Los gremios aeronáuticos calificaron este lunes de "ilegal y arbitraria" la decisión del Gobierno de declarar "esencial" a la actividad aérea en el país y advirtieron que, con esa decisión, se apresta a la "ilegalidad". El documento lleva la firma de los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
La tensión aumentó tras el paro de pilotos del último viernes, que afectó 185 vuelos y a más de 16 mil pasajeros en Aeroparque y Ezeiza. En el documento, los cuatro gremios rechazaron la decisión del Ministerio de Capital Humano, que tras la medida de fuerza anunció que reglamentará la esencialidad del servicio aeronáutico comercial para "garantizar servicios mínimos".
Ese cometido "concluiría en una decisión arbitraria e ilegal, comprometiendo la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma", afirmaron. "El transporte ya está regulado como servicio público de importancia trascendental, en las condiciones establecidas por la norma, conforme la reglamentación del derecho de huelga, reconocido constitucionalmente, mediante la ley 25.877, indicaron.
También señalaron que "el intento de valerse de un atajo inconstitucional, el DNU 70/23, para a través del Código Aeronáutico, pretender establecer un procedimiento distinto y particular para el transporte aéreo, sería nulo por dos órdenes de razones". "Porque el propio DNU lo es, como lo ha declarado la Cámara de Trabajo en su sentencia de enero de este año, y porque la única forma de regular de manera distinta el derecho de huelga, como lo demuestra la propia inclusión del mismo en el capítulo laboral del DNU, es modificando la ley que lo reglamenta", argumentaron.
Adujeron que "cualquier acto administrativo que se dicte por fuera del régimen legal establecido, además de ser nulo e ilegal, constituye un exceso de poder, un abuso de autoridad y una violación de los deberes del funcionario público que lo emita (art. 248 del Código Penal)".
Los gremios calificaron de "ilegal y arbitraria" la medida y advirtieron que, con esa decisión, el Gobierno se apresta a la "ilegalidad". Por eso insistieron en que se está "a tiempo de evitar la consumación del ilícito, reconociendo el marco legal vigente y garantizando el derecho constitucional de huelga conforme la norma que lo reglamenta".
Los gremios anunciaron que este miércoles a las 11.30 harán una asamblea conjunta para decidir sus próximas medidas, al considerar que “la magnitud del conflicto ha escalado dejando al descubierto las verdaderas intenciones que el Gobierno tiene respecto del futuro de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y la política aerocomercial del país”. El paro del viernes sucedió luego de que Aerolíneas Argentinas rechazara el pedido de un aumento salarial del 25%.
“La ilegalidad es aún más evidente y la responsabilidad de los funcionarios más acusada”, destacaron los gremios, “porque en relación a la empresa Aerolíneas Argentinas se trataría también de la inobservancia de otras normas y principios de la OIT en tanto el propio Gobierno actuaría en su doble condición de regulador y empleador, lesionando la obligación de mantener procedimientos entre las partes que garanticen la imparcialidad”.
“De lo contrario, Aerolíneas Argentinas se valdría de una posición preferente emanada de su condición de empresa pública, administrada y dirigida por funcionarios designados por el Gobierno”, añadieron.
“La función del Estado, en el caso del Ministerio de Capital Humano, a través de su Secretaría de Trabajo, es intentar conciliar los conflictos colectivos, contando para ello con el procedimiento de la Ley 14.786, el que aplicó al presente conflicto, suspendiendo el ejercicio de la huelga por 20 días hábiles y no habiendo convocado ni una sola vez a las partes, pese a su obligación legal, para intentar llegar a un acuerdo”, denunciaron los gremios.
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“Desde Capital Humano buscamos cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza en este sector”, declaró el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Los gremios apuntaron que, en su caso, “se suman algunos elementos más decisivos del riesgo en que incurriría de poner su firma en actos de la mencionada ilegalidad”.
“No sólo que ha sido representante del sector empleador y participante asiduo, en tal carácter, en las conferencias de la OIT, de la que se tomaron los principios reguladores del derecho de huelga en Argentina, sino que también lo ha sido de la Comisión de Garantías, también en representación de los empleadores, que tiene a su cargo implementar, en su caso, los servicios mínimos en servicios esenciales”, reprocharon.
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