La Libertad Avanza presentó un proyecto para modificar la Ley Orgánica de los Partidos políticos. La iniciativa tiene dos objetivos fundamentales: establecer como requisito obligatorio tener el secundario completo para ser candidato a legislador y que aquellos que sean electos tomen un curso antes de asumir su banca. Aunque a simple vista pueda parecer menor, el tema abre una discusión profunda y polémica acerca de la representación.
El proyecto fue impulsado por el diputado mendocino Álvaro Martínez. Lo acompañaron 11 legisladores de La Libertad Avanza y la diputada tucumana Paula Omodeo, del bloque Creo.
“El objetivo es estar a la altura de las circunstancias y poner sobre la mesa que es necesario que nosotros estemos en permanente capacitación”, explicó Martínez a PERFIL. La propuesta incluye que aquellos diputados que no realicen el curso correspondiente antes de asumir tengan sanciones, que van desde un apercibimiento hasta la imposición de una multa a cobrar de su dieta.
Esa capacitación obligatoria incluiría temas como el funcionamiento del Estado y de los órganos de Poder, historia y práctica legislativa, entre otros temas. El proyecto deja en manos de las autoridades del Congreso las definiciones sobre cuánto tiempo durarían. Además, hace hincapié en las capacitaciones permanentes que se deben sostener durante el mandato.
¿Deben los legisladores tener el secundario completo?
El requisito de tener el secundario completo es el tema que genera más debate. La diputada María Emilia Orozco, que acompañó el proyecto, aseguró a PERFIL que el objetivo es “elevar la calidad del Parlamento” y consideró que es un tema fundamental: “Vemos también que a nivel municipal y provincial hay gente que llega a ocupar cargos sin haber terminado la escuela y acá en el Congreso nos pasa con una diputada que ha tenido intervenciones que dejan mucho que desear”, agregó.
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La legisladora hizo referencia a Natalia Zaracho, de Unión por la Patria. Sin embargo, también reconoció que el secundario puede no ser una garantía. Sin ir más lejos, en estos días una de sus compañeras de bloque, Lourdes Arrieta, defendió su visita a los genocidas en las cárceles con un argumento que da cuenta de su falta de conocimientos de la historia reciente: “Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época”, dijo la mendocina. “Cuando hablamos de mejorar la calidad del Parlamento incluímos a todos, también a nuestro espacio. La verdad, no comparto las declaraciones que hizo mi par”, respondió Orozco.
En cambio, el salteño Julio Moreno Ovalle también firmó el proyecto, pero le restó importancia al requisito del secundario: “Hay un problema de formación, sobre todo en los que recién se inician, en cómo presentar un proyecto y en conocer el reglamento. Es interesante hacer una capacitación antes de asumir para allanar ese camino. Es, simplemente, para que todos hablemos el mismo idioma. El asunto del secundario no lo veo demasiado importante. Creo que la universidad de la vida te enseña mucho más. Es una opinión personal y, de todas maneras, hoy hay muchas facilidades para terminar el secundario así que no lo veo como una limitación”, dijo a PERFIL.
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La Constitución Nacional establece que para ser diputado se requiere haber cumplido 25 años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincial que lo elija o contar con dos años de residencia inmediata. Por otro lado, la Ley Orgánica de los Partidos Políticos establece los criterios de inhabilitación de candidatos, que incluye a los excluidos del padrón, al personal superior y subalterno de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas de seguridad; a los jueces y funcionarios del Poder Judicial; a los directivos de empresas concesionarias de servicios y obras públicas; y a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Nada dicen la legislación sobre la formación.
Álvarez explica que por eso su proyecto no tiene ningún impedimento legal y equipara el requisito de haber terminado el secundario con la ficha limpia o con el impedimento para los condenados por violar los derechos humanos. Sin embargo, no todos comparten esa mirada.
Gerardo Scherlis, investigador del Conicet y profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, señaló algunas alertas: “Como legislador no votaría a favor de un proyecto como este. Por supuesto que me parece fundamental la formación de los legisladores, pero veo inconveniente incorporar este criterio como causal de inelegibilidad. En primer lugar, porque como criterio general son los ciudadanos quienes deben juzgar quiénes los deben representar. Luego, incorporar una causal de este tipo abriría las puertas a una nueva discusión: cuál o cuánta formación es necesaria para ser legislador”, explicó.
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Según Scherlis, las causales de inelegibilidad vigentes responden “son de otro orden” y, por lo tanto, no equiparables. “Esta nueva propuesta supone incluir un nuevo tipo de inelegibilidad que no creo que responda a un diagnóstico acertado de los déficits de nuestra democracia y por lo tanto no creo que ofrezca una mejora relevante”, reflexionó.
CP
