La próxima semana Alberto Fernández se jugará una de las pocas cartas que por ahora tiene en mano de su estrategia de defensa en la causa donde está imputado por presunta violencia de género.
El martes a media mañana deberá comparecer a los tribunales de Comodoro Py, Noelia del Valle Gómez, una de testigos propuestas por la abogada del ex presidente Silvina Carreira, que trabajó como niñera de Francisco, hijo de Alberto y Fabiola, durante sus primeros meses de vida pero que no fue empleada de la Quinta de Olivos.
El de Gómez, quien en un principio estuvo citada el 3 de octubre, por el momento apunta llegar a ser el único testimonio válido del lado de la defensa. Si bien, el ama de llaves Cintia Tonietti declaró durante más de 4 horas el pasado 25 de septiembre.
Sus dichos ante la justicia fueron invalidados luego de un pedido de la letrada querellante Mariana Gallego quien sostuvo que todas las testigos que hicieron declaración notarial ante el escribano Lisandro Barga violaron el acuerdo de confidencialidad. La abogada fue por más y denunció que Tonnieti incurrió en el delito de falso testimonio.
Tras evaluar la documentación consignada por la Secretaria General de la Presidencia, el fiscal le requirió al juez Julian Ercolini suprimir los testimonios de Tonietti, de Karina González y Amalia Moreno cosa que el magistrado avaló.
Para la defensa, el planteo del fiscal fue “antojadizo” y la decisión “arbitraria”, con lo cual analizan si amplían la recusación que hicieron días atrás contra González. Incluso, los letrados de Alberto reprocharon el hecho que no fueron relevados del acuerdo de confidencialidad ni el ex intendente de la quinta de olivos, Daniel Rodriguez, y tampoco la ex secretaria privada presidencial, Maria Cantero.
Una alta fuente judicial consultada por PERFIL señaló que, “el secreto de confidencialidad con rige para actos particulares como declarar en una escribanía mas no así ante la justicia pues se trata de un secreto firmado en un contrato laboral, no se trata de la normativa para un organismo como sería por ejemplo, la ley de inteligencia para la AFI”.
La denuncia contra la esteticista quedó cerca de desembarcar en Comodoro Py
Esta semana Alberto Fernández ratificó la denuncia contra María Florencia Aguirre quien fue esteticista de Fabiola Yáñez. En su acusación presentada a finales de septiembre, la defensora Silvina Carreira sostuvo que la cosmetóloga incurrió en “gravísimas faltas a la verdad” durante su testimonial, puntualmente cuando dijo haber estado en la quinta de Olivos el 29 de junio de 2021, momento en el que manifestó haber visto el hematoma en el ojo de la ex primera dama.
Aguirre fue la primera persona fuera de la familia Yáñez en declarar bajo juramento de decir la verdad. En su momento dijo no creerle a Fabiola cuando al preguntarle qué le pasó en el ojo, la ex primera dama le contestó “fue Alberto sin querer”, ante ello agregó que “tampoco la quería indagar mucho”.
Carreira dijo que la aseveración de Aguirre sobre el hematoma fue falsa y “claramente con una animosidad marcada en contra del sr Alberto Fernández” y “sin ningún tipo de rigor científico” y que buscó “buscó perjudicarlo de forma palmaria”.
Dicha denuncia recayó en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Número 46, a cargo de Jorge de Santo. En las últimas horas el fiscal Pablo Lugones dictaminó que la causa tiene que seguir su curso en la justicia federal, de ocurrir, implicaría un nuevo revés para el ex mandatario en su intención de sumar una victoria judicial fuera de Comodoro Py.
Una situación igual de contrapuesta para Alberto pasó cuando denunció a Fabiola en Comodoro Py de haber violado su intimidad por haber filtrado fotografías y videos de un celular que le regaló al hijo de ambos y en su nube de Google. En varias de las piezas audiovisuales sale Tamara Pettinato en el despacho presidencial.
Allí, tras divergencias entre la jueza Maria Eugenia Capuchetti y su par de la justicia ordinaria Alejandro Ferro por cuestiones de competencia, el expediente terminó en el fuero criminal y correccional. La curiosidad es que en medio de ese “dime y direte” de ambos magistrados, la causa literalmente no salió de Comodoro porque ambos juzgados funcionan en el mismo edificio.
Finalmente y tras argumentar que el delito es de acción privada, Capuchetti lo envió a Cámara Nacional de Casación que determinó que un tribunal de la justicia ordinaria será quien dirima ese proceso. Se espera que en los próximos días los jueces convoquen a una audiencia de conciliación de carácter obligatorio que de no avanzar se llegaría a un juicio.
