El miércoles pasado a las 18 funcionarios del Ministerio de Seguridad que comanda Patricia Bullrich se reunieron con sus pares porteños. La reunión no terminó bien: un principio de acuerdo suponía que la Nación vuelva a llevarse una parte de los más de 2.500 presos que detuvo la Policía de la Ciudad por delitos federales y que están alojados en alcaidías y comisarias vecinales, mientras se terminan los cuatro pabellones de la flamante cárcel de Marcos Paz, para descongestionar el conflicto.
El frustrado acuerdo suponía la transferencia, con fondos y recursos humanos, de una parte del SPF a órbita porteña. Pero naufragó.
Sin embargo, Jorge Macri escuchó de boca de sus funcionarios que la ministra había decidido no aceptar ni un solo preso al Servicio Penitenciario Federal (SPF). En esas horas, el jefe de Gobierno porteño volvió a dialogar con la ministra. Le pidió que se reúna con el flamante ministro de Seguridad, Horacio Giménez. La idea era que hoy haya una foto conjunta. Bullrich volvió a negarse. Y mandó a decir, por otras vías, que seguirá respondiéndole a todo el PRO si la critican.
“No voy a recibir un preso más”, se la escuchó, ofuscada, a la ministra de Seguridad. Continuará planteando que la cárcel de Marcos Paz, de cuyos cuatro pabellones hay dos terminados, era potestad del Gobierno porteño y que fue desfinanciado. En rigor, si bien es cierto que con el recorte de fondos de coparticipación federal, el entonces jefe comunal, Horacio Rodríguez Larreta, la desfinanció, también es cierto que el convenio que firmaron Ciudad y Nación suponía mover los presos de Devoto y no hacerse cargo de presos por delitos federales que son detenidos por la Policía porteña.
El tema de los presos de la Ciudad, cuyas fugas terminaron con una crisis de dimensiones y en la salida, entre otros motivos que seguramente saldrán a la luz, de Waldo Wolff de la cartera de Seguridad, sigue siendo el principal objeto de preocupación en Uspallata, la sede del Gobierno porteño. Con todo Wolff sigue siendo número puesto para una de las boletas electorales de este año.
En ese marco, la relación Nación-Ciudad sigue tensa. Y promete seguir escalando: esta semana el jefe de Gobierno ensayó variantes jurídicas sobre qué hacer con respecto al tema. Es que, según revelan en el PRO, hubo 16 jueces que se expidieron pidiéndole al SPF que aloje a los más de 2.500 presos que cometieron delitos federales.
Una de las ideas, que por ahora fue descartada, era denunciarla penalmente a Bullrich, al subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Juan Pablo Curi, y al titular del SPF, Fernando Martínez, uno de los testigos de la reunión del miércoles. Por ahora Jorge Macri no quiere tomar esa iniciativa. Lo consideró demasiado. Otra idea es insistir en la Corte Suprema, donde ya hay un expediente al respecto, hace más de un año, que no se movió.
También flotaron otras ideas, algunas disruptivas, que involucraban a los medios de comunicación mostrando el caos que supuso tener presos en lugares no aptos para estar detenidos.
La propia Bullrich, a modo de explicación, en declaraciones radiales dijo que se trataba de presos que deben responder ante la Justicia nacional. Insólitamente la diputada libertaria Juliana Santillán usó ese video para justificar que esos presos estén en comisarías barriales. En Twitter sobraban los comentarios mofándose de la explicación. Eso ocurrió ayer, luego de que el jueves por la noche el jefe del bloque del PRO en la Legislatura porteña, Darío Nieto, la sacudiera en el canal A24 en el programa que conducen Santiago Fioriti y Nicolás Wiñazki. “Hay que informarse antes de venir a estos programas”, le dijo el diputado amarillo al escuchar la argumentación de Santillán, a quien en las redes los libertarios habían apodado “topadora”.
Paralelamente, ayer ingresó a la Legislatura un proyecto del Gobierno porteño para crear un Servicio Penitenciario de la Ciudad. Para esa tarea el ministro de Justicia, Gabino Tapia, junto al flamante secretario del área, Francisco Quintana, llevaron a un especialista: el radical Leandro Halperín, quien viene trabajando la temática hace más de 25 años. El proyecto, que ingresó bajo el expediente 73 de 2025, supone alojar a los detenidos por delitos porteños.
