"Hay miles de llamados": el fiscal Marijuan habló de las denuncias contra organizaciones sociales por irregularidades y extorsión

Desde hace tiempo la ayuda social que brinda el Estado quedó envuelta en una fuerte polémica. Mientras avanza la investigación por presuntas extorsiones de dirigentes de distintas organizaciones contra beneficiarios de planes sociales, el fiscal Guillermo Marijuan dio detalles de la causa por irregularidades en el otorgamiento de estas ayudas, por las cuales pidió a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que elimine miles de ellas.

El funcionario judicial explicó que pidió el cese del cobro de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) para 2.954 beneficiarios "por vivir en el extranjero", los cuales representaban "500 millones de pesos mensuales para el Estado".

Inhibieron los bienes de dirigentes piqueteros y cooperativas por presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales

En diálogo con Radio La Red AM 910, señaló que hay "otras más de 7.000 personas que todavía son investigadas" y se manifestó acerca del caso de los líderes piqueteros que supuestamente amenazaban a beneficiarios para ir a las movilizaciones, vender alimentos o cobrarles una "cuota", que está en manos del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.

“Hay miles de llamadas, muchas se las descarta, pero hay una inmensa mayoría como las que está trabajando el doctor Pollicita y otros fiscales en el interior del país, donde la persona está completamente identificada", aseguró Marijuan. En ese sentido, expresó que “es algo que se ha repetido a lo largo de mucho tiempo”.

En cuanto a los beneficiarios de la PUAM que se hallan en situación irregular, dijo que hay "casi 3.000 personas que ya no están en el país" y que seguían cobrando el beneficio igualmente. “Pedí la baja de manera inmediata, fue todo un logro.

“Después hay 7.512 casos que están bajo observación, que es gente que entra y sale del país. Queremos ver y analizar con la gente de la Anses la situación, pero también podrían ser suspendidas”, adelantó.

Además, manifestó que se trata de "delitos sumamente graves", ya que en el caso de las PUAM son "pensiones universales para personas de más de 65 años sin ningún tipo de beneficio social y uno de los pocos requisitos es que residan en la República Argentina".

También planteó que se les va a preguntar a los funcionarios de Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) y los organismos correspondientes "por qué no detectaron esto, ya que tiene que haber un cruce mes a mes de la base de datos para determinar las personas que cobraron o tramitaron su beneficio y se fueron del país".

En febrero, Marijuan se reunió con la ministra Pettovello para conocer el estado de las investigaciones judiciales por las irregularidades en el permiso de las ayudas sociales, en su mayoría de los planes Potenciar Trabajo.

En ese caso, se conoció que había unos 10.000 empleados públicos que cobraban mensualmente el plan cuando hay incompatibilidad al respecto. Esto ocurría en al menos diez provincias y representa un gasto anual de casi 8 mil millones de pesos, al tiempo que la fiscalía pidió que se dieran de baja.

La denuncia por extorsión a dirigentes sociales

“El Estado nacional y los estados provinciales tienen que tener organismos de control eficaces y eficientes para impedir este tipo de delitos", comentó en otro tramo del reportaje el fiscal, al referirse a la causa que lleva adelante su colega, Pollicita, en los que están imputados 28 dirigentes del Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).

"Tiene que haber una comunicación clara con la población para decirle que no tienen ninguna exigencia que cumplir con un tercero por fuera de lo que les pide el Estado", sostuvo Marijuan al recordar que "ningún líder social, ninguna persona" puede darle de baja el plan a otra.

En ese sentido, el fiscal recordó que cuando imputó a Eduardo Belliboni, referente principal del Polo Obrero, en una de sus investigaciones, “lo primero que hizo” fue recursarlo.

"Dijo que lo estaba persiguiendo. Yo le dije que lamentablemente no podía acceder a la recusación porque lo estaba conociendo en la audiencia. Siempre vienen con este tipo de argumentación, pero hay miles de personas, cientos de personas que declaran, que no son inventos", aclaró.

Por último, sostuvo que si se comprueba que los involucrados son culpables “tendrán que enfrentar las consecuencias". "No hablo en particular porque no conozco todos los llamados, pero sí sé que contienen infinidad de comunicaciones que tienen que ver con distintos movimientos sociales, con gente a la que obligan a hacer cosas que no corresponden”, cerró.

FP / Gi