Como el Ejecutivo y el Legislativo, el Poder Judicial históricamente fue objeto más de críticas que de elogios, pero en mucho tiempo este último no tuvo tanta atención como ahora, pues su cabeza representada por la Corte Suprema de Justicia probablemente vuelva a completar su integración.
Es la política la que decidirá el próximo jueves 3 de abril a través de la Cámara de Senadores si finalmente el magistrado federal Ariel Lijo da el salto de Comodoro Py al cuarto piso del palacio judicial de la calle Talcahuano y si la membresía de Manuel García-Mansilla en máximo tribunal no caduca en noviembre de este año o antes.
Ambos candidatos propuestos por Javier Milei pasaron por un intenso proceso para poder llegar a esta instancia: adhesiones, impugnaciones y entrevistas en comisión de acuerdos de la Cámara alta, la cual dio el visto bueno para Lijo y no para García-Mansilla.
Un escenario bastante paradójico pues, hasta ahora, el académico no tuvo el beneplácito en primera instancia del Poder Legislativo para que su pliego se discuta en recinto, pero sí de la Corte, que le tomó jura en un acto, por un lado, definido como estrepitoso y, por el otro, “rápido y formal”, tras la reunión de acuerdos de Horacio Rosatti, Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti del jueves 27 de febrero pasado, horas después de que Javier Milei firmara el decreto de designación que posteriormente fue publicado en el Boletín Oficial.
El caso de Lijo, que en comisión corrió con una suerte distinta, apunta ahora más a la voluntad política principalmente del kirchnerismo, que sigue dudoso de conceder parte de los dos tercios de los votos del Senado pues, de hacerlo, será uno de los supremos que defina si la condena de Cristina Kirchner es de seis o doce años de prisión en la causa “vialidad” y si, en definitiva, se la inhabilita perpetuamente para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, en ese expediente judicial, el foco se corre más hacia García-Mansilla, debido a que en los recursos de queja que hasta el próximo martes las defensas tienen plazo para presentar, puede ser recusado, ya que la forma en la que fue designado como ministro de la Corte puede ser motivo de cuestionamiento.
Por otra parte, fue el máximo tribunal el que puso los más de veinte años de Lijo dentro del Poder Judicial entre la espada y la pared, al no convalidar la licencia concedida por Comodoro Py por sostener que no puede ejercer dos magistraturas en paralelo, una suerte de obligación a renunciar, algo que el propio Lijo dejó claro desde hace mucho tiempo que no iba a hacer.
En medio del debate político que se va a dar el próximo jueves está el capítulo judicial que tiene como principal protagonista al juez federal Alejo Ramos Padilla, quien tiene en sus manos un amparo colectivo en el que se pidió la inconstitucionalidad del decreto que designó a Lijo y a García-Mansilla como cortesanos. El magistrado platense puso en suspenso cualquier decisión tras adelantar que avanzará toda vez que el Senado se expida sobre ambos pliegos.
Lijo fue muy breve y puntual en la respuesta a la opinión que le pidió Ramos Padilla respecto a la demanda iniciada por el Cepis al sostener que no iba a renunciar a su cargo y que confiaba en que el Senado aprobara su pliego. Por su parte, García-Mansilla fue más contundente en su descargo, en el que solicitó rechazar el pedido el cual sostuvo es inadmisible, que atenta contra el orden público constitucional, que los actuantes son ilegítimos y que el magistrado no tiene jurisdicción para entender en la causa: “un juez no puede sacar a otro juez”, señaló.
¿Congreso mata decreto? Es uno de los interrogantes que surgen por estas horas. Una parte de la biblioteca dice que sí, pero la otra parte levanta la carta de la jura como miembro de la Corte al entender que el Poder Legislativo no puede revertir lo confirmado por el Poder Judicial, salvo que sea a través de un juicio político.
Precisamente sobre esto último se explayó García-Mansilla ante Ramos Padilla cuando dijo que está alcanzado por las garantías constitucionales y que solamente puede ser removido “mediante el mecanismo de juicio político”.
Sobre esto último hay opiniones divididas de constitucionalistas que por un lado dan la razón a este razonamiento; unos sostienen que el académico puede continuar en su cargo hasta el final del período legislativo, y otros, que un eventual rechazo del Senado haría que el cese en su cargo sea automático e inmediato.
