“Estamos sorprendidos. Es insólito”, aseguró Hernán Reyes a PERFIL sobre la resolución de la Oficina Anticorrupción (OA) que le permite a Javier Milei no informar sobre qué empresas lo contrataron durante los tres años previos a su llegada a la Casa Rosada. Según el legislador porteño de la Coalición Cívica lo más llamativo fue que, con esta determinación, el organismo cambió la doctrina que había establecido durante el gobierno de Alberto Fernández y dijo que no tiene dudas: “Yo creo que hubo una intervención directa desde Presidencia”.
En mayo, Reyes y el director de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura porteña, Federico Esswein, le solicitaron a la OA que le exiga a Milei una “declaración jurada de intereses”, es decir, que informe quiénes lo contrataron como economista o conferencista. “Queríamos conocer la nómina, fundamentalmente de las empresas reguladas por el Estado o prestadoras de servicio que tuvieron algún vínculo comercial con el presidente”, contó el legislador.
El organismo rechazó el pedido: “Nos contestaron que el presidente no está obligado y que, en todo caso, él mismo deberá tener los resguardos necesarios para no caer en un conflicto de interés”, contó Reyes que, para conocer esta resolución de la OA, tuvo que presentar un pedido de acceso a la información pública. “Es increíble, pero es así. Estamos evaluando la judicialización”, agregó.
El rechazo al pedido de Reyes y Essewin lleva la firma del actual titular de la OA, Alejandro Melik, quien fue designado por Milei. Además, según contó La Nación, la resolución contó con el apoyo del director nacional de Planificación de Políticas de Transparencia del organismo, Leopoldo Giupponi.
Sin embargo, Reyes apunta más arriba: “Yo creo que esto fue una intervención directa de Presidencia. Hay que pensar que Milei hizo toda la campaña regalando su sueldo. Ahora que llegó a la Casa Rosada no quiere decirle a los argentinos cómo vivió en los últimos tres años. Es paradójico, pero creo que no lo puede hacer porque debe tener compromisos muy importantes como para que le resulte más económico ocultar la información en lugar de darla. Él mismo se jactaba de dar conferencias de 20 y 25 mil dólares. La pregunta es 'para qué empresas y quién lo contrató'”, sostuvo el legislador y agregó. “¿Por qué no muestran las cartas?, ¿qué tienen para ocultar? Eso es de recontra casta”.
La Oficina Anticorrupción y su cambio de doctrina en favor de Javier Milei
Hay un antecedente que, según Reyes, demuestra que la OA inclinó la balanza en favor de Milei de manera discrecional. Durante el gobierno anterior, el organismo le había exigido a Alberto Fernández que ofreciera la nómina de clientes que había tenido como abogado y él rechazó la petición. “En cambio, en este caso la Oficina Anticorrupción directamente cambió la doctrina y dijo que el presidente no tiene que dar esa información”, subrayó el legislador.
Diputados rechazó el decreto de Javier Milei que limita el acceso a la Información Pública
En términos jurídicos, la discusión gira alrededor de la interpretación de la Ley de Ética Pública. En un artículo, la legislación establece que los funcionarios no elegidos por el voto popular deben presentar una declaración de interés antes de asumir su cargo. En cambio, en la norma no está escrito lo mismo de forma taxativa cuando se refiere a los funcionarios elegidos por el voto popular.
“El artículo 13 de la ley dice, además, que ningún funcionario puede actuar en procesos en los que estuvo involucrado comercial o profesionalmente. Bajo esa idea de ‘ningún funcionario’, el diputado Juan Manuel López presentó la solicitud sobre los clientes de Alberto Fernández y la OA le dio lugar. Eso es lo mismo que nosotros planteamos ahora y el organismo no nos dio lugar”, explicó Reyes.
CP
