La Justicia dispuso ayer la prohibición de “exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar directa o indirectamente al señor Jorge Ernesto Lanata a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad”.
La decisión se conoció en el marco de la disputa que mantiene la esposa Elba Marcovecchio con las hijas del periodista por la tutela de los bienes, mientras se encuentra internado en recuperación por cuestiones de salud. Se trata de una medida de la jueza Lucila Córdoba ante la solicitud que realizó la propia Marcovecchio, que es abogada.
La notificación que llegó a medios de comunicación fue considerado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) como un “inaceptable caso de censura judicial”.
Según indicó la entidad cuando se conoció la decisión judicial, “se trata de una medida que debería ser dejada sin efecto con mayor premura que la que precedió a su dictado, por ser incompatible en letra y espíritu con las normas constitucionales e internacionales que prohíben la censura previa”.
En un comunicado citan “el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica que son tan claros y rotundos en esta materia que no se explica la ligereza judicial que los ha violentado”.
Cuestiona además que “la censura judicial en tanto puede ser fácilmente utilizada para proteger a los poderosos y silenciar a las voces independientes, representa un peligro para la convivencia democrática y el debate público”.
En la medida ordenada por el Juzgado Nacional en lo Civil número 8, también se “prohíbe la difusión por cualquier medio de prensa y comunicación de toda información que involucre a la señora Elba Lorena Marcovecchio, su imagen, intimidad, situación familiar e información relativa al trámite de la presente causa”.
Al respecto, la diputada del PRO Silvana Giúdici, extitular del Enacom, consideró como “excesiva la medida legal en la causa Lanata. Limitar el derecho de información sobre hechos vinculados al periodista implicaría censura previa. Por lo demás, qué tristeza que esto suceda aparentemente dentro de un proceso para declarar insanía o incapacidad pedido por familiares”.
