A partir de un fallo hecho por el juez federal Sebastián Casanello, la Justicia ordenó al Gobierno y al Congreso que penalicen la conducta de funcionarios que hagan tareas de inteligencia prohibidas. Fue en una resolución publicada hoy, en la que el juez que condenó la semana pasada al ex jefe de la Armada Jorge Omar Godoy y a su segundo Benito Rótolo por realizar tareas de inteligencia sobre los integrantes de organizaciones sociales, políticas y sindicales.
"Habré de recomendar a los poderes Ejecutivo y Legislativo que evalúen la propuesta de incorporación, como tipos penales específicos, de la represión de la conducta de los funcionarios que omitiesen evitar la comisión de tareas de inteligencia prohibida cuando tuviesen competencia para ello", fundamentó Casanello en su fallo.
Además, solicitó incluir un castigo a "los funcionarios a cargo de la repartición, establecimiento, departamento, dependencia o cualquier otro organismo en cuyo seno se hubiese producido la inteligencia prohibida.
Este planteo judicial llega en medio de las denuncias de parte de la oposición por el uso por el uso de la ex Secretaría de Inteligencia para espionaje interno, las acusaciones contra el jefe del Ejército, César Milani, y la causa abierta por el denominado "Proyecto X", por la cual se investiga si Gendarmería cometió espionaje interno a través de un software de computación a militantes políticos y de organizaciones sociales.
