En una decisión unánime, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al recurso extraordinario presentado por la procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, y anuló la sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial que había ratificado su destitución. La funcionaria había sido acusada de “mal desempeño” en la causa en la que se condenó a 8 años de prisión al ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri.
El fallo difundido este viernes 6 de diciembre determinó que hubo “graves irregularidades que afectaron las garantías del debido proceso y el derecho de defensa”. A partir de esto, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti decidieron revocar la sentencia y declararon “nulidad de todo lo actuado”.
Además, la Corte sostuvo que el Superior Tribunal provincial “omitió tratar cuestionamientos relacionados con la ausencia de imparcialidad del Jurado de Enjuiciamiento”. Entre ellos, los vinculados a la participación de dos integrantes del jurado que previamente habían intervenido en su carácter de vocales del Superior Tribunal en la causa penal que diera origen al juicio político.
Sin embargo, los integrantes de la Corte aclararon que la nulidad de lo actuado no implicaba adentrarse en los hechos que motivaron las acusaciones contra la fiscal.
Cómo inició el pedido de destitución a Goyeneche
La acusación comenzó a fines de 2021. Allí, la señalaron por “mal desempeño de sus funciones”. Posteriormente, en mayo de 2022, la fiscal anticorrupción fue destituida de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos, acusada de “conductas incompatibles con el ejercicio del cargo”.
A partir de esto, Goyeneche recurrió tanto al Jury como al Superior Tribunal para negar las acusaciones y exigir “un proceso justo que respete sus garantías a la defensa en juicio”. Tras el rechazo a su apelación en la justicia provincial, la funcionaria recurrió a la Corte Suprema, entidad que finalmente revocó la sentencia.
Goyeneche era la Procuradora Adjunta de Entre Ríos e intervino en varias causas de relevancia política. Uno de los casos más importantes, los “Contratos de la Legislatura” provincial, había revelado un entramado para extraer del Estado vía contratos de locación ingentes recursos públicos todos los meses durante años y que implicó sumas millonarias.
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