El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a reclamarle a Javier Milei que le devuelva los $ 750 mil millones del Fondo de Fortalecimiento de Seguridad para la Provincia de Buenos Aires. En febrero del año pasado, el Gobierno Nacional eliminó estas transferencias a través del Decreto 192/2024 bajo el argumento de que “no hay solución alternativa a un urgente ajuste fiscal que ordene las cuentas públicas”.
Desde entonces, el mandatario provincial impulsó acciones judiciales ante la Corte Suprema para que se restituyan las transferencias, pero no tuvo éxito. Hasta el momento, Nación acumula una deuda por $ 750 mil millones con PBA por este concepto particular, pero no es el único. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, lo había expresado en palabras contundentes: “Nos quitó un cuarto del presupuesto”.
Desde el Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo, comentaron a PERFIL que “es erróneo decirle Fondo”. “Era una asignación de fondos creada por decreto donde se estipulaba que en cualquier momento el Gobierno Nacional podía dejarlo sin efecto”, expresaron.
Los fundamentos de la creación del “Fondo para el Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires”, están en el decreto 735/2020. Sostienen que si se suman los recursos que transfiere Nación, “la Ciudad de Buenos Aires exhibe el segundo presupuesto más importante del país, en un territorio cuya superficie asciende apenas a 203 kilómetros cuadrados, en contraposición a la superficie de la Provincia, cuya superficie es de 307.571 kilómetros cuadrados”.
Esta transferencia había sido estipulada desde septiembre del 2020 para solucionar el conflicto iniciado por un reclamo salarial de efectivos de la Policía Bonaerense por malos sueldos heredados. La Ciudad de Buenos Aires recibía, hasta entonces, un porcentaje de recursos coparticipables adicionales por el traspaso de las cincuenta y tres comisarías que la Policía Federal tenía en la Ciudad de Buenos Aires hasta 2016. En total, la Capital contaba con un presupuesto per cápita del doble que el bonaerense.
Por ese entonces, el oficialismo había acordado con la oposición distribuir el dinero para adquirir nuevos móviles policiales, refacciones de dependencias de seguridad, reparación de vehículos, cámaras de seguridad, sistemas de monitoreo y alertas, obras de infraestructura de seguridad y hasta un 10% en otros gastos asociados a los servicios de seguridad.
