Uno es el enemigo político elegido por Javier Milei y el otro se convirtió en poco tiempo en un opositor dialoguista y aliado. Este último, Alberto Weretilneck, rápidamente se adhirió al Régimen de Grandes Inversiones, aunque su texto esté lejos de reglamentarse. El otro, Axel Kicillof, avanza en su propio RIGI en rechazo del lanzado por el gobierno nacional. Ambos pelean por la instalación de una planta de gas natural licuado para exportar que significará una inversión de US$ 50 mil millones y que para 2031 promete dejar ganancias anuales similares a las que genera el campo.
La disputa sumó un nuevo episodio cuando el propio Presidente apuntó contra el gobernador bonaerense y adelantó que la provincia de Buenos Aires podría perder la oportunidad porque “tiene el lastre de tener a Kicillof, que es un expropiador serial” y agregó que “si hubiese querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional”.
El mandatario, que espera que la planta se instale en Bahía Blanca, no tardó en contestar: “Enoja y, a la vez, entristece escuchar al Presidente abordar un tema tan importante de manera tan superficial y grosera”, y pidió: “Espero que YPF y Petronas manejen el tema con seriedad y profesionalismo, sin dejarse influenciar por los comentarios trasnochados que escupe a diario el Presidente y que ya nos hicieron entrar en conflicto con nuestros socios comerciales más estratégicos como China, Brasil, España, Colombia y Francia”.
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YPF y Petronas incorporaron a una consultora para que haga una auditoría
En medio de esta disputa política que involucra a dos gobernadores y al jefe de Estado, YPF y Petronas, las dos empresas a cargo del proyecto, avanzan en una resolución para agosto y buscan hacer el proceso lo más transparente posible. Para sanear el proceso de elección, sumaron una tercera compañía que se encargará de auditar el método de elección entre Bahía Blanca y Punta Colorada (Río Negro).
Se trata de Arthur D. Little, una consultora que ya se integró a una comisión que conformaron las dos empresas y su rol será funcionar como veedora. Desde la compañía informaron que “sus decisiones son guiadas por aspectos técnicos y todas sus acciones y actividades son transparentes”, y completaron: “Como ya se mencionó en reiteradas oportunidades, tras las reuniones del presidente de YPF, Horacio Marín, con ambos gobernadores, se les envió una carta con siete puntos (tres económicos y cuatro de permisos y ayudas al proyecto) para que las provincias respondan según corresponda”. De acuerdo con lo que pudo saber PERFIL, las cartas fueron respondidas el 15 de julio y ahora están bajo análisis.
Entre las ventajas que corre Bahía Blanca están que ya cuenta con un puerto y accesibilidad vial. Como desventaja se anotan que ese puerto tiene ya demasiado tráfico marítimo y que la provincia no ofrece beneficios impositivos para la instalación de la planta, algo que están tratando de subsanar en la redacción del texto que entrará en pocas horas en la legislatura para tener un RIGI propio. “Ya lo dijimos varias veces, el problema del RIGI provincial es que no tiene Siadi, que es una condición fundamental que ponen los inversionistas”, admiten desde la empresa. Ayer, legisladores nacionales de distintas fuerzas como el radicalismo, Unión por la Patria, PRO, Hacemos, la Coalición Cívica y el MID presentaron un proyecto en el que piden al gobierno nacional que la planta de Gas Licuado Natural se haga en Bahía Blanca.
En tanto, Río Negro construirá un puerto de aguas más profundas que permitiría el ingreso de todo tipo de barco aumentando la capacidad de carga. Su gobernador, Alberto Weretilneck, fue el primero en adherir al RIGI nacional con el que saldrían a la caza de inversores para este proyecto.
