El debate de una reforma de la ley de Fueros para expulsar a legisladores que tengan causas judiciales y el pedido del kirchnerismo para echar al senador Edgardo Kueider se instalarán con fuerza en el Congreso en la primera semana de sesiones extraordinarias.
Si bien se aguarda que entre mañana y el martes se formalice la convocatoria a extraordinarias anunciada el miércoles pasado por el vocero presidencial, desde el oficialismo, el kirchnerismo y los bloques dialoguistas comienzan a definir su estrategia.
Manuel Adorni anunció la semana pasada que el Gobierno quiere tratar seis temas: la ley de Fueros, las reformas electoral —con eliminación de las PASO— y política, juicio en ausencia, autorización al presidente para poder viajar al exterior sin pedir permiso al Congreso, y ley antimafia.
La lista de temas no incluye dos temas claves, el proyecto de ficha limpia pedido por los bloques “dialoguistas” y el Presupuesto 2025, lo cual generó el rechazo de toda la oposición en el Congreso porque será el segundo año que no se aprueba la ley de gastos y recursos.
Sobre el tema de la reforma electoral donde se propone eliminar las elecciones primarias (PASO) no había acuerdo entre el oficialismo y la oposición, sino que hay diferentes posiciones dentro de Unión por la Patria y los bloques dialoguistas.
En ese escenario será difícil que se pueda avanzar en los cambios, con lo cual el PRO viene proponiendo que las reformas electorales y políticas se posterguen hasta febrero debido al escaso tiempo que hay hasta el 27 de diciembre, teniendo en cuenta que durante esa última semana de sesiones están las fiestas de Navidad.
De hecho, los únicos proyectos que podrían avanzar, ya que tienen despacho de comisiones, son los de juicio en ausencia en diputados y ley de mafias en el Senado.
La reforma de la ley de Fueros, un tema central para todo el arco político
Si bien parecía que la reforma electoral que propone eliminar las PASO y limitar el aporte estatal iba a ser el tema central de las sesiones extraordinarias, la detención en Paraguay del senador de Unidad Federal, Edgardo Kueider, con 200 mil dólares sin declarar, volvió a instalar el debate sobre la ley de Fueros. El interbloque de Unión por la Patria pidió una sesión especial para el jueves a las 11 para tratar la expulsión del senador entrerriano.
Como contraofensiva, el Gobierno estudia mandar un proyecto donde propone echar a todos los legisladores con causas judiciales. Incluso el Gobierno lanzó en la cuenta de Adorni una encuesta que tuvo cien mil participantes donde preguntaba a los usuarios de la red social X si está a favor de echar a los legisladores que tengan causas judiciales, y el resultado fue contundente de 92 por ciento a favor.
En esta situación, con procesos judiciales, se encuentran los K Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz y Rodolfo Tailhade. De todos modos, no será fácil que pueda avanzar esta propuesta si finalmente es incluida en el proyecto de reforma de la ley de Fueros que debe girar el Gobierno nacional, ya que puede chocar con la Constitución nacional.
En 2020 luego del escándalo por la sanción del proyecto flexibilización laboral donde se hablaba de la "ley Banelco" (ya que se denunció que hubo coimas para que senadores del PJ apoyen esa ley) se avanzó con una reforma de la ley de Fueros.
A partir de esa norma, aprobada a instancias de la líder de la Coalición Cívica Elisa "Lilita" Carrió, un legislador puede ser investigado y procesado sin tener que pedir autorización al Congreso e incluso si el juez lo pide —porque puede entorpecer la causa— se puede pedir el desafuero.
Antecedentes y límites de la investigación local a Kueider
Esto sucedió en el caso del exministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien fue desaforado el 25 de octubre del 2017 con el respaldo de 176 votos, lo cual superó los dos tercios del total del cuerpo legislativo. Pero la ley no autoriza a allanar domicilios y oficinas sin pedir autorización a la Cámara a la cual pertenece el legislador que será sometido a una investigación.
En la Cámara de Diputados hay un proyecto de la diputada Silvia Lospennato para que el juez solo deba comunicar su decisión de allanar su domicilio o despacho. La legisladora del PRO propone que "cuando se ordene el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de un legislador, el juez deberá comunicar la decisión al presidente de la respectiva Cámara previamente a que dicha medida se haga efectiva".
"Una vez puesto en conocimiento, el presidente de la Cámara respectiva debe designar a un legislador de la misma Cámara para que se haga presente durante el allanamiento", agrega el proyecto. También fija que "tanto el presidente de la Cámara de que se trate como el legislador designado deberán guardar absoluta reserva de la medida a realizarse hasta tanto esta se haga efectiva".
Además, detalla que "si la medida judicial fuera ordenada respecto del presidente de la Cámara de Diputados, la comunicación prevista en el primer párrafo del presente artículo deberá cursarse al vicepresidente primero de la misma Cámara, en las mismas condiciones y con el mismo alcance".
ML
