputo, iría a la comisión, porque le parecía importante que viniera "la persona que decide sobre todas estas cuestiones". Caputo, que no visita nunca el Congreso ante ninguno de los proyectos de ley que salen de su oficina, no dio señales de que asista en este año tampoco. Benegas Lynch respondió que lo central es discutir el Presupuesto y que, hasta ahora, los funcionarios que vinieron "han dado respuesta siempre".
Guberman: superávit, RIGI y el achique del Estado
Guberman abrió con un repaso de lo que, según su versión, recibió la gestión de Javier Milei: "12 años seguidos de déficit financiero", una brecha cambiaria que había llegado al 220% antes de las elecciones y un riesgo país que tocó un techo de 2.700 puntos y empezó a bajar después del balotaje. Sobre esa base defendió haber logrado "superávit financiero desde enero del 2024" como el sustento de la estabilización macroeconómica.
Planteó dos ejes de trabajo: "El ordenamiento monetario y financiero y las reformas para mejorar la competitividad". En el primero ubicó el saneamiento del balance del Banco Central, la prohibición de emitir dinero para financiar al Tesoro y un cepo que, dijo, está "prácticamente eliminado". En el segundo, la apertura de mercados con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur y los convenios con Japón y Estados Unidos, la reforma laboral, Inocencia Fiscal y los regímenes RIGI, RIMI y Súper RIGI, este último en discusión en el Congreso.
Sobre el gasto, destacó la eliminación de fondos fiduciarios, el refuerzo de la asistencia social y una baja de impuestos que, afirmó, convierte a la Argentina en "un caso único en el mundo", porque la combinó con superávit fiscal. Citó también una estructura de 193 cargos contra los 307 que había antes entre los funcionarios de primera línea, y una reducción del 15% del personal total del Estado.
Hasta ahí, la primera parte de la exposición fue más un balance de gestión que una defensa de los números de 2027. Esos números son los que la oposición quiere discutir: el proyecto supone un crecimiento del 4%, una inflación del 18% y un dólar a $1.847 a fin de año. Y es un antecedente que pesa, porque varias de las variables que Hacienda defendió para el Presupuesto 2026 fueron corregidas después por el propio Ejecutivo.
Universidades: 7,7 billones en el proyecto y 11 que piden los rectores
El reclamo de Unión por la Patria, que presentó el diputado Guillermo Michel, apunta al fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 11 y a la ley de Financiamiento Universitario 27.795. Propone compensar el gasto adicional con una reducción de la Jurisdicción 91, "Obligaciones a cargo del Tesoro", sin tocar el resultado financiero.
La brecha es grande. El Gobierno prevé 7,7 billones de pesos para las universidades, mientras que los rectores calculan que hacen falta 11 billones para cumplir la ley. El reclamo no es solo del peronismo: la UCR, Provincias Unidas y Argentina Federal también piden que se cumpla la norma.
En septiembre, fuentes oficiales habían dicho que el Gobierno estaba dispuesto a elevar los fondos hasta lograr un acuerdo que permitiera salir del conflicto judicial, aunque sin aceptar automáticamente la cifra de los rectores. La respuesta de este martes en la comisión no confirma ni descarta ese margen.
El tema, además, tiene fecha en la calle. El jueves 15 se realizará la quinta Marcha Federal Universitaria frente al Congreso, el mismo día de la sesión especial que la oposición convocó contra el DNU 70/23.
Discapacidad y un quórum de 129 que el oficialismo no tiene
El otro frente abierto es la ley de emergencia en discapacidad, la 27.793. El Presupuesto incluye cuatro artículos que eliminan puntos centrales de esa norma, entre ellos el artículo 14, que fijaba un nomenclador único nacional de prestaciones y, con su derogación, termina con la homogeneidad de los aranceles. Todo el arco opositor los rechaza, incluidos aliados del oficialismo, y el Gobierno analiza anularlos, en lo que fue un fuerte cortocircuito entre el oficialismo en el Congreso, con Patricia Bullrich a la cabeza, y lo que el ministro Caputo pretende en su "ley de leyes".
La ofensiva de LLA sobre la OPC se agrava a dos semanas del Presupuesto 2027
La Libertad Avanza impulsa con otros bloques un proyecto para mantener vigentes varios puntos de la ley y quiere debatirlo la semana próxima. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio y Argentina Federal, tiene un impacto fiscal de $600.000 millones en 2027, que deberían incorporarse al Presupuesto para asegurar el voto de los aliados. Economía incluyó en el proyecto 7,25 billones de pesos para discapacidad.
La cuenta de votos explica la cautela. La Libertad Avanza tiene 95 diputados y necesita al menos 129 para tener quórum, es decir que le faltan 34. Debe negociar con los aliados y con los gobernadores, que además reclaman fondos para obras públicas y para cubrir los déficits de las cajas jubilatorias provinciales. Además, el margen para modificar el proyecto es acotado: alrededor del 70% del gasto está comprometido en prestaciones previsionales, programas sociales y otras obligaciones del Estado.
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