El fiscal federal Gerardo Di Masi imputó hoy a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó; al juez federal Sebastián Casanello y a dos fiscales por presunto encubrimiento del empresario kirchnerista Lázaro Báez en la causa en la que se lo investiga por lavado de dinero.
Di Masi impulsó una denuncia de la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica) contra Gils Carbó, Casanello -el juez que tiene la causa contra Báez-y los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, titulares de la Procuraduría antilavado (PROCELAC), por tener "un accionar deliberado en el que se intenta frustrar la investigación en curso".
Fuentes judiciales informaron que Di Masi pidió como medidas de prueba copia de la causa contra Báez para determinar si hubo demoras en avanzar en la investigación, por ejemplo en los allanamientos o en el impulso a las medidas solicitadas por el fiscal Guillermo Marijuán.
El fiscal consideró que la causa se puede encuadrar en los delitos de encubrimiento e incumplimiento de deberes de funcionario público y ahora las medidas deben ser resueltas por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
Carrió presentó una denuncia contra los imputados luego de que Casanello envió a Río Gallegos la causa contra Báez por el presunto desmantelamiento de una bóveda en su chacra que se había iniciado por una presentación de la diputada.
La legisladora consideró que con su accionar Casanello quiere "encubrir las conductas criminosas que como se sospecha vinculan a los imputados con las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional que incluyen a la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner".
También lo acusó de haber demorado los allanamientos a la financiera SGI, a la que se investiga sobre si realizó el lavado de dinero a favor de Báez, y de no ordenar un allanamiento a un guardamuebles o baulera pedido por Marijuán en Tigre.
Sobre Gonella y Orsi, a cargo de la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la legisladora sostuvo que cuando se inició la causa por lavado no imputaron a Báez y vinculó en esa decisión a Gils Carbó.
