La Cámara de Diputados retomará el debate por la implementación del sistema de juicio por jurados a nivel federal. La propuesta, incluida en el ambicioso proyecto conocido como "Ley Ómnibus" enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, pretende transformar profundamente el sistema judicial del país mediante la participación ciudadana en los procesos judiciales.
Este martes 10 a partir de las 14:30, un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto de la Cámara baja continuará el análisis de los ocho proyectos de ley presentados sobre este tema.
En tanto, el interés por desarrollar el sistema de juicios por jurados se mostró transversal entre la mayoría de las fuerzas políticas. Sin embargo, hasta el momento la instancia permaneció exploratoria y no resolutiva, enfrentando presuntos lobbies corporativos de magistrados que se oponían a perder control sobre la administración de justicia.
Detalles de las negociaciones por el juicio por jurados
En la primera reunión del 28 de agosto, los autores de cada proyecto expusieron sus propuestas. Para la segunda reunión, se convocó al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, y a una serie de expertos y representantes del ámbito judicial y académico.
Entre ellos estaban el juez de la Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Via, los abogados penalistas Roberto Rallin y Francisco Oneto, la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (CABA y Provincia), Emilia Valle, la presidenta de la Asociación Argentina Juicio por Jurados, Silvina Manes, el director Ejecutivo de INECIP, Julián Alfie, el presidente superior del Tribunal de Justicia de Chaco, Víctor del Río, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Andrés Harfuch, y el fiscal general del Departamento Judicial de Dolores, Diego Escoda.
El objetivo de la iniciativa fue establecer el sistema de juicio por jurados en el ámbito de los tribunales federales y nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cumplimiento con una manda constitucional ratificada por la Convención Constituyente de 1994. La propuesta permitía que un grupo de ciudadanos sin formación jurídica, elegidos por sorteo público, determinara la culpabilidad o inocencia de acusados de delitos graves basándose en su propio criterio moral.
Un símbolo de democracia participativa
La reforma buscó mejorar el servicio de justicia mediante participación democrática, transparencia y control popular de las causas judiciales. Este enfoque no solo acercó la justicia a la gente, sino que también dotó de legitimidad a los fallos derivados del proceso judicial. Garantizó, además, la imparcialidad del jurado y ofreció al acusado la ventaja de ser juzgado por pares en lugar de por el Estado, que a veces puede estar influenciado por intereses corporativos.
El juicio por jurado ya existía en muchos países y también se implementaba en provincias como Córdoba, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Chaco, Río Negro, San Juan y Chubut. En la provincia de Santa Fe, había una media sanción desde 2001.
El sistema era reconocido internacionalmente como un símbolo radical de democracia participativa, similar a otros instrumentos como el presupuesto participativo, la consulta pública, la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito.
Detalles del proyecto de ley del gobierno de Javier Milei
El proyecto de ley, presentado por el presidente Javier Milei, propone la creación de un sistema de juicios por jurado para delitos federales con penas mayores a cinco años. Esta medida busca extender a nivel nacional un modelo que ya ha sido adoptado por 11 provincias argentinas en casos de delitos graves. Mendoza, por ejemplo, exige jurados populares en causas de homicidio, un reflejo de cómo este sistema se fue integrando en diferentes jurisdicciones.
Semanas antes, el Gobierno había presentado su propio proyecto en el ex Centro Cultural Kirchner, hoy Palacio Libertad, con la participación del presidente Javier Milei. Sin embargo, el Poder Ejecutivo no había ingresado formalmente ningún texto propio. En la primera reunión del plenario de comisiones, el presidente de la comisión de Justicia, Manuel Quintar, anunció que se trabajaría sobre la base de los proyectos presentados por la oposición para "abrir el juego".
Otros proyectos
Por su parte, los proyectos presentados por Roberto Mirabella (Unión por la Patria) y Fernando Carbajal (UCR) plantearon la conformación de jurados populares de 12 integrantes y dos suplentes. Estos jurados debían estar presentes durante todo el proceso con la orientación de un juez encargado de la fundamentación jurídica y técnica del fallo.
El sorteo público se realizó a partir de los padrones confeccionados por la Cámara Nacional Electoral cada dos años. Los ciudadanos sorteados, de la misma circunscripción territorial en la que se cometió el delito, estaban obligados a comparecer y no podían excusarse salvo en caso de incompatibilidades detalladas en la normativa. Cualquier argentino o naturalizado con dos años de ciudadanía, de 18 a 75 años, que supiera leer, escribir y comprender el idioma nacional, podía ser elegido para el jurado.
Algunos proyectos establecieron la paridad de género para la integración del jurado. Las incompatibilidades se aplicaban a autoridades de los tres poderes y ministerios públicos, integrantes de Fuerzas Armadas y fuerzas de seguridad, abogados, escribanos, ministros de cultos religiosos, y directivos de partidos y sindicatos, entre otros.
Justicia injusta: un fracaso argentino archivado
Los sorteados debían prestar juramento de decir la verdad durante la audiencia de selección, ya sea de manera individual o colectiva según dispusiera el juez. La mayoría de los proyectos contemplaron una remuneración básica por cada día de servicio y el cubrimiento de viáticos, garantizando que los empleadores no pudieran perjudicar a los ciudadanos afectados por haber sido convocados a la causa judicial.
El jurado popular debía deliberar sobre la prueba y determinar la inocencia o culpabilidad del acusado tras los alegatos de la defensa y la acusación. La idea era que el veredicto fuera por decisión unánime o, en su defecto, por una mayoría contundente de votos. El articulado también preveía la prohibición de represalias o amenazas contra los jurados, garantizando su independencia durante el juicio.
Por último, el principio de presunción de inocencia establecía que, en caso de duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, este quedaría absuelto. Si existía duda sobre los grados del delito, se lo condenaría en el grado inferior.
NA / cd / ds
