La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves 6 de marzo el pedido de licencia extraordinaria que presentó el juez federal Ariel Lijo. La decisión fue tomada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y el recientemente asumido Manuel García-Mansilla, quienes se opusieron a que el juez federal integre el máximo tribunal sin renunciar a su cargo actual. Sólo Ricardo Lorenzetti, en minoría, propuso avanzar con su nombramiento.
Ahora Lijo se mantendrá en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 4, en los tribunales de Comodoro Py, a la espera de una definición en el Senado, que podría dar el acuerdo para su asunción definitiva.
Las versiones indican que Lijo no estaría dispuesto a renunciar al cargo que actualmente desempeña para ocupar un lugar en la Corte solo hasta fin de año. El magistrado había recibido una aprobación unánime por parte de la Cámara Federal sobre el pedido de licencia que había solicitado para asumir en comisión en el máximo tribunal del país.

En la nota presentada ante la Cámara Federal porteña, Lijo había señalado que su cargo "carecía de estabilidad" y que por ese motivo pedía una "licencia sin goce de sueldo".
La designación en el decreto 137/2025 establecía que Lijo integrara el tribunal hasta noviembre y, de no tener el acuerdo del Senado, podría verse obligado a retomar sus funciones en el Juzgado federal de Comodoro Py, donde se desempeña.
Ariel Lijo: decretazo y después
Los detractores de la iniciativa argumentaron que la licencia otorgada por la Cámara Federal no tenía validez, ya que solo la Corte puede otorgar licencias extraordinarias. Se especuló con que la Corte podía rechazar el pedido, algo que se concretó este jueves.
Esa mirada era compartida por el exmiembro de la Corte Juan Carlos Maqueda, que dejó el tribunal en diciembre de 2024 y puso el foco en los antecedentes: “En la década del 70, hubo un juez federal de primera instancia que había sido designado en comisión en segunda instancia. La Corte, en ese caso, se pronunció diciendo que el juez no podía pedir licencia a un cargo para tener el otro. Claro, tenía que renunciar a ese cargo”.
Por las formas, la designación de Lijo y también la de García-Mansilla quedaron envueltas en una polémica y generaron un importante ruido político para el gobierno de Javier Milei.
Este miércoles, por ejemplo, un grupo de ONGs presentó en la Justicia un recurso de amparo contra el Estado con el pedido de que se anule la designación de los jueces. Lo firmaron Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), y el el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Las organizaciones señalaron en el escrito que el procedimiento habitual para la designación de jueces exige el aval del Senado.
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