Alberto Fernández deberá presentarse el próximo 20 de noviembre a prestar declaración indagatoria en el marco de la denominada causa Nación Seguros, donde es investigado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
La citación firmada por el juez Julián Ercolini abarca a otras 38 personas involucradas en la causa, entre las que figuran su exsecretaria María Cantero junto a su marido, el broker Héctor Martínez Sosa.
Es la primera vez que Alberto Fernández pisa los tribunales de Comodoro Py como imputado. Ante el juez Ercolini y el fiscal Carlos Rivolo, tendrá la oportunidad de contar su versión de los hechos y dar explicaciones sobre el casi medio centenar de contratos que se firmaron durante su mandato con Nación Seguros y que tuvo a 25 brokers como intermediarios.
Para el magistrado, entre diciembre de 2019 y 2023 existió un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos “por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros SA, del cual Alberto Fernández y otros intervinieron “mancomunadamente en forma coordinada y funcional”. El juez no tiene dudas de que esos “otros” eran funcionarios de la firma aseguradora estatal.
La piedra fundacional de dicho esquema delictivo fue el decreto presidencial 823/2021 donde, a criterio de la Justicia, “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”.
En la última versión del decreto “se eliminó el punto del proyecto en el que se reglamentaba la actuación de los productores asesores de seguros, por el cual se limitaba únicamente a los casos que ameritaran su intervención por la complejidad o volumen de los riesgos asegurados y en el que se establecía que debían ser designados por un acto administrativo del ente tomador”.
Para Ercolini lo anterior creó un vacío que “habría dejado abierta la posibilidad de que se designaran intermediarios en cualquier caso y por simple nota, sin acto administrativo previo”, con lo cual la totalidad de los contratos de seguros de entes públicos quedó centralizada bajo “Nación Seguros SA” y la gestión de los vínculos con intermediarios y el pago de sus comisiones.
Sostiene el magistrado que Alberto, aprovechándose de su investidura, “habría retenido la potestad de adoptar la última decisión en caso de controversia entre los demás miembros del grupo y se habría ocupado del direccionamiento en los casos en que las gestiones previas resultaban infructuosas”.
Un día después de la indagatoria de Fernández vendrá la de Héctor Martínez Sosa, intermediario amigo, quien supo hacerse del 42% de los contratos de pólizas con el Estado gracias al vínculo de su esposa María Cantero con el exmandatario como su secretaria.
Cantero, cuyos chats con Fabiola Yañez destaparon la causa por violencia de género, será indagada también el mismo día que Héctor. Por su parte, Alberto Carlos Pagliano, el extitular de Nación Seguros SA, fue citado a declarar el jueves 28 de noviembre a media mañana.
La causa por el escándalo de los seguros fue destapada por Osvaldo Giordano tras su salida de Anses. El patrimonio de Alberto Fernández y el resto de los imputados sigue en la mira puesto que Ercolini dispuso la inhibición de bienes de los imputados pero la Cámara Federal porteña revirtió esa decisión. Sin embargo, la decisión fue apelada y se encuentra en análisis por parte de Casación.
Fernández fracasó en dos intentos de apartar al juez Ercolini cuando por un lado lo recusó apelando a la relación que tenían como docentes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.
Por otro lado, el expresidente jugó la carta del viaje a la estancia de Lago Escondido, donde además de criticarlo (junto a otros funcionarios judiciales) en cadena nacional, le pidió a Gerónimo Ustarroz, por entonces representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura “la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales”.
