Sin lazos diplomáticos ni negociaciones en curso, el Gobierno parece decidido a escalar el conflicto con el gobierno de Venezuela para conseguir que el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo recupere su libertad. Y vio con buenos ojos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) se hayan involucrado a fondo en el tema.
Con Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, nuevamente en el centro de la escena.
Con relaciones diplomáticas rotas con el país que preside Nicolás Maduro, la Cancillería que conduce Gerardo Werthein solicitó que la CIDH tome cartas en el asunto, con medidas cautelares, para que Gallo recupere su libertad, ante una detención que consideraron “arbitraria” y que constituyó una “grave” violación de los derechos humanos. Fue una manera de presionar a Venezuela a través de un organismo de envergadura que es crítico a Maduro.
La OEA calificó de "crimen de lesa humanidad" la detención de Nahuel Gallo en Venezuela
Por lo cual, la aparición de la CIDH con un duro comunicado ayer, en el que resalta que Venezuela debe adoptar medidas “urgentes” para proteger la integridad de Gallo, detenido desde el 8 de diciembre cuando fue a visitar a su familia, constituyó una buena noticia para la administración Milei.
En sintonía con los reclamos de Argentina, la entidad pidió que el gobierno de Maduro informe en qué condiciones el efectivo de seguridad se encuentra privado de su libertad y si un tribunal competente se hizo cargo de la decisión.
En su disposición, además se deja claro que Gallo debería comunicarse con su familia, con un representante legal y con las autoridades de su país.
Un detalle: resaltó que el otorgamiento de las medidas cautelares no implica un “prejuzgamiento” sobre posibles violaciones de derechos humanos. Solo busca garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales del beneficiario.
A la CIDH se le sumó la posición que emitió la Organización de los Estados Americanos (OEA), una entidad también crítica de Maduro y en línea con los reclamos de la gestión libertaria.
La OEA expresó que existe en el caso Gallo una violación a los derechos humanos y normas internacionales y exigió que Venezuela dé una respuesta.
Con la firma de su titular, Luis Almagro, sostuvo a su vez que con la detención de Gallo se vio “una prueba más de la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte del régimen venezolano”.
Y reclamó “que el régimen de Venezuela cumpla con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y relaciones internacionales, que certifique y garantice su seguridad física, que provea garantías de asistencia legal y contacto con su familia y que libere inmediatamente a Nahuel Gallo”.
La posición de la OEA fue otra buena noticia para un oficialismo que terminó el año fortalecido por sondeos de opinión pública y ciertos números de la economía, pero que no logró en casi un mes avances para que Gallo quede liberado.
Con este panorama, fue Bullrich quien se constituyó como la voz del Gobierno ante el tema y aprovechó todos los medios a su alcance para cuestionar al gobierno venezolano.
Incluso, cuando se difundieron las primeras imágenes de Gallo detenido, la funcionaria despotricó.
“No aceptamos ningún juego de una aparición, de una foto, que aparece en un lugar desconocido, caminando, sin sonido y sin fecha”, planteó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en diálogo con Radio Mitre.
“No existe una condición de mostrar que lo tienen bien, como si fuese un régimen normal, esto es una dictadura y las dictaduras hacen estas cosas, dan pruebas de vida”, remató.
La ministra reconoció que efectivamente se trata de Gallo, pero calificó como una “pantomima” la difusión de las imágenes de parte del régimen de Maduro. “Lo único que Argentina acepta es que Nahuel Gallo sea puesto en un avión y enviado a Argentina. Es la única condición”, afirmó la ministra, quien cuestionó a Maduro por intentar “mostrar que tienen a Gallo bien, como si fuese un régimen normal”.
LT
