Los dos decretos que establecen la nueva estructura y funcionamiento de la SIDE encienden las alarmas. El nuevo esquema diseñado por Santiago Caputo permitiría reeditar antiguas prácticas de persecución política, propone un esquema para el reingreso de agentes retirados (lo que llega de la mano de los vínculos con Antonio Stiuso), y centrará en el control de todas las cajas de inteligencia en la SIDE, incluso avanzando sobre las áreas de inteligencia criminal y de defensa.
“Cuando en el marco de sus actividades los órganos u organismos de inteligencia obtengan información que resulte de interés para las investigaciones judiciales o criminales y/o se detecten líneas de investigación nuevas a partir de las existentes podrán informar la misma a los órganos competentes, preservando las fuentes y los métodos”; así quedó redactado el nuevo artículo 4° bis, de la Ley N° 25.520 de Inteligencia, en la cual también se prohíben tareas de investigación criminal o de seguridad.
Sin embargo, supo ser una práctica extendida de los servicios solicitar a la Justicia autorización para escuchas, y de ese modo obtener información de personas o de figuras de la política, las que podrían ser sensibles y beneficiosas para el poder de turno. La ahora vieja AFI lo había prohibido.
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Por otro lado, la nueva central de inteligencia centrará todos los fondos en una sola persona: Sergio Neiffert, el hombre designado por Javier Milei a través de Caputo para conducir la SIDE. Neiffert tendrá el control a su vez de manejar las cajas de las otras agencias dentro de la SIDE.
Del SIA (Servicio de Inteligencia Argentino), a cargo de Alejandro Colombo, de la ASN (Agencia de Seguridad Nacional), a cargo de Alejandro Cecati, y de la agencia de Ciberseguridad, a cargo de Ariel Waissbein, un hombre con origen en el ámbito académico y sin terminal política según explicaron en la Casa Rosada.
Neiffert tendrá el control de los fondos de todas las agencias y además, según los dos decretos que salieron publicados el martes pasado en el Boletín Oficial, estará obligado a realizar una auditoría sobre el actual estado de la central.
Pero el punto más conflictivo es que surge de la intervención presupuestaria de la DNIC (Seguridad) y la Dniem (Defensa). Una intromisión directa en las cajas de inteligencia tanto en la cartera que conduce Patricia Bullrich como en el ministerio encabezado por Luis Petri. Una jugada que contradice tanto la Ley de Seguridad Interior como la de Defensa. Por ello el lunes pasado Caputo y Bullrich mantuvieron una reunión para coordinar las labores de la DNIC.
La cuarta agencia es la DAI, destinada al control interno. Hay hermetismo respecto del nombre, pero trascendió que se trata de un juez federal (no de Comodoro Py), quien está tramitando su jubilación.
Otro punto polémico de los decretos es que solicita se establezca un régimen especial para la reincorporación de agentes que hayan pasado a retiro blanqueando los vínculos que Caputo mantiene a través de delegados con Stiuso.
El Gobierno también busca que cada agencia tenga un edificio por separado mientras la SIDE continuará en la sede histórica de la calle 25 de Mayo. Todavía no hay precisiones sobre dónde podrían estar las nuevas sedes, pero según trasciende la definición se demorará. Y es que las cuatro agencias deberán tener lugares previamente adecuados para su funcionamiento.
