La oposición, en todas sus versiones, se lanzó el último jueves y hasta el miércoles próximo en una carrera contra el tiempo para intentar rechazar el veto presidencial a la sancionada ley de movilidad jubilatoria.
“A juntar los dos tercios”, es la consigna que repiten en los distintos espacios, que todavía no tienen garantizado ese número mágico.
El planteo parece ir en contra del razonamiento parlamentario que indica que es conveniente realizar una convocatoria cuando se tienen cerrados los votos, pero a la vez apela al factor tiempo que creen que puede jugar a favor y generar mayor impacto tanto a nivel de la política como de la sociedad.
En simultáneo ya se prepara una movilización en la calle con convocatoria tanto de CGT como de CTA y de los movimientos sociales para generar presión sobre el Congreso, al momento de la sesión que arrancará al mediodía.
Unión por la Patria es el espacio que menos dudas tiene para repetir el sentido de la votación del pasado 5 de junio, e incluso tiene dos diputados que estuvieron ausentes (Ricardo Daives y Magalí Mastaler). Los referentes del bloque Independencia de Tucumán, también figuraron ausentes en el momento de la definición de hace ya tres meses. “No hay tiempo, pero tiene que ser certero porque no hay dos oportunidades, si no tenés el número queda ratificado”, remarca una de las diputadas que conoce bien el funcionamiento de la Cámara y advierte que el miércoles será una prueba de fuego. Dentro del sector de los confirmados también está la izquierda, que si bien se abstuvo en la primera instancia porque tenía un dictamen propio, ya dio a conocer su voluntad de rechazar el veto presidencial de manera explícita.
Según detallaron fuentes parlamentarias a PERFIL, el apuro tiene que ver con que en dos semanas ya se va a estar negociando a pleno el Presupuesto 2025, una instancia parlamentaria que suele generar idas y venidas sobre todo de bloques como Innovación Federal y otros diputados que responden de manera directa a los gobernadores.
Precisamente, el sector de los mandatarios provinciales tiene en sus manos buena parte de la definición y ya están generando algunas dudas en varios bloques. Tal es el caso del radicalismo, en donde las perspectivas de mínima hablan de entre cinco o seis diputados que no rechazarían el veto, hasta un máximo de ocho legisladores sobre un total de 34 que integran la bancada de Rodrigo de Loredo. Allí es Alfredo Cornejo, de Mendoza, el que está más cerca del gobierno nacional y el que mayor presión ejerce sobre sus dos diputados: Lisandro Nieri y Pamela Verasay.
Julio Cobos, también mendocino, fue uno de los firmantes del pedido de sesión para el miércoles que viene, por lo que la provincia podría quedar dividida en ese aspecto. En el caso de Jujuy, Jorge Rizzotti fue otro de los que suscribió la nota enviada a Martín Menem, pese a ser parte de una provincia gobernada por el radicalismo y también hay otros votos a favor garantizados desde la provincia.
Desde Córdoba, una de las provincias donde más presión ejerce el gobernador Martín Llaryora, la radical Soledad Carrizo subrayó que “el Presidente no tiene la última palabra” ya que el Congreso puede insistir con la ley aprobada.
Pero también planteó otra alternativa que también entró en estudio en las últimas horas que es la de “aceptar una parte del veto”, de manera de dejar fuera de carrera los artículos que podrían comprometer con mayor magnitud las cuentas del Estado, pero compensar de alguna manera a los jubilados.
LT
