Es un proyecto que viene trabajando Jorge Macri, junto a su ministro de Justicia, Gabino Tapia, desde el comienzo de la gestión. Y también fue una de las promesas de campaña: el traspaso y transferencia de áreas y de competencias. En este caso particular, mañana la Legislatura porteña aprobaría un proyecto para crear el Fuero laboral de la Ciudad. Es decir, la posibilidad de que una empresa o un trabajador se presente ante juzgados nuevos para tratar un caso vinculado a lo laboral.
En términos técnicos se trata de la eliminación de la suspensión de la ley de la Ciudad que ya había establecido la creación de este fuero laboral. En este marco, el proyecto supone 10 juzgados nuevos y dos salas (cámaras) de revisión de sentencias. La última instancia, como en toda la justicia porteña, será el Tribunal Superior de Justicia, la Corte de la Ciudad.
Según se establece en la iniciativa todos los nuevos magistrados tendrán que concursar y sus pliegos pasarán por la Legislatura, como en los otros fueros.
Aunque no está en el proyecto original, en la discusión en particular se espera que se añada el servicio de conciliación en el ámbito del Ejecutivo, tal como ocurre a nivel nacional.
De esta manera, según fuentes parlamentarias, en un plazo no mayor a un año deberían comenzar a funcionar estos juzgados que convivirán con los 80 nacionales.
La CGT ya venía poniendo el grito en el cielo por esto. Hubo distintas manifestaciones en contra. Aunque, en la discusión en comisión, los sindicalistas admitieron que los juzgados nacionales están colapsados de expedientes y que el promedio de años para una sentencia arranca en seis y va hasta los ocho años.
Sin embargo, en la central obrera, dada la íntima relación de muchos de sus abogados con los jueces laborales nacionales, no quieren perder su influencia allí. Por ello argumentaron un conflicto de jurisdicciones y propusieron crear 10 juzgados nacionales nuevos. La iniciativa no tuvo consenso.
Con esta norma el abogado de una parte puede presentarse en la Ciudad ya porque la empresa o el empleado trabajen en territorio porteño, porque el domicilio del empleado sea en CABA o donde se celebre el contrato de tareas sea la Ciudad.
Las fuentes explican a PERFIL que todas las provincias hoy cuentan con su propio fuero laboral salvo la Ciudad. Otra deuda de la tan mentada autonomía que nunca terminó de consolidarse plenamente.
Diego García Vilas fue legislador porteño de Confianza Pública (el partido de Graciela Ocaña), es abogado y especialista en derechos del trabajo, y es el titular del Observatorio de Políticas Laborales de la Ciudad, el organismo que viene trabajando desde el Consejo de la Magistratura porteño, para avanzar con este proyecto.
En diálogo con PERFIL explica: “Tuvimos reuniones con jueces de la Ciudad, nacionales y de varias provincias donde tomamos las observaciones que nos hicieron y las sugerencias para tener un código procesal laboral moderno”. Agrega que hubo expertos de distintas extracciones ideológicas dando su visión.
Gabriela Zangaro es la abogada y consejera que estuvo a cargo de la comisión de Transferencias y quien, con el apoyo de la administradora del Poder Judicial porteño, Genoveva Ferrero, le dieron un marco institucional al debate del proyecto de manera paralela al trabajo parlamentario donde el ministro Tapia y los bloques dialoguistas, además del PRO (con el vicepresidente de la Legislatura porteña, y también abogado, Matías López a la cabeza), estuvieron discutiendo durante meses la iniciativa.
