La Iglesia ratificó su rechazo al proyecto del Gobierno Nacional que propone reducir la edad de imputabilidad como una estrategia para disminuir los niveles de violencia y criminalidad en el país. En ese sentido, argumentó que "los menores no son los que más delitos cometen", por lo que instó a fortalecer las "oportunidades de educación y formación laboral", así como a mejorar la contención familiar y social.
Bajo el lema “Más oportunidades que penas”, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, presidida por el obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, advirtió que la solución no pasa por bajar la edad de imputabilidad, sino por "asumir cambios profundos" que atiendan las causas de la "realidad que nos interpela".
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“Desde hace muchos años, la sociedad argentina viene padeciendo las consecuencias de administraciones políticas que no han sido capaces de crear una cultura del trabajo que incluyera a todos los habitantes y permitiera a todas las familias vivir con dignidad y procurarse los bienes necesarios para un auténtico desarrollo humano, laboral, social, económico y psicoactivo. Esto ha provocado innumerables problemas, entre los que se encuentra la inseguridad y la delincuencia juvenil”, indicó.
Sumado a esto, los obispos enviaron un mensaje de solidaridad hacia las víctimas de la violencia, incluyendo aquellos casos en los que los delitos fueron cometidos por menores de edad, "en ocasiones con violencia extrema que dejan heridas difíciles de cerrar". Sin embargo, cuestionaron que se focalice el debate en los jóvenes infractores, como si fueran los principales responsables de la inseguridad en el país: “Ante estas situaciones dolorosas se fortalecen las propuestas que hacen foco en los menores, como si fueran los únicos y los numéricamente más responsables de los delitos”.
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En esa línea, la Comisión Episcopal citó datos oficiales del Sistema Nacional de Información Criminal-Sistema Alerta Temprana del Ministerio de Seguridad de la Nación, que revelan que “los menores no son los que más delitos cometen” y que “los menores inculpados por delitos conforman un porcentaje muy bajo del total”.
Por ejemplo, en los robos de automotores, los menores de 15 años solo representaron el 4,74% de los inculpados en 2023, mientras que los acusados de 16 y 17 años sumaban un 8,75%. En los homicidios dolosos, los menores de 14 años fueron el 0,64% y los comprendidos entre los 15 y 19 años alcanzaron el 13,12%.
La necesidad de un abordaje integral y "considerar las causas" de la delincuencia juvenil
Los obispos remarcaron que el debate sobre la delincuencia juvenil requiere un abordaje integral y la participación de especialistas en diversas disciplinas, además de los testimonios de jueces, comunicadores, dirigentes políticos y ciudadanos víctimas de delitos. "La realidad es más diversa y la problemática de la delincuencia juvenil está atravesada por una enorme cantidad de factores, que hacen necesarias las voces de especialistas como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y docentes", detallaron.
Asimismo, consideraron que la propuesta de reducir la edad de imputabilidad no resulta razonable a la luz de estos enfoques. “Cuando se escuchan estas voces, los abordajes más complejos de la problemática, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad no parece ser la más razonable”, sostuvieron. “Es una idealización creer que la solución de la inseguridad es bajar la edad de imputabilidad y no considerar sus causas”, subrayaron.
En ese sentido, destacaron el impacto negativo del fácil acceso a las drogas entre adolescentes y jóvenes, señalándolo como una de las principales causas de la violencia. “Las drogas los están destruyendo y el consumo es una de las principales causas de la violencia. La droga sigue penetrando fácilmente en nuestros barrios y pueblos. Por ello, es necesario combatir el narcotráfico. Pero de esto se habla poco”, afirmaron.
Al respecto, denunciaron que el narcotráfico lleva décadas expandiendo su influencia en el país, generando consecuencias devastadoras en la juventud. “Viene ganando territorio en nuestro país y ampliando sus negocios, dejando tiradas y destruidas un montón de vidas y familias, particularmente a los jóvenes”, advirtieron.
También reflexionaron sobre la responsabilidad de la sociedad en la protección y contención de los jóvenes: “Podemos preguntarnos qué mundo estamos creando los adultos para el crecimiento y desarrollo de niños y jóvenes”. En esa línea, explicaron que “muchos crecen sin oportunidades de una buena educación o de una necesaria formación laboral, o de contención familiar y social”. Por ese motivo, consideraron "que es necesario promover una cultura del cuidado que garantice las condiciones para el desarrollo integral y pleno de cada persona”.
Luego de expresar el anhelo compartido de construir "un país sustentable, en paz, libre de violencia y con oportunidades para todos", la Comisión de Pastoral Social enfatizó que el Estado nacional, junto con los gobiernos provinciales y municipales, así como la dirigencia política, desempeñan un papel fundamental en la consecución de este objetivo.
“Pero también los dirigentes de movimientos sociales, los sindicalistas, los clubes, los religiosos, el mundo empresario y los ciudadanos tenemos que aportar lo que sea necesario para ampliar las oportunidades de educación, de formación, de cercanía con los niños, adolescentes y jóvenes vulnerables”, remarcaron.
Finalmente, hicieron un llamado a la responsabilidad colectiva en la construcción de un país más equitativo. “Estamos todos en la misma barca y nos salvamos juntos o nos hundimos todos”, concluyeron citando al papa Francisco. En agosto del año pasado, el sumo pontífice ya se había manifestado en desacuerdo con la iniciativa del Gobierno argentino de reducir la edad de imputabilidad a 13 años, sugiriendo que cualquier modificación del Régimen Penal Juvenil debe centrarse en la "reinserción y la educación".
MB/Gi
