Cuando faltan diez días para que termine el año, la Casa Rosada no se hace eco de las señales que envía la Corte Suprema de Justicia pese a que todavía persiste la falta de acuerdos y no se destraban las negociaciones para nombrar a los dos postulantes del Gobierno al máximo tribunal, el juez federal Ariel Lijo y el catedrático, Manuel García Mansilla.
Es que la acordada de la Corte del miércoles pasado que estipula que el máximo tribunal puede funcionar normalmente con tres miembros no causó sorpresa, ni estupor, ni asombro en los pasillos de la Casa de Gobierno.
Lejos de eso, la jugada que llevó la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y la disidencia de Ricardo Lorenzetti, fue tomada con absoluta tranquilidad. En Casa Rosada señalaron que estaban al tanto de cómo se pronunciaría la Corte y dijeron que se trata de un mecanismo “habitual” para poder funcionar. Total normalidad. ¿“TMAP”?
Ni la acordada, ni los dichos del saliente Maqueda (señaló que la democracia argentina tuvo “mejores momentos”) alteraron en más mínimo los planes del gobierno de Javier Milei en cuanto a la designación de sus dos postulantes.
La única voz oficial que salió a contestar fue la del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien marcó cuestionamientos por la dilación que la Corte Suprema tiene para emitir fallos. “Es lamentable 15 o 20 años para dictar sentencia”, señaló el jefe de la administración.
En el propio Gobierno reconocieron que las afirmaciones de Francos apuntaban a dejar un precedente en caso de que finalmente Lijo y García Mansilla sean designados por decreto. Es que sin acuerdos con el kirchnerismo, todo indica que saldrán por decreto más temprano que tarde.
Lijo y Mansilla: "son los dos" o ninguno
El Presidente, quien delegó en el asesor Santiago Caputo las negociaciones, no modificó ni un ápice la hoja de ruta. En el Gobierno señalan que “son los dos” o ninguno y que están dispuestos a negociar tanto la ampliación del tribunal como los 150 pliegos de jueces nacionales (que fueron anunciados en conferencia pero no remitidos al Senado), pero únicamente después de que Lijo y García Mansilla ocupen una silla en el máximo tribunal.
Un esquema que se repite semana tras semana en los pasillos de la Casa Rosada, teniendo en cuenta que las audiencias públicas ante la Comisión de Acuerdos se desarrollaron a fines de agosto pasado y que ingresaron formalmente a la Cámara Alta el 28/05.
La falta de envío de los 150 pliegos para juzgados nacionales y federales es una pista de por dónde transitarían las conversaciones. “Si vos sos gobernador y van a nombrar un juez federal en tu provincia; ¿no querrías saber de quién se trata?”, razonan en la Casa Rosada para explicar que la negociación hoy está más con los mandatarios provinciales que en el Senado.
Es que en Casa de Gobierno apuestan a tener los votos del peronismo no referenciados en Cristina Kirchner, tarea que asoma difícil, mucho más luego de la expulsión del senador detenido en Paraguay, Edgardo Kueider, que obligó al peronismo a cerrar filas.
Otro punto que hace aún más cuesta arriba la tarea de Caputo y de su mano derecha en materia judicial, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, es que con Kueider expulsado el oficialismo perdió un voto y quien reemplazará a Kueider será una dirigente ultrakirchnerista, la camporista Stefanía Cora. Una matemática cada vez más complicada para la Casa Rosada.
En el propio oficialismo reconocen que no tendrán argumentos para que Cora asuma y que no accionarán contra la sesión “mal convocada” por Victoria Villarruel, porque equivaldría a reconocer el error político que se cometió. Ayer, Milei al inaugurar el nuevo edificio de la Bolsa de Comercio en Córdoba alertó que el año próximo no viajará mucho al exterior. “No se entusiasmen con que viaje mucho porque, cada vez que me voy, siempre uno me hace alguna…”, dijo.
Con todo, en la semana que culmina la Casa Rosada dejó trascender un fuerte mensaje: que el decreto para nombrar a Lijo y a García Mansilla en el máximo tribunal ya está listo desde hace más de un mes y fue trabajado por el equipo de Caputo, especialmente por María Ibárzabal Murphy, la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo y que forma parte del círculo más estrecho de colaboradores del asesor presidencial.
Además, entienden que amparado en el artículo 46 de la Constitución, el Presidente está obrando conforme a derecho si designa a los dos magistrados vía decreto.
En la Casa Rosada aseguran estar dispuestos a realizar un último esfuerzo para alcanzar acuerdos y que los pliegos de los jueces sean tratados por el Senado, en febrero o marzo del año próximo.
En el Gobierno creen que la feria judicial de enero les dará una ventana de tiempo, teniendo en cuenta que Maqueda cumple 75 años el próximo 29 de diciembre. Ese período les permitiría seguir avanzando en las conversaciones con el objetivo de realizar un último esfuerzo y alcanzar los consensos que vienen demorados desde hace meses.
Tampoco recogen el guante respecto de la posición que fuentes judiciales cercanos a Lijo dejaron trascender. Que el magistrado no está dispuesto a renunciar a su juzgado para asumir en comisión en el máximo tribunal. “No es un tema nuestro”, explican. En las últimas horas, se especuló con la posibilidad de que Lijo pueda pedir licencia para asumir en el máximo tribunal.
En otro orden de temas, la Casa Rosada eligió el silencio ante el fallo del máximo tribunal que prohibió las reelecciones indefinidas en la provincia de Formosa. Sin embargo, por lo bajo no dejaron de mostrar desacuerdo. Consideran que es una intromisión al sistema electoral de una provincia, avasallando su autonomía. Además, creen que con dicho fallo, la Corte da señales de acercarse al “macrismo” judicial.
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